Derecho

La Constitución de Malolos, es la primera Constitución de Filipinas. Con ella se fundó la Primera República. Fue escrita en lengua castellano convertida por entonces en la lengua oficial del país.De acuerdo con lo establecido en el decreto de 18 de junio de 1898, Emilio Aguinaldo convocó el Congreso Revolucionario en Barasoain, Malolos. En la mañana del 15 de septiembre, la basílica de Barasoain en Malolos estaba llena de delegados y espectadores. Bajo la presidencia de Emilio Aguinaldo, el secretario de la Constituyente se puso de pie y leyó los nombres de los delegados en tagalo y luego en español. El Congreso eligió la mesa presidencial en la tarde, compuesta por Pedro Alejandro Paterno como presidente, Benito Legarda, vicepresidente, Gregorio Araneta, primer secretario y Pablo Ocampo, como segundo secretario.El primer acto del Congreso, fue la ratificación el día 29 de septiembre de la independencia proclamada en Cavite el 12 de junio de 1898. La comisión de redacción del texto estaba encabezada por Felipe Calderón y Roca y estaba compuesta por Hipólito Magsalin, Basilio Teodoro, José Albert, Joaquín González, Gregorio Araneta, Pablo Ocampo, Aguedo Velarde, Higinio Benitez, Tomás del Rosario, José Alejandrino, Alberto Barretto, José María de la Viña, José Luna, Antonio Luna, Mariano Abella, Juan Manday, Arsenio Cruz y Felipe Buencamino. La Constitución de Malolos se inspira en las de México, Bélgica, Guatemala, Costa Rica, Brasil y Francia. Calderón presentó documento en la sesión del 8 de octubre y fue promulgado con ligeros cambios el 20 de enero de 1899.

La Constitución de Ecuador de 1998 fue la decimonovena Carta Magna que se adoptó en la República del Ecuador en el gobierno interino de Fabián Alarcón, después del golpe de Estado contra de Abdalá Bucaram.Rigió desde el 10 de agosto de 1998 y fue expedida en Riobamba el 5 de junio al concluir sus labores la Asamblea Nacional Constituyente.Aunque convocada como Asamblea Nacional, se declaró ella misma Constituyente siguiendo la lógica de su cometido. «Sus disposiciones», según el testimonio de su presidente, Osvaldo Hurtado Larrea:«en general aprobadas por consenso y muchas por unanimidad, fueron el resultado del diálogo que la Asamblea mantuvo con todos los sectores de la vida nacional y de los aportes de partidos y agrupaciones de independientes que la integraron, representando el amplio espectro ideológico y político del país».

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822 pretendía dar una constitución formal a la nación aunque el Congreso de México no la aprobó. Estableció los primeros derechos individuales, entre ellos los de libertad, propiedad, seguridad e igualdad legal. A la vez, declaró a la Nación libre, independiente y soberana y reconocía «iguales derechos en las demás que habitan el globo».El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano estaba conformado por un preámbulo y un articulado dividido en ocho secciones. Estas a su vez se dividían en capítulos y éstos en artículos, con excepción del artículo 25, el cual acogió las 15 bases contenidas del decreto imperial de 2 de noviembre de 1822.Los artículos más relevantes fueron:Artículo 5.° La nación mexicana es libre, independiente y soberana: reconoce iguales derechos en las demás que habitan el globo; y su Gobierno es Monárquico Constitucional Representativo y Hereditario, con el nombre de Imperio Mexicano.Artículo 6.° Es uno e indivisible, porque se rige por unas mismas leyes en toda la extensión de su territorio, para la paz y armonía de sus miembros que mutuamente deben auxiliarse, a fin de conspirar la común felicidad.Artículo 7.° Son mexicanos, sin distinción de origen, todos los habitantes del Imperio, que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia; y los extranjeros que vinieren en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del Gobierno se presenten al ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia y juren fidelidad al emperador y a las leyes.Artículo 9.° El Gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantiendo los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos.Artículo 11.° La libertad personal es igualmente respetada. Nadie puede ser preso ni arrestado, sino conforme a lo establecido por la ley anterior o en los casos señalados en este reglamento.Artículo 23.° El sistema del Gobierno político del Imperio Mexicano, se compone de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que son incompatibles en una misma persona o corporación.

La Ley Fundamental de 1959, también conocida como la Constitución de la República de Cuba de 1959, fue una legislación fundamental que estableció el marco legal y político de Cuba tras el triunfo de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro.La Ley Fundamental de 1959 fue promulgada el 7 de febrero de ese año y fue el resultado de los cambios políticos y sociales ocurridos en Cuba tras la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Esta legislación sentó las bases para la transformación del sistema político, económico y social de Cuba, estableciendo un modelo socialista.La Ley Fundamental de 1959 estableció los principios fundamentales de la nueva república cubana, como la soberanía popular, la igualdad de todos los ciudadanos, la justicia social y la defensa de la independencia y la soberanía nacional. También se estableció un sistema de gobierno basado en el poder popular, con una Asamblea Nacional como órgano supremo de gobierno.Esta ley también promovió importantes cambios en la estructura económica de Cuba, con la nacionalización de empresas y la implementación de políticas de redistribución de la riqueza y el desarrollo de sectores clave como la agricultura y la industria.La Ley Fundamental de 1959 sentó las bases para el desarrollo del sistema político y social cubano durante décadas posteriores. Sin embargo, en 1976 se promulgó una nueva Constitución en Cuba, reemplazando la Ley Fundamental de 1959 y estableciendo un marco legal y político más completo y actualizado.

La Constitución de la República de Cuba de 1992 es básicamente la misma de 1976. Solo agrega algunas modificaciones y adiciones, como el capítulo de la extranjería, del estado de emergencia y de la división política administrativa.En ella se sostiene, tras la caída o desmoronamiento del sistema socialista europeo, la irreversibilidad del carácter socialista de la República de Cuba.La Constitución de la República de Cuba de 1992 es una reacción directa a la profunda crisis económica que sufre Cuba desde el llamado «periodo especial». El Preámbulo de este documento postula la influencia de las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin.´

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina constitucional alemana, la categoría de los derechos de defensa (Abwehrrechte) no ha tenido un excesivo éxito ni una utilización generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia. Nuestra doctrina e incluso la jurisprudencia ha preferido mantener la distinción de carácter material entre derechos de libertad y derechos sociales, antes de optar por descripciones de carácter prescriptivo como la planteada entre derechos de defensa y derechos de prescripción. Los derechos de defensa se estructuran en torno a un contenido prescriptivo y una dependencia normativa interrelacionados con unos conceptos jurídicos clave como son la libertad, el individuo, el fenómeno asociativo, las cualidades personales o la posición jurídica. Cada derecho fundamental es susceptible de ser caracterizado de forma independiente, autónoma y separada, pero las categorías jurídicas que los interrelaciona con los derechos de defensa son precisamente el contenido prescriptivo y su diferente dependencia normativa.Juan Carlos Gavara de Cara. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Director de Centre dEstudis de Drets Humans UAB (https://cedh.uab.cat).

Este enriquecedor aporte jurídico literario nos ofrece una rica investigación conducente a profundizar el desiderátum propuesto: cuáles son los matices de los derechos convencionales, constitucionales y fundamentales. El extenso currículum vitae del autor es prueba de su percusiva trayectoria académico- científica, siendo bien reconocida en el contexto regional e internacional, sobre todo en este momento en que sale a la luz tan importante obra de su autoría. Estoy seguro que este libro que ahora cuentan los lectores, puede ser un elemento diferencial en la percepción de todos los que luchan por una justicia cada vez más eficaz y plena, lo que no hace más que confirmar la importancia de difundir conocimientos de calidad entre todos los interesados y preocupados por la mejora del sistema legal. Y también quiero profetizar que esta obra es pionera y marcará para siempre la importancia del conocimiento profundo para el avance de la Ciencia en relación a los Derechos Fundamentales en su naturaleza constitucional.Questa enriquecedora contribuição jurídico literária nos oferece rica pesquisa na qual se debruçar em busca do desiderato proposto: qual as nuances dos direitos convencional, constitucional e fundamentais. O extenso curriculum vitae do autor é a prova da percuciente carreira acadêmico- científica, sendo bem reconhecida no contexto regional e internacional, sendo tal de se gizar neste momento em que tão importante obra de sua lavra vem a lume. Tenho a certeza que, com este livro que os leitores agora podem dispor, pode ser elemento diferencial na percepção de todos que pugnam por uma justiça cada vez mais efetiva e realizadora, o que somente vem a confirmar a importância da difusão do conhecimento de qualidade entre todos aqueles que se preocupam e se ocupam de cuidar do aperfeiçoamento do sistema jurídico. E também quero profetizar que este é um livro pioneiro e que vem a marcar para sempre a importância do conhecimento profundo para o avanço da Ciência em relação aos Direitos Fundamentais em seu matiz constitucional.Prof. Pós- Dr. Deilton Ribeiro BrasilPós- Doutor em Direito pela Univ. degli Studi di Messina (UNIME), Itália. Doutor em Direito pela Univ. Gama Filho- RJ. Professor da Graduação e do PPGD -Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Univ. de Itaúna (UIT), e das Faculdades Santo Agostinho (FASASETE-AFYA).

