Derecho

El objeto de esta monografía son los internamientos médicos, ya sea por razones psiquiátricas o asimiladas, ya sea por razones de salud pública. Se trata desde una perspectiva multidisciplinar, al hacer referencia a los diversos profesionales que intervienen en el internamiento de una persona, destacando el cauce para su adecuación a la legalidad vigente y el régimen de responsabilidad ante su infracción, civil, administrativa y penal.Con este trabajo se pretende dar respuestas a las situaciones en que se pueden encontrar los diversos sujetos que intervienen ante un internamiento psiquiátrico. Al enfermo y su familia, al personal sanitario, a la fuerza policial actuante, al personal del órgano judicial interviniente. Respuestas tanto para situaciones específicamente reguladas como para aquellas que no encuentran un efectivo y pleno encaje en la normativa vigente (ancianos residenciados en geriátricos, menores internados en centros de trastorno del comportamiento o alimentario por orden de quien ostenta su potestad o tutela, tratamientos involuntarios).Dada la finalidad eminentemente práctica de esta monografía, se acompañan reseñas jurisprudenciales sistematizadas por materias, que permiten encontrar fundamentos jurídicos tanto para la adopción de la medida, su seguimiento y cese o para la oposición a todo ello. También se incluye la legislación internacional, nacional y autonómica que esencialmente regula la materia. Por último, se incorpora un extenso apartado con 57 detallados formularios que hacer servir en supuestos de internamientos psiquiátricos involuntarios, urgentes o no, y en medidas sanitarias obligatorias por razones de salud pública. Son modelos particulares de solicitudes, comunicaciones, informes, resoluciones, diligencias, providencias, decretos y autos.Todo aquello que se debe saber sobre los internamientos, se halla en este libro.Lluís Pérez Losa es doctorando en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, docente del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya, máster en Derecho privado, público e internacional, máster en Derecho civil catalán avanzado y máster en Derecho de familia y de la infancia. Ejerce funciones jurisdiccionales desde hace quince años en diversos juzgados de Cataluña y, además de artículos y capítulos jurídicos, ha publicado las monografías La atribución del uso de la vivienda en procesos de familia y Derecho de familia.

Han transcurrido ya más de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.Partiendo de este objetivo, el legislador instaura un mecanismo extrajudicial y judicial que sirva de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.Sin embargo, si bien la voluntad del legislador es loable y cargada de buenas intenciones, no es menos cierto que la regulación de esta institución, a día de hoy, peca de inconcreción y de lagunas legislativas que crean incerteza e inseguridad jurídica. Ante esta desilusionante realidad, en el presente trabajo, se pretende dar soluciones a las cuestiones de mayor problemática, que en la práctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.CARLOS PUIGCERVER ASORLicenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del Programa de Doctorado Nuevas tendencias en derecho procesal en el año 2004. Ejerció la abogacía desde 1996 a 2010. Ha sido profesor de Derecho procesal en la Universidad de Valencia desde 2001 a 2010, así como en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz (Bolivia), en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAVOR (Ilustre Colegio de Abogados del Vallés Oriental y, actualmente, en la Universitat Oberta de Cataluña. Desde 2011 pertenece a la carrera judicial como Magistrado, habiendo desempeñado su labor en el Juzgado de 1ª Instancia 3 de Granollers -en donde también fue Decano electo-, en diversas Secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona con competencia exclusiva en materia de concursos de personas físicas no empresarias. En el año 2015 obtuvo el reconocimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Vallès Oriental en agradecimiento a su compromiso con el Colegio de Abogados, en el año 2016 el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona le concedió el premio Ferrer Eguizábal 2016 al mejor proyecto de investigación sobre el Derecho a la segunda oportunidad de la persona física y en el año 2017 ha recibido el premio Felip Portabella otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en reconocimiento al ejercicio de la función jurisdiccional con una especial consideración hacia la abogacía, así como en agradecimiento a la generosa y estrecha colaboración con dicha institución, especialmente en los trabajos en materia de la segunda oportunidad. En los últimos cuatro años ha impartido más de medio centenar de ponencias, ha publicado varios artículos y ha participado en varios libros sobre segunda oportunidad de la persona física no empresaria. Desde noviembre de 2017 hasta septiembre de 2018 ha estado destinado como Magistrado asesor en el Ministerio de Justicia. Desde octubre de 2018 es Inspector Delegado en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.FEDERICO ADAN DOMENECHProfesor Agregado de Derecho Procesal, acreditado como Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Doctor en Derecho: El nuevo proceso cambiario, por la Universidad Rovira Virgili, el 29 de junio de 2001, con la calificación de Sobresaliente cum laude. Ha complementado su formación jurídica con seis estancias de investigación en la Università degli studi di Bologna -Italia-. En la actualidad, ostenta el cargo de Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona. Durante los años 2009 a 2012, ejerce como Director del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rovira i Virgili conjuntamente con los Ilustres Colegios de Abogados de Tarragona, Reus y Tortosa. En cuanto a los cargos académicos ha sido Decano y Responsable de los Estudios de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira Virgili. Autor de 8 monografías: 5 de autoría individual y 3 en coautoría y de más de 70 artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y capítulos de libros, así como Director y codirector de diferentes obras jurídicas. En el año 1998, obtuvo el Premio Feixo Carrera del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el trabajo relativo al juicio cambiario, en el año 2016, fue galardonado con el Premio Ferrer Eguizábal, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el proyecto de investigación sobre la segunda oportunidad de las personas físicas, y en los años 2017 y 2018, obtuvo, respectivamente, el Premio Melchor Almagro, concedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y el Accésit del premio jurídