Derecho

Proactive policing, as a strategic approach used by police agencies to prevent crime, is a relatively new phenomenon in the United States. It developed from a crisis in confidence in policing that began to emerge in the 1960s because of social unrest, rising crime rates, and growing skepticism regarding the effectiveness of standard approaches to policing. In response, beginning in the 1980s and 1990s, innovative police practices and policies that took a more proactive approach began to develop. This report uses the term "proactive policing" to refer to all policing strategies that have as one of their goals the prevention or reduction of crime and disorder and that are not reactive in terms of focusing primarily on uncovering ongoing crime or on investigating or responding to crimes once they have occurred.Proactive policing is distinguished from the everyday decisions of police officers to be proactive in specific situations and instead refers to a strategic decision by police agencies to use proactive police responses in a programmatic way to reduce crime. Today, proactive policing strategies are used widely in the United States. They are not isolated programs used by a select group of agencies but rather a set of ideas that have spread across the landscape of policing.Proactive Policing reviews the evidence and discusses the data and methodological gaps on: (1) the effects of different forms of proactive policing on crime; (2) whether they are applied in a discriminatory manner; (3) whether they are being used in a legal fashion; and (4) community reaction. This report offers a comprehensive evaluation of proactive policing that includes not only its crime prevention impacts but also its broader implications for justice and U.S. communities.

The U.S. Department of State, through its Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), provides foreign assistance and supports capacity building for criminal justice systems and police organizations in approximately 90 countries around the world. It has a mandate to strengthen fragile states, support democratic transitions, and stabilize conflict-affected societies by helping partner countries develop effective and accountable criminal justice sector institutions and systems. While the science of policing outcomes has grown in recent years, it is limited in context, with much of the research conducted on policing taking place in the Global North countries (e.g., the United Kingdom and United States). It is also limited in purpose, with much research focused on examining crime reduction as opposed to examining the harms to the public as the result of crimes, violence, and any effects of policing activities. At the request of INL, Policing to Promote the Rule of Law and Protect the Population explores the organizational policies, structures, or practices (e.g., HR and recruiting, legal authorities, reporting lines, etc.) that will enable a police service to promote the rule of law and protect the population. This report presents an overview of the state of research and highlights promising areas to guide policing reform and interventions.

The US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL) provides assistance and supports capacity building for criminal justice systems and police organizations in approximately 90 countries. In order to support and inform that work, this report explores high-level corruption and its effects on police organizations, as well as strategies that police can use to effectively contribute to efforts to combat that corruption.

Este libro puede considerarse la segunda parte del publicado en 2022 bajo el título Seguridad del tratamiento: aspectos técnicos. En este segundo volumen se aborda la cuestión de la seguridad en el tratamiento de la información desde distintas perspectivas, combinando marcos normativos, estándares internacionales, regulación y avances tecnológicos que inciden directamente en la gestión de la seguridad de la información y en el derecho a la protección de datos personales. En todo caso, y a pesar de la complejidad para garantizar la seguridad, esta no debe entenderse como un obstáculo para la innovación, sino más bien como un valor esencial que garantiza la continuidad para las organizaciones. La confianza de los usuarios depende, en gran medida, de la garantía de que los datos que confían a las organizaciones serán tratados de manera responsable, confidencial y segura. En este sentido, el valor de la seguridad no se mide únicamente en términos de cumplimiento normativo, sino también como un activo estratégico capaz de generar ventajas competitivas, reforzar la reputación institucional y consolidar relaciones de confianza en entornos de creciente incertidumbre y, en ocasiones, de inseguridad jurídica. El libro también dedica un capítulo a la seguridad de la información y al tratamiento de datos personales en el sector público y, más en concreto, en las administraciones públicas. Explica el Esquema Nacional de Seguridad, de 2022, como herramienta clave para la protección de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas. Se presenta como una herramienta que no solo refuerza la seguridad del sector público, sino que también establece un modelo homogéneo que aporta seguridad, facilita la interoperabilidad, la confianza mutua entre administraciones y la adecuada protección de los datos personales gestionados por entidades públicas. Se evidencia la vinculación entre el RGPD y el ENS de modo que mientras el primero protege los derechos de las personas, el segundo asegura que los sistemas de información donde se albergan y tratan dichos datos cuentan con los niveles adecuados de protección. Otro de los aspectos que se abordan en el libro es el estudio del impacto que tienen los servicios de cloud computing o computación en la nube sobre la seguridad y la protección de los datos personales. Se estudia como la migración de infraestructuras, aplicaciones y servicios hacia entornos cloud ofrece múltiples ventajas en términos de eficiencia, escalabilidad y flexibilidad. Sin embargo, también plantea nuevos riesgos vinculados al acceso a datos por cuenta de terceros, la ubicación de los datos en distintos países y continentes, la dependencia de enormes proveedores globales y la necesidad de garantizar que las medidas de seguridad aplicadas cumplan con los estándares exigidos por la normativa europea y nacional. Por último, también se aborda la relación entre la inteligencia artificial y la protección de datos personales, cuestión de creciente actualidad y enorme trascendencia. La inteligencia artificial plantea enormes oportunidades en términos de eficiencia, personalización de servicios y análisis masivo de información, pero también introduce riesgos inéditos para la privacidad de las personas.Víctor Cazurro Barahona es Doctor en Derecho con Mención Europea, con sobresaliente cum laude por unanimidad, por la Universidad de Valladolid. Acreditado por ANECA y Diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la misma universidad. Abogado en ejercicio desde 2004, especializado en Derecho de la Información, Derecho de Internet y Protección de Datos Personales; también es Delegado de Protección de Datos en diversas entidades. En la Universidad ha ocupado las responsabilidades de Decano de la Facultad de Derecho, Vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales y la dirección de diversas titulaciones de Grado y Máster, siempre en el ámbito del Derecho (2013-2020). Es Profesor universitario de Derecho Constitucional y de Derecho de la Información desde 2005. Hoy es profesor de Derecho de Internet en el Grado en Derecho y de diversas asignaturas en el Máster Universitario de Protección de Datos, y Director de Innovación y Mejora Continua de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. También ha sido docente en materia de datos personales para el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Es experto en docencia digital, plataformas de teleformación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje online. Cuenta con una amplia experiencia docente, tanto en universidades nacionales (Universidad de Valladolid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad de Barcelona) como internacionales: Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano. También ha sido colaborador de la Universitá degli Studi di Foggia y la Universitá del Salento. Ha realizado varias estancias internacionales de investigación en el ámbito del derecho a la protección de datos personales y la privacidad en la Universitá del Salento, Lecce (Italia).

La presente publicación propone una visión integral y actual sobre los desafíos que la inteligencia artificial plantea al Derecho penal en la era digital, combinando el análisis filosófico, dogmático y práctico de los problemas emergentes. Reúne aportaciones de especialistas en Derecho penal, procesal y filosofía jurídica, abordando cuestiones tan actuales como la atribución de responsabilidad a sistemas autónomos, la protección de bienes jurídicos en entornos digitales, los riesgos de sesgo y opacidad algorítmica, y la intervención procesal de tecnologías predictivas. El libro explora, desde múltiples perspectivas, cómo la inteligencia artificial transforma el proceso penal y la protección de derechos fundamentales, interrogando los límites de la intervención humana y el control algorítmico en la administración de justicia. Analiza escenarios que van desde el deepfake porn y la ciber violencia sexual hasta la evaluación predictiva de riesgos, el impacto sobre infraestructuras críticas y la manipulación masiva a través de redes sociales, situando estos fenómenos en el marco de la legislación nacional y europea. A través de los estudios de casos y propuestas de lege ferenda, la obra proporciona herramientas prácticas y teóricas para afrontar los dilemas éticos, procesales y sustantivos asociados a la automatización y digitalización judicial, alertando sobre los riesgos de trasplantar soluciones tecnológicas sin las debidas garantías. El volumen destaca la necesidad de preservar los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad en un contexto de cambios vertiginosos, invitando a una reflexión crítica sobre el futuro de la justicia penal.

Este cuaderno nace como complemento didáctico de la obra Breve Historia del Derecho Penal y de la Criminología (2ª edición, revisada y ampliada), pensado para quienes no se conforman con transmitir contenidos, sino que desean transformar la enseñanza del Derecho penal en una experiencia viva, crítica y compartida. Organizado por capítulos, el material reúne, de un lado, baterías de preguntas y respuestas que recorren los principales ejes del libro: de los orígenes mágico-religiosos de la pena a las codificaciones ilustradas, de las escuelas penales clásicas a las disputas contemporáneas sobre poder punitivo, prisión y criminología crítica. De otro lado, presenta propuestas de trabajo abiertas y adaptables: talleres, simulaciones, análisis de casos, ejercicios de creación e itinerarios de debate que conectan teoría, historia y práctica forense. Más que actividades complementarias, este cuaderno ofrece herramientas para construir aula por aula un espacio de diálogo exigente y honesto sobre el sistema penal. Puede ser utilizado en cursos de grado y posgrado, en grupos de estudio, proyectos de extensión y seminarios temáticos, siempre con la misma apuesta: que el alumno no solo recuerde conceptos, sino que aprenda a problematizarlos, a discutirlos y a situarlos en la realidad social que lo rodea. Pensado para profesoras, profesores y estudiantes que desconfían de la memorización mecánica y buscan un Derecho penal más consciente de sus límites, este cuaderno invita a arriesgarse: a experimentar nuevas metodologías, a escuchar más las voces de los alumnos y a hacer del aula un laboratorio crítico de las ciencias penales.Antonio Sólon Rudá es abogado, actuante principalmente en las áreas laboral y penal, con foco en casos complejos y en la responsabilidad de médicos y conductores profesionales. Autor de la Teoría Significativa de la Imputación, propuesta que reconstruye los criterios de dolo e imprudencia y descarta el llamado dolo eventual, ha publicado otras obras en Brasil y en Europa, entre ellas Fundamentos de la Teoría Significativa de la Imputación y Dolo e Imprudencia. Fue investigador en programas de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Coimbra y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, con una trayectoria orientada a la filosofía del lenguaje, la teoría del derecho y la calidad decisoria. Actúa también como consultor en casos penales complejos, en procesos ético-disciplinarios en la OAB y en litigios laborales estratégicos.

En los últimos años, diversas encuestas reflejan el descrédito y la ausencia de legitimación social que sufre el accionar del Poder Judicial en nuestro país. Teniendo en cuenta estos resultados, ¿a quién le habla y a favor de qué sector actúa este poder del Estado? ¿Con qué sector o sectores tiene legitimidad? ¿La ley que aplica es un resultado de dogmas invisibles o un producto social? En definitiva, ¿quién le cree a la Justicia?