Seguimos teniendo las mismas instituciones y mecanismos internacionales que diseñamos luego de la segunda guerra mundial. Dichas instituciones se carac-terizan por su fragmentación, disfunciones estructurales como la corrupción, falta de recursos y por una falta de capacidad institucional. El objetivo de este libro es evaluar los desafíos que enfrentan las instituciones internacionales en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Más específicamente, busca detectar diferentes patrones en dos tipos de actores que incluyen las instituciones finan-cieras internacionales y las instituciones del sistema universal, como la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. La metodología incluye un diseño de investigación documental comparativo y la evaluación de estudio de casos. Esto incluye una evaluación de varios casos que analizan el papel de las instituciones internacionales y su interacción con los derechos humanos. Intentar encontrar pa-trones comunes en diferentes estructuras y procesos nos da alguna indicación, una imagen del tipo de problemas que estas instituciones enfrentan actualmente. Los casos estudiados en esta investigación revelan una serie de desafíos que enfrentan dichas instituciones que van desde el fortalecimiento de aspectos organizacionales y estratégicos hasta, en general, el fortalecimiento de la capacidad institucional. Sin em-bargo, el principal desafío encontrado es el desarrollo de la reflexividad institucional intencional. Esto implica la adopción, por parte de las instituciones internacionales, de una nueva orientación hacia principios y valores. La promoción de este nuevo enfoque debe comenzar con una reestructuración completa a nivel mundial.

El contenido de la Constitución Política de Colombia de 1991 ha sido extensamente estudiado en la dogmática constitucional colombiana. En este libro, analizamos varios problemas que versan sobre el significado de la constitución y el alcance que tienen algunos de sus principios y derechos fundamentales. El texto está estructurado en tres apartados. En la primera parte, analizamos cuestiones relacionadas con el significado de la Constitución. Consideramos el problema de los desacuerdos que origina la interpretación de disposiciones constitucionales sobre derechos de parejas del mismo sexo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y de la Corte Constitucional colombiana. Además, abordamos las dificultades que genera la identificación de elementos esenciales de la constitución vigente a través del test de sustitución creado por la Corte Constitucional. En la segunda parte, nos ocupamos de los principios de colaboración armónica y el debido proceso. La colaboración armónica es estudiada desde las concepciones clásicas del pensamiento jurídico y el debido proceso a partir de la incidencia que tuvo el neoconstitucionalismo sobre conceptos básicos de la dogmática procesal. En la tercera parte, proponemos un análisis sobre los derechos de las víctimas y el consentimiento informado en el ámbito médico. Proponemos una reflexión acerca de los derechos a la reparación, a la participación política y a la memoria de las víctimas del conflicto armado en una democracia. Finalmente, examinamos la naturaleza del consentimiento informado y su relación con los derechos fundamentales. En cada capítulo planteamos propuestas de análisis sobre el alcance que tienen los desacuerdos interpretativos, los elementos definitorios, los principios y los derechos en la constitución vigente.

En esta investigación se desarrolla el tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, con la finalidad de comprender el gran daño que la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas están causando al mundo, donde ha dejado de ser un simple problema de orden público o de contención judicial, sino que además se ha convertido en un fenómeno económico que trasciende las fronteras nacionales, condiciona e influye en las políticas internas de los países afectados y en las relaciones internacionales entre los países en desarrollo y los países industrializados.Tanto España, como país de Europa, y Venezuela, como país de América Latina, sufren en la actualidad, las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y propagación del fenómeno de las drogas. De acuerdo con numerosas investigaciones ambos países constituyen puentes del narcotráfico internacional en sus regiones, básicamente la ubicación geográfica de ambos los convierte en territorios apetecibles para las organizaciones que se dedican al tráfico internacional ilícito de drogas.Debido a esta problemática, se analizó la tipicidad del delito de tráfico de drogas y su aplicación procesal en España y Venezuela, donde por su connotación organizativa y transnacional, se dirigió el estudio al terreno de la delincuencia organizada, siendo este tipo de delincuencia la evolución de una criminalidad asociada a la marginalidad del individuo, hacia una criminalidad desarrollada por estructuras de corte empresarial. Dentro de esta evolución, la criminalidad organizada obtiene importantes beneficios económicos, y habitualmente un gran poder económico cuando se vincula al tráfico ilícito de drogas.El delito organizado es un fenómeno complejo que se nutre de las discontinuidades culturales propiciadas por la globalidad. Por este motivo, para su investigación penal es necesaria la utilización de técnicas especiales como: el agente encubierto y la entrega vigilada.La cooperación internacional es fundamental para poder combatir la delincuencia organizada entre los distintos países y sus diferentes ordenamientos jurídicos, ya que este tipo de criminalidad comienza a tomar mayor poder económico, donde la transnacionalización es parte de su evolución y crecimiento que le permite traspasar todo tipo de fronteras, sujeta a desenvolverse en diferentes territorios y jurisdicciones.El blanqueo de capitales se estudió en el marco de la lucha contra el narcotráfico internacional, dado que la delincuencia organizada necesita limpiar el dinero ilícito para colocarlo en un mercado y sistema lícito, que les permita disfrutar de las grandes ganancias que les generaron los negocios delictivos como organización.Este modelo de criminalidad organizada ha contado con la ventaja, casi la complicidad se podría decir, de sistemas legales que, por su ineficacia, por su complejidad, por su inadecuación, dejan de constituir una amenaza y, en ocasiones, se convierten inclusive en aliado de estos criminales. Solamente cuando exista una estrategia multilateral real, dotada de recursos económicos y humanos apropiados y que cuente con el sistema legal adecuado, se podrá luchar con igualdad y claridad. Mientras tanto, existen acciones meritorias, útiles, valiosas y hasta indispensables, pero no hay una estrategia global eficaz.Inmer Francisco Puerta Mijares.Profesor y Director de investigaciones en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Reside en el Reino Unido, donde se encuentra desarrollando investigaciones académicas. Doctor en Derecho Procesal (02/2016) por la Universidad de Salamanca (España),Diploma de Grado de Salamanca con la calificación de Sobresaliente Cum Laude (05/2011), y Máster en Derecho (06/2007) por la misma universidad. Especialista en Derecho Penal (03/2006) por la Universidad Santa María (Venezuela).Ha realizado investigaciones académicas en diversos países: Venezuela, España, Italia, Bélgica, Inglaterra y Gales.Sus líneas de investigación son: Derecho penal y procesal penal internacional; Delincuencia organizada; Tráfico ilícito de drogas; Cooperación internacional y Blanqueo de capitales.Participa como árbitro en artículos de investigación en Derecho Procesal Penal, desarrollados en la Universidad de los Andes (Venezuela).Fue profesor de Derecho Penal General en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (Venezuela), dónde obtuvo una evaluación certificada de Excelente con puntuación 96.5/100 (2016-2017).Realizó una publicación en la Revista Científica Internacional de la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano RECAMPI, titulada: Necesidad de una amplia cooperación policial y judicial entre los órganos de persecución penal internacional de la Unión Europea (01/2017).Ha dirigido diversas investigaciones, así como trabajos finales de grado y de máster.Ha dictado ponencias, conferencias, cursos, congresos y seminarios.Realizó numerosos talleres contra La Violencia de Género y Prevención del delito, en instituciones públicas y planteles educativos de Fe y Alegría (Venezuela) con la participación conjunta de las comunidades (03/2012-01/2018).Creó un programa de justicia y paz, dirigiendo abogados y trabajadoras sociales, para dar soluciones a las problemáticas legales existentes en las comunidades sin recursos económicos, durante su gestión como director del departamento de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Municipio Sucre (Venezuela, 01/2009-12/2010).Ha recibido reconocimientos por parte del Ministerio Fiscal, La Sociedad Anticancerosa, Colegio de Abogados, Alcaldía de Cagua y Alcaldía de San Casimiro por su destacada labor como jurista, y por su gran desempeño profesional y académico (Venezuela).