La monografía ofrece un novedoso estudio en español sobre los satanismos contemporáneos y su impacto en la seguridad pública y privada. A partir de un riguroso análisis histórico, sociológico, jurídico y policial, afronta mitos y estereotipos, distingue entre las distintas corrientes satánicas (ateas, teístas, luciferinas, brujería, satanismo ácido) e identifica qué prácticas están amparadas por la libertad religiosa y cuáles pueden constituir infracción penal o administrativa. Con un enfoque aplicado a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la seguridad privada, la obra propone claves operativas para intervenir con eficacia y proporcionalidad ante rituales, símbolos y actos reivindicativos satánicos, evitando tanto la estigmatización como la inacción. Una obra necesaria para comprender un fenómeno contracultural en expansión y para gestionar sus riesgos sin limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.José Pedro Cuadrado Mora (Cádiz, 1972) es inspector de la Policía Nacional y jefe de la especialidad TEDAX-NRBQ en Cádiz. Doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz y máster universitario en Ciencias de la Seguridad y Criminología por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, compagina su experiencia en la desactivación de explosivos y la gestión de incidentes NRBQ con la docencia y la investigación. Ha formado parte de la comisión del Máster Universitario en Violencia Criminal: Características, Prevención y Tratamiento de la Violencia de la Universidad de Cádiz, donde aportó su experiencia profesional al diseño y desarrollo del programa. Es profesor en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional (adscrito a la Universidad de Salamanca) y miembro investigador del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, sección de Cádiz. Está en posesión, entre otras distinciones, de dos Cruces al Mérito Policial (una con distintivo rojo y otra con distintivo blanco), de la Medalla al Mérito de la Protección Civil Española (bronce, distintivo azul), de la Medalla y la Cruz a la Dedicación al Servicio Policial. Ha participado en diversos congresos científicos y es autor de publicaciones especializadas en seguridad y terrorismo, entre ellas la monografía La influencia de la cultura organizacional del [PCE(r)]-GRAPO en sus acciones armadas terroristas con artefactos explosivos.

El objetivo de este libro es el análisis crítico de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y de modo más concreto el teórico derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por las lesiones y daños que sufran por caídas en la vía pública, a consecuencia de deficiencias en su estado de conservación y mantenimiento. Más allá de su pretensión de orientación jurídico-práctica que sirva como herramienta útil tanto a los operadores de la Administración como a los ciudadanos titulares del derecho, se plantea la incoherencia entre la oscura e imprecisa norma que regula el derecho y su proyección al escenario judicial que la modula y la inaplica, ante el estupor y la frustración del justiciable. Resulta paradójico y sorprendente que pretenda garantizarse el derecho a unas calles transitables a través de una ley intransitable. Es en la realidad aplicativa, una falacia jurídica. Cuando en el Prólogo se dice que el derecho no es sólo un orden de normas, sino un delicado equilibrio entre la razón y la justicia, se está diciendo que estamos en contra de cualquier voluntarismo político o sociológico que ponga en tensión o incluso incompatibilice esa necesaria simbiosis entre la seguridad jurídica que debería estar representada por leyes claras, precisas y previsibles, y la justicia aplicativa que es, en definitiva, el fin esencial del Derecho. Ese imprescindible equilibrio pasa por modificar la regulación positiva de la responsabilidad patrimonial que por su ambigüedad genera el conflicto y la anomalía jurídica que se critica.MIGUEL YABEN PERAL, es Abogado, Colegiado de los Ilustres Colegios de Oviedo y Madrid, y ex miembro de la Corte de Arbitraje de este último. Ex Letrado Consistorial, se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares donde cursó estudios de Doctorado obteniendo la Suficiencia Investigadora y seguidamente la Diplomatura en Estudios Avanzados de Doctorado por la Universidad de Valencia. Es Diplomado Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido Tutor de las Prácticas Jurídicas Externas de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III. Autor de diversas Memorias de Investigación y Ponencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Es ex Asesor Jurídico de Empresa. Su carrera profesional la ha desarrollado como funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Galapagar en el que ha ocupado diferentes puestos en distintas Escalas y Subescalas, desde Auxiliar hasta Letrado Consistorial Jefe de los Servicios Jurídicos en cuyo cargo se ha jubilado, y en el que ha llevado la Dirección Letrada de centenares de procesos judiciales, fundamentalmente en el orden contencioso.

La obra analiza el papel central de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (ADR), los canales de denuncia y los sistemas de cumplimiento normativo (Compliance) en la construcción de organizaciones éticas, transparentes y eficientes. Sostiene que la confianza institucional es condición previa para la eficacia del cumplimiento, apoyada por normas como UNE-ISO 37301 e ISO 37002 y la Ley 2/2023, que protege a los denunciantes. La transparencia se presenta como valor estructural interno y externo, garantizada por sistemas internos de información y trazabilidad de decisiones. La eficiencia en la resolución de conflictos se concibe más allá de lo judicial, incorporando mediación, conciliación y arbitraje, reforzada por la Ley Orgánica 1/2025 que promueve vías extrajudiciales previas. Se subraya la utilidad de los ADR para prevenir litigios, reducir costes y restaurar relaciones, especialmente en investigaciones internas. en arbitraje. Se plantea que la gestión de conflictos debe ser estratégica, transversal y preventiva, formando parte del buen gobierno corporativo. El enfoque apuesta por soluciones constructivas y legítimas, donde el conflicto sea oportunidad de mejora y no mera disfunción. La obra es coordinada por Rosa Pérez Martell, quien integra aportes diversos con visión académica, técnica y ética. El resultado es una propuesta para transformar la cultura organizacional mediante diálogo, integridad y responsabilidad compartida.

La colección Delito, Conducta Criminal y Víctimas tiene como objetivo fundamental ofrecer una cobertura científica académica y aplicada a diversas demandas sociales relacionadas con tipos penales específicos, los modus operandi criminales y las víctimas de delitos. En su cuarto volumen presenta un recorrido criminológico, jurídico y psicológico por la Criminología ambiental en su sentido más amplio, bajo el título Geografía del crimen: Criminología ambiental y diseño urbano. A lo largo de diez capítulos, elaborados por profesionales expertos e investigadores del ámbito académico, se analizan cuestiones como las leyes de concentración del crimen, el análisis espacial del delito a nivel micro, la criminología urbana y rural, las principales herramientas para el estudio geográfico del delito y fenómenos delictivos específicos como las agresiones sexuales, la delincuencia juvenil o el ciberacoso abordados desde una perspectiva ambiental. Asimismo, el volumen incorpora aproximaciones innovadoras a las bases neuroambientales del comportamiento delictivo y al estudio del trauma a partir del análisis del espacio criminal. Este cuarto volumen nace con la vocación de convertirse en una obra de referencia para académicos, investigadores y profesionales interesados en abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, el enfoque emergente y dinámico de la Criminología ambiental.

Ana Cristina Gómez Pérez enseña derecho registral inmobiliario, sucesiones, familia, hipoteca y fideicomisos, junto con seminarios especializados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su docencia combina rigor técnico y compromiso práctico, formando juristas capaces de abordar los retos contemporáneos de la tenencia de la tierra, el derecho de superficie y la planificación urbana.Cuenta con un sólido trasfondo académico B.A. (Pontificia Bolivariana), J.D. (UPR), LL.M. (Carlos III de Madrid), doctorado en la Universidad Complutense, y diplomado en derecho registral inmobiliario (Autónoma de Madrid) que le permite ofrecer una visión comparada y actualizada del derecho inmobiliario.Ha investigado y publicado sobre hipoteca, derecho de superficie y tenencia segura de vivienda tras desastres, con aportaciones recientes como La Hipoteca en el Derecho Inmobiliario Puertorriqueño (2023). Su trabajo se extiende más allá del aula a proyectos de acceso a la justicia, capacitación para profesionales y comunidades desplazadas, y presentaciones en conferencias y foros públicos sobre la recuperación post-desastre y el desarrollo sostenible.Este libro refleja su compromiso con un derecho de superficie claro, accesible y adaptado a las necesidades reales de Puerto Rico, ofreciendo al lector una herramienta esencial para la práctica, la planificación y la formulación de políticas públicas.