El principio de justicia universal se erige como un título válido que promueve la persecución y sanción de delitos especialmente odiosos y atentatorios contra la comunidad internacional. Éste no sólo atribuye o concede competencia para conocer y juzgar un ilícito grave, sino que además el Estado que lo ejercita no necesita acreditar la existencia de vínculo alguno con los hechos enjuiciados desde el punto de vista del lugar de su comisión, así como respecto de la nacionalidad de los autores y/o de las víctimas e, incluso, respecto de los intereses o bienes jurídicos lesionados. En otras palabras, el principio de justicia universal legitima la investigación judicial de infracciones penales serias, independientemente de donde se hayan cometido y de la nacionalidad de las personas implicadas. Ello, como no puede ser de otro modo, genera un fuerte rechazo por parte de aquellos países que se encuentran en el punto de mira del referido principio al entender que su aplicación constituye un ataque frontal a su soberanía.En cualquier caso, conviene apuntar que algunos Estados sí se han involucrado en la investigación de delitos graves a través de la implementación de este singular principio jurisdiccional. Ese sería el caso de España, Reino Unido, Argentina y Canadá; países que, en algún momento, han decidido comprometerse en la defensa y protección de los derechos más esenciales del individuo, abogando por su aplicación a pesar de los contratiempos suscitados. Todo lo anterior mostrará al lector el abrupto camino que el principio de justicia universal ha tenido que recorrer; un camino plagado de avances y retrocesos que, como es lógico, ha influido en la postura que actualmente mantiene la comunidad internacional en torno a él.Jacqueline Hellman Moreno es Doctora cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha obtenido la evaluación positiva de la ANECA y cuenta, además, con un sexenio de investigación. Ha publicado numerosos artículos científicos en revista de impacto. Asimismo, ha participado en numerosas obras colectivas auspiciadas por prestigiosas editoriales jurídicas. En muchas de sus contribuciones se ha referido a los crímenes internacionales, al debate existente en torno a la evolución del concepto relativo a la subjetividad jurídica internacional, a los desafíos normativos que -en el ámbito supranacional- se suscitan con motivo de los movimientos migratorios actuales y, por supuesto, al principio de justicia universal, tema principal de la presente obra. Ha obtenido varias becas que le han permitido cursar, en Universidades extranjeras, programas de extensa duración en materias vinculadas con los derechos humanos y el Derecho Internacional Penal. Actualmente dirige un Postgrado de Derechos Humanos e imparte clases -en diversas Universidades españolas- en el Grado de Derecho y Relaciones Internacionales.

El objetivo principal de este libro es el de contribuir a la difusión de los contenidos principales de la disciplina del Derecho Internacional Público. Estamos ante una obra introductoria sobre los principales ámbitos temáticos de la especialidad del Derecho de Gentes. El autor analiza en su libro los principales caracteres de la Sociedad Internacional Contemporánea y de la Comunidad Internacional y su ordenamiento jurídico. El libro presta especial consideración a los principales sujetos del Derecho Internacional. Por ello, el autor estudia el Estado como sujeto relevante a nivel jurídico internacional, abordando sus elementos constitutivos, así como los ámbitos de la creación de Estados, y el reconocimiento de Estados y de Gobiernos. Asimismo, en el libro se analiza el campo temático de la jurisdicción del Estado soberano y sus inmunidades.En el terreno de los sujetos del Derecho Internacional, tiene especial tratamiento en el libro el estudio de las Organizaciones Internacionales, los pueblos como titulares del derecho a la libre autodeterminación, así como la subjetividad internacional del individuo.Por lo que respecta al análisis de las fuentes del Derecho Internacional Público, el libro aborda tanto la Costumbre Internacional como los Tratados Internacionales. Asimismo, en cuanto a otros procedimientos de creación del Derecho Internacional, el autor estudia el ámbito de los actos jurídicos unilaterales, las resoluciones de las Organizaciones Internacionales, los principios generales del Derecho y los medios auxiliares de determinación de las normas.Un tema prioritario del Derecho Internacional Público es el referido a las garantías internacional del cumplimiento de las normas jurídico internacionales. Por ello, el libro trata de los controles internacionales en la materia. Además, se aborda también el Derecho de la responsabilidad internacional del Estado y de otros sujetos del Derecho Internacional, así como el ámbito específico de la responsabilidad internacional penal del individuo por comisión de delicta iuris gentium. Asimismo, en este libro introductorio al Derecho Internacional Público, el autor ha considerado oportuno tratar el tema de la aplicación coercitiva del Derecho Internacional.El libro también aborda las relaciones entre el Derecho Internacional y los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, abordándose el tema de la jerarquía de las normas internacionales y de la aplicación en España del Derecho Internacional.Otros temas relevantes contenidos en este Estudio introductorio al Derecho Internacional Público, son, entre otros, el análisis del régimen jurídico internacional de los espacios marinos y de los espacios aéreo, ultraterrestre y de los espacios polares.Por último, el autor aborda en esta Breve introducción a la disciplina del Derecho Internacional Público los principales contenidos del Derecho Diplomático y Consular.En definitiva, el presente libro tiene, eminentemente, una finalidad didáctica en el conocimiento de los principales pilares de la disciplina del Derecho Internacional Público. Por ello, esta obra va dirigida, principalmente, al ámbito académico universitario, en el marco del desarrollo de tal disciplina en los Grados universitarios de Derecho y ciencias conexas en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas. No obstante, otro de los objetivos principales que el autor ha considerado a la hora de realizar el libro, se concreta en difundir al público en general las señas de identidad y vectores claves de la disciplina del Derecho Internacional Público.