El testimonio ocupa un lugar central en la práctica judicial y sigue siendo una fuente probatoria de gran relevancia. No obstante, su análisis se enfrenta hoy a retos crecientes derivados de la complejidad de los casos, el aumento del volumen de información y la necesidad de explicitar con precisión el razonamiento que sustenta las conclusiones periciales. Este libro se adentra en ese escenario con una mirada reflexiva y crítica, examinando cómo se evalúa el testimonio en la actualidad y qué exigencias aparecen cuando se requiere justificar y comunicar de forma transparente los criterios utilizados. A partir de una revisión rigurosa del conocimiento disponible, la obra presenta la inteligencia artificial explicable (XAI) como una vía para organizar, hacer visible y estructurar el proceso inferencial, sin reemplazar el juicio experto ni comprometer las garantías del debido proceso. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el texto propone un marco de reflexión aplicado sobre las condiciones metodológicas, éticas y jurídicas necesarias para una integración responsable entre tecnología, psicología y derecho. Este volumen constituye la primera contribución teórica de una investigación doctoral en curso, concebida como un programa progresivo que continuará con fases de validación empírica y desarrollos aplicados. Su propósito es fortalecer la comprensión, la trazabilidad y la comunicación de la prueba testimonial en la justicia contemporánea.Kenneth Matías Echaiz Ríos es psicólogo colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, con una trayectoria profesional de más de 15 años desarrollada entre la práctica clínica, el ámbito jurídico-forense y el análisis del comportamiento humano en contextos complejos. Su perfil se caracteriza por una sólida formación técnica en psicología y una orientación aplicada al estudio de la conducta, la toma de decisiones y la evaluación del testimonio en escenarios de alta exigencia profesional. A lo largo de su trayectoria ha cursado formación de posgrado de nivel máster en neuropsicología, psicología forense y perfilación criminal, inteligencia artificial aplicada a la sanidad y ciencia de datos, integrando estos ámbitos en un enfoque orientado a modelos de análisis explicables, trazables y metodológicamente sólidos en el ámbito judicial y pericial. De forma complementaria, ha desarrollado formación especializada en contextos de seguridad, inteligencia y defensa, incorporando una mirada estratégica al análisis del comportamiento y la evaluación de riesgos. Actualmente es doctorando en el Programa de Psicología de la Comunicación y Cambio de la Universitat Autònoma de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Bernat-N. Tiffon Nonis, quien desarrolla y aporta el prólogo de la presente obra. Este libro constituye la primera contribución teórica de un proceso de investigación doctoral de carácter progresivo.

Canadian Family Lawwill be of special interest to judges, legal practitioners, mediators, arbitrators, parenting coordinators, and other professionals who require an understanding of the law relating to families. It also provides a unique source of information for law students and their professors as well as members of the public who face domestic crises and the threat of marriage breakdown. The ninth edition ofCanadian Family Lawis a companion volume to Payne and Payne,Child Support Guidelines in Canada, 2022. Previous editions of both texts have been cited in hundreds of judicial decisions across Canada, including the Supreme Court of Canada and appellate courts from coast to coast.Canadian Family Lawhas also been adopted as required reading in family law courses presented by several colleges and universities across Canada.br brThis new edition incorporates fundamental legislative changes to theDivorce Act. The most fundamental legislative changes replace the loaded terminology of custody and access orders in favour of parenting orders that focus on parenting time and decision-making authority and contact orders with respect to third parties. They also establish a detailed non-exhaustive list of criteria to assist courts in determining the best interests of the child; call upon prospective litigants and their lawyers to address the feasibility of using out-of-court family dispute resolution services; introduce measures to effectively assist courts in addressing family violence; and create a framework for situations where one parent wishes to relocate a child of the marriage. Chapter 10 provides a detailed description of the legislative changes relating to parenting disputes and the authors venture their opinion concerning the ongoing impact of judicial rulings under the former statutory regime.br brAdditional changes relating to recourse to alternative dispute resolution processes, and issues of a jurisdictional nature were also included in the recent amendments to the Divorce Act. Alternatives to the judicial resolution of family disputes, including collaborative family law, mediation, arbitration, med-arb, and parenting coordination are examined in chapters 1 and 6 of the ninth edition of Canadian Family Law. The jurisdictional changes that came into force on 1 March 2021 are examined in Chapter 7.