El derecho penal, tradicionalmente se ha divido en una parte general, conocida como la teoría del delito, y otra especial, donde se estudian los tipos penales. En esta confluyen la parte general del derecho penal, como es la tipicidad, el dolo, la culpa la preterintencionalidad y todos los demás elementos de la teoría del delito. De igual forma encontramos los elementos normativos, que nos aportan las otras ramas del saber jurídico, como es el caso en el CC, encontramos, por ejemplo, cuando comienza la vida y cuando termina, importantes concepciones estas en los delitos de homicidio. La obra que hoy presentamos al público, tiene por objeto no solo estudiar las figuras jurídicas protegidas con el derecho a la vida y la integridad de las personas, sino plantear y estimular el estudio comparativo de los países de habla hispana, sobre el derecho penal especial. Es por esto que el lector encontrará jurisprudencias colombianas y españolas, así como citas doctrinarias de ambos países, ya que en definitiva ambos Estados tienen la constitución como fundamento piramidal de su ordenamiento jurídico, donde la jurisprudencia y la doctrina, juegan un papel preponderante. Se parte de un estudio dogmático de los delitos que atentan contra la vida, basado en el fundamento constitucional y de derechos humanos. Es por esto que se encuentran abundantes citas de tratados y convenios internacionales sobre la materia, que hoy por hoy se incluyen ya como textos refundidos en la propia carta fundamental, como bloque de la constitucionalidad. Finalmente señalamos, que en la presente obra se estudian de manera didáctica todos y cada uno de los delitos que atentan contra la vida, donde se analizan los verbos rectores de cada tipo penal, la acción, el dolo, la culpa, el bien jurídico protegido, la penalidad, todo con el apoyo de la doctrina y la jurisprudencia, así como de las normas legales.

La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia. En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención. Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho. Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional.

La puesta en marcha de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunos cambios, tanto en la metodología docente como en lo que se refiere a los contenidos que se imparten. En muchas universidades, la asignatura de Derecho Procesal Penal tiene una asignación muy reducida; así pues, resulta imprescindible proporcionar a los estudiantes un material asequible y de alto nivel formativo que les permita entender las claves con las que cada día se enfrenta la justicia penal.

La presente obra, que consta de seis capítulos, revisa las respuestas del derecho punitivo del Estado frente a la protesta social. En ellos podrá encontrar el lector, el análisis de los derechos fundamentales de reunión y de libertad de expresión, tanto desde el derecho comparado, como desde la perspectiva constitucional, siendo éstos los pilares fundamentales que permiten la ejecución de las protestas sociales, y, por consiguiente, de obligatoria revisión en un Estado democrático. Se analiza el derecho administrativo sancionador de la protesta social que ha generado mucha discusión por parte de los diferentes organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, la doctrina y los medios de comunicación por limitar el ejercicio de la protesta social.También, consta el estudio sobre el derecho penal con finalidad preventiva y la criminalización de la protesta social que revela importantes hechos que guardan relación con la estructuración de una política criminal expansiva e intensa del derecho penal, que busca controlar conductas que tienen relación directa con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pedro Martín Páez Bimos. Abogado Subespecialista en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. Especialista Superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en Derecho Penal Económico y Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Docente de la Universidad de los Hemisferios y Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Investigador de la Cátedra Forensic Grant Thornton-URJC y Presidente del Consejo Directivo del Consejo Directivo de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador. Seleccionado dentro del Top 20 a nivel del mundo del premio Win Win Youth Award 2021 en Anticorrupción por la Universidad de Gotemburgo.