Conflict of laws, or private international law as it is sometimes called, takes on greater importance with each passing year. Globalization is eroding borders in commercial transactions and family relationships, yet much law remains highly territorial. Stephen Pitel and Nicholas Rafferty have written a highly readable and thoughtful treatise that explains and analyzes the rules of the conflict of laws in force in common law Canada in a clear and concise manner. Understanding the conflict of laws allows lawyers, judges, scholars, and students to better address any legal situation that crosses borders, whether international or interprovincial. br br For the second edition, the chapter on jurisdiction has been rewritten in light of the Supreme Court of Canadas decision in Club Resorts Ltd v Van Breda (2012) and the evolving jurisprudence under the Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act. In addition, a new chapter on matrimonial property division has been added. All chapters have been updated to reflect new decisions, legislative changes, and recent scholarship.

In this book, Richard Moon puts forward an account of freedom of expression that emphasizes its social character. Such freedom does not simply protect individual liberty from state interference; it also protects the individual's freedom to communicate with others. It is the right of the individual to communicate: an activity that is deeply social in character, and that involves socially created languages and the use of community resources, like parks, streets, and broadcast stations. Moon argues that recognition of the social dynamic of communication is critical to understanding the potential value and harm of language and to addressing questions about the scope and limits on one's rights to freedom of expression. Moon examines the tension between the demands for freedom of expression and the structure of constitutional adjudication in the Canadian context.The book discusses many of the standard freedom of expression issues, such as the regulation of advertising, election spending ceilings, the restriction of hate promotion and pornography, state compelled expression, freedom of the press, access to state and private property and state support for expression. It examines several important Supreme Court of Canada decisions including Irwin Toy, Dolphin Delivery, RJR Macdonald, Keegstra and Butler.

A judicial revolution occurred in 1992 when Australia's highest court discarded a doctrine that had stood for two hundred years, that the country was a terra nullius  a land of no one  when the white man arrived. The proceedings were known as the Mabo Case, named for Eddie Koiki Mabo, the Torres Strait Islander who fought the notion that the Australian Aboriginal people did not have a system of land ownership before European colonization. The case had international repercussions, especially on the four countries in which English-settlers are the dominant population: Australia, Canada, New Zealand, and the United States. _x000D_In Recognizing Aboriginal Title, Peter H. Russell offers a comprehensive study of the Mabo case, its background, and its consequences, contextualizing it within the international struggle of Indigenous peoples to overcome their colonized status. Russell weaves together an historical narrative of Mabo's life with an account of the legal and ideological premises of European imperialism and their eventual challenge by the global forces of decolonization. He traces the development of Australian law and policy in relation to Aborigines, and provides a detailed examination of the decade of litigation that led to the Mabo case. _x000D_Mabo died at the age of fifty-six just five months before the case was settled. Although he had been exiled from his land over a dispute when he was a teenager, he was buried there as a hero. Recognizing Aboriginal Title is a work of enormous importance by a legal and constitutional scholar of international renown, written with a passion worthy of its subject a man who fought hard for his people and won.

The second edition of Education Law in Canada is a comprehensive examination of the many legal issues that impact public education in Canada._x000D_Educational administration and policy researcher David C. Young puts forth a text indispensable for those who work in or are interested in Canadian education. With informative and easily accessible contributions from members of the legal and academic communities, this book addresses the value of education law, the legal and administrative framework of education, the role of the courts, teacher rights and duties, and student rights. The essays also shed light upon negligence and liability, issues of misconduct, bullying and cyberbullying, special education, and copyright. This second edition focuses on updated policies and litigation that have emerged in the area in recent years in addition to featuring extensive revisions and updates throughout._x000D_Vital reading for educators, lawyers, policymakers, and students, the second edition of Education Law in Canada provides readers with multifaceted reflections on the intersections of education and law through the Canadian case.