La presente obra ofrece una visión de conjunto de la política criminal aplicada a una realidad tan cambiante y compleja como es la de los delitos contra la propiedad intelectual. En la regulación penal, pasada y presente, de las infracciones a los derechos de autor, han confluido múltiples factores que no pueden ser abarcados atendiendo solamente a realidades internas de cada país. Por esa razón, las páginas de este libro comienzan tratando los mecanismos globales que moldean la política criminal de la propiedad intelectual. Desde los tratados de comercio, bilaterales y multilaterales, que establecen nuevos compromisos de incriminación, a los instrumentos coercitivos utilizados por un país protagonista en la exportación de su política criminal doméstica, como es Estados Unidos, se va pasando revista a los diferentes resortes que estimulan las reformas penales en la materia a lo largo y ancho del globo. Es solo tras la comprensión de los condicionantes externos de la protección jurídico-penal de los creadores de obras del ingenio cuando estamos en condiciones de afrontar las claves político-criminales de la realidad española. A tal fin, el trabajo prosigue con un detallado examen de todas las reformas de los delitos relativos a la propiedad intelectual habidas desde 1987 a la actualidad. En tal proceder, se combina el análisis dogmático con una aproximación a la política legislativa penal, tratando con ello de aportar luz sobre los procesos de gestación de los diferentes cambios por los que ha transitado la política criminal española en este fascinante campo del derecho penal. Una vez recorrido este largo camino por la evolución de los delitos contra la propiedad intelectual, el autor finaliza ofreciendo su propio modelo de política criminal de la propiedad intelectual, utilizando para ello, como herramientas fundamentales, los principios vertebradores de la intervención penal. El resultado es una propuesta restrictiva de la intervención penal en este sector de la propiedad inmaterial, que aprovecha las potencialidades de otros sectores del ordenamiento en la respuesta a las infracciones a los derechos de autor. Pablo Rando Casermeiro es Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Sevilla. Se doctoró en la Universidad de Málaga en 2009, con la tesis La distinción entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador. Un análisis de política jurídica, publicada posteriormente en una monografía. Ha dedicado buena parte de su carrera académica a los delitos relativos a la propiedad intelectual, contribuyendo con diversos artículos y capítulos de libro a una obra que abarca un abordaje jurídico, criminológico y político-criminal de los principales problemas implicados en las vulneraciones de los derechos de autor. La culminación de dicha investigación es la presente monografía, sobre Política Criminal de la Propiedad Intelectual. Aspectos globales e internos, donde cristalizan once años de dedicación constante a esta apasionante materia. Asimismo, se ha especializado en políticas de seguridad pública, centrando su análisis en las técnicas de control de los espacios públicos llevadas a cabo por los entes locales desde una perspectiva multidisciplinar y comparada. En la actualidad, su principal línea de investigación es la exclusión social provocada por los sistemas penales en diversos países occidentales, con especial atención a sus efectos en migrantes y colectivos en los márgenes. El autor ha sido investigador invitado en distintas universidades extranjeras, entre ellas la Universidad de Cambridge (Reino Unido), las Universidades de Maguncia, Friburgo en Brisgovia y Münster (Alemania) y la Universidad de California Berkeley (Estados Unidos).

La regulación de las actuaciones que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de las investigaciones es una de las reformas más importantes pendientes en el derecho procesal. El TEDH ha advertido en más de una ocasión al Estado Español sobre la insuficiente regulación. En ese ínterin son los Tribunales españoles, quienes, con dispar fortuna, han corregido las deficiencias. La dispersa regulación es insuficiente para abarcar de forma coherente todos los aspectos asociados a las investigaciones penales, pivotando el sistema en el art. 286 LECrim., que contempla su realización por parte del Juez de Instrucción. Mientras tanto, la actividad parece regida por las máximas de la experiencia y costumbre policiales, sin que existan unas directrices estables de actuación, resultando que su incorporación y eficacia en el seno del procedimiento obedece, en no pocas ocasiones, a la improvisación e imaginación de los operadores ante los que se expone. La determinación del valor probatorio de las actuaciones y diligencias policiales podría constituir, a priori, una contradicción, pero tiene una indudable utilidad descriptiva, siendo una cuestión no exenta de dificultad que exige indagar en la doctrina y la jurisprudencia. El rendimiento y eficacia de la prueba en cuya adquisición y aseguramiento intervino la policía se va a ver comprometido. Todo ello, no es más que el viejo debate de la eficacia probatoria de la investigación que la LECrim. no ha sabido zanjar, y que la práctica forense ha aplicado con disparidad. Este trabajo pretende analizar cuáles son las diligencias policiales que se ejecutan sin intervención judicial, para afirmar que estas actuaciones, preprocesales, con unas ligeras modificaciones del marco normativo existente y el concurso del Fiscal, producirían resultados más efectivos. Albert González i Jiménez es Doctor en Derecho por la URV, Licenciado en Derecho por la UB y Licenciado en Criminología por la UIC. Abogado especializado en el ámbito del derecho penal desde 1996, desempeñó durante los años 2010 a 2013 el cargo de Abogado Fiscal Sustituto en la provincia de Girona. En sus más de 19 años de experiencia ha intervenido, profesionalmente, en la defensa de un gran número de procedimientos, siendo algunos de ellos de considerable relevancia mediática, representando, en ocasiones, a importantes colectivos de perjudicados. Finalista, el año 2012, de la XXVI edición del Premio Jurídico La Ley, ha intervenido, también, en diversas conferencias como ponente, publicado artículos e impartido clases en el ámbito policial.

Delgado García, A.M., Oliver Cuello, R. Quintana Ferrer, E. y Urquizu Cavallé, A. La fiscalidad del deporte presenta perfiles propios, pero ha sido abordada por el legislador español de forma fraccionada y especialmente desde la perspectiva de la tributación sobre la renta. Asimismo, a la complejidad técnica alcanzada por la acumulación de medidas parciales se añade el goteo continuo de reformas fiscales sobre el tema que se han ido sucediendo. Como consecuencia de dicha situación, se han producido las regulaciones más diversas, no siempre coherentes con las políticas de subvenciones o ayudas directas, y con no pocas contradicciones internas. Pero, además de la inexistencia de normas fiscales específicas que regulen las diferentes situaciones del deporte, destaca la dispersión de la mencionada normativa. En suma, tales políticas han dado como resultado un panorama fiscal complejo y confuso, con tratamientos diversos en función de los diferentes sujetos que intervienen en el deporte (deportistas, entidades deportivas y entidades que promueven el deporte) y de las distintas situaciones en que se encuentran (deportistas de base o de élite; el amplio abanico de formas jurídicas que pueden adoptar las entidades deportivas; y el mecenazgo y patrocinio deportivos). Extracto del índice: 1. Fiscalidad de las entidades deportivas Entidades deportivas sin fines lucrativos Impuesto sobre sociedades Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 Entidades parcialmente exentas Impuesto sobre el valor añadido Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Impuestos locales Sociedades anónimas deportivas Imposición directa de la transformación en sociedades anónimas deportivas Imposición indirecta de la transformación en sociedades anónimas deportivas 2. Fiscalidad del mecenazgo y patrocinio deportivos Régimen fiscal del mecenazgo deportivo La colaboración empresarial y el patrocinio deportivos 3. Régimen fiscal de los deportistas Tributación de la renta obtenida por los deportistas Rentas sometidas a gravamen y clases de renta que genera la comercialización del derecho de imagen Otros impuestos que afectan a los deportistas 4. Fiscalidad internacional de los deportistas La residencia fiscal en el modelo OCDE de CDI La tributación de las rentas de los deportistas en el Modelo OCDE de CDI La tributación de los deportistas en España, aplicando el modelo de OCDE

Este libro es una guía que trata sobre cómo lograr la participación de los tribunales para promover el cambio social. Describe el concepto que tiene Womens Link Worldwide («Womens Link») acerca del litigio como una plataforma para el cambio social y la defensa de los derechos humanos basada en nuestra comprensión de la dinámica judicial. Presenta la teoría del cambio y la metodología que hemos desarrollado para ayudar a los compañeros activistas a identificar si las condiciones para trabajar con los tribunales son suficientes para hacer que el compromiso con ellos sea una opción útil y cómo se pueden fortalecer esas condiciones. Así, en este libro encontrará cómo usted, como abogado de interés público o activista de justicia social, puede evaluar contextos estratégicamente y tomar decisiones con respecto a las opciones disponibles para las estrategias y tácticas legales, de defensa y de comunicaciones que sean necesarias para utilizar eficazmente el litigio y los procesos legales como una oportunidad para construir sobre la arquitectura existente de los derechos humanos, configurar la opinión pública y fomentar la movilización social. En cada punto, esta guía ilustra el proceso con ejemplos de las propias experiencias de Womens Link.

En este breve ensayo se analizan cinco cuestiones fundamentales para la comprensión de este elemento del tipo subjetivo: (a) la dimensión teórica del dolo eventual en la que se analizan los tres bloques teóricos más importantes: teorías volitivas, teorías cognitivas y teorías normativas; (b) el diagnóstico de la situación sobre la consistencia teórica del dolo eventual, lo que implica la valoración de las distintas teorías, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades; (c) la caracterización de los elementos estructurales que intervienen en el dolo eventual. Aquí no solo se desarrollan los elementos que comúnmente se asocian al dolo como tipo de imputación, sino que se realiza una reconstrucción crítica de conceptos como norma jurídico-penal, tipo como condición ontológica y la tipicidad como condición epistémica del delito, acción, capacidad de acción, intencionalidad, entre otros. También se desarrolla la cuestión esencial del dolo eventual y criterios del dolo eventual en perspectiva probatoria; (d) la dimensión pragmática del dolo eventual. En esta parte se intenta comprender la construcción jurisprudencial del dolo eventual tomando algunas decisiones de España, Italia y Venezuela; y (e) se analiza la cuestión de la Dogmática penal, dolo eventual y otros modelos límites de imputación subjetiva como la recklessness anglosajona y la mise in danger francesa. También se hace un análisis sobre la fundamentación de las decisiones y el dolo eventual, la nueva política criminal de disuasión mediante el dolo eventual y el problemático activismo judicial a través de un constitucionalismo principialista (en contradicción con el constitucionalismo garantista que debe prevalecer). Josué Fossi. Abogado. Magister en Derecho Penal y Criminología. En curso, doctorado en Ciencias de la Educación. Profesor de Ética, Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Ha publicado varias obras sobre teoría del Derecho, el dolo eventual y sobre la imputación subjetiva.