_x000D_Understanding the Charter introduces one of Canadas most important constitutional documents: the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Designed for readers seeking a foundational understanding of Canadian law, this volume offers a substantial exploration of the Charters scope examining to whom it applies, how it functions, and why it remains a powerful instrument for protecting human rights. It also delves into the debates and controversies that continue to shape the Charters role in Canadian law and politics._x000D_The book traces the Charters origins and the rights protections that preceded it, outlines the interpretive principles Canadian courts use in applying it, and provides a detailed analysis of key provisions. Topics include fundamental freedoms such as religion and conscience, expression, peaceful assembly, and association; democratic and mobility rights; legal protections against unreasonable search and seizure and arbitrary detention; as well as equality and language rights._x000D_Understanding the Charter also uncovers how rights can be limited by state actors, how those limits are assessed by the courts, and the remedies that are available when Charter rights have been unreasonably restricted.

Portugal vivenciou pela primeira vez, nos anos de 2020 e 2021, o estado de exceção constitucional na sua recente democracia, na modalidade de estado de emergência. Durante esse período, a doutrina discutiu com especial relevo esta temática. Na procura de uma compreensão cabal desta figura, pro-pomos uma análise ao seu ato primário, o decreto pelo qual o Presidente da República declara o estado de exceção constitucional.Realizando um enquadramento à luz das funções do Estado, entendemos por bem inserir a exceção dentro da própria Constituição. Analisando o regime português, escrutinamos o modo pelo qual o Presidente da República afeta os direitos fundamentais e confere os poderes necessários ao Governo para dar resposta à situação de crise vivida.Tendo também por base a recente jurisprudência sobre a temática, estudamos o modo como se fiscaliza a declaração de exceção, garantindo a efetividade do direito e da Constituição nas situações de maior crise. Procuramos assim compreender qual é o papel conformador da Constituição e da sociedade política que é assumido pelo decreto do Presidente enquanto mecanismo jurídico de declaração do estado de exceção, que visa dar a resposta necessária a uma situação de crise.»

Un texto anónimo nunca es neutro, porque el lenguaje deja huellas. Cartas sin firma, correos electrónicos, mensajes digitales o escritos aparentemente impersonales plantean siempre las mismas preguntas: ¿quién los ha redactado?, ¿con qué intención?, ¿qué grado de planificación hay detrás?, ¿cómo debe interpretarse su contenido? Este libro ofrece una guía práctica para el análisis lingüístico forense de textos anónimos, desde una perspectiva metodológica, clara y aplicable. A lo largo de sus capítulos, la autora expone los pasos fundamentales del análisis previo al cotejo: la observación del documento, la ficha técnica, el estudio del discurso, el análisis metalingüístico y la valoración contextual. El lector aprenderá a distinguir lo relevante de lo accesorio, a interpretar los recursos expresivos y apelativos del lenguaje y a comprender cómo la emoción, el estilo y la intencionalidad se reflejan en la escritura. Lejos de ofrecer recetas teóricas, este manual propone una praxis pericial basada en la prudencia, la experiencia y el método, especialmente útil en casos de autoría dudosa, anónimos conflictivos o escritos de procedencia incierta. El lenguaje se aborda aquí no como un sistema abstracto, sino como una herramienta humana y cargada de intención. Dirigido a profesionales del ámbito jurídico, pericial y académico pero también a lectores interesados en el funcionamiento real del lenguaje escrito, este libro invita a mirar los textos con otros ojos y a comprender que, incluso en el anonimato, el lenguaje siempre delata a su autor, por lo que dice, y por lo que calla.Mireia Hernández Esteban es licenciada en Filología Clásica, consejera superior en Ciencias Forenses y profesora de Lingüística Forense en la Universidad de Barcelona. Está vinculada al ámbito de la documentoscopia y al análisis pericial del lenguaje escrito. Ha publicado Plagio y lingüística forense (2022), Violencia y lenguaje (2024) y La pericia caligráfica en obras de arte (2025), consolidando una línea de investigación centrada en la detección del engaño, la autoría textual y las estrategias de violencia lingüística. Su trabajo investigador sobre la violencia en el lenguaje ha sido difundido en distintos espacios divulgativos y académicos, entre ellos el pódcast de RTVE Correspondencia Criminal, en el que participa como analista lingüística forense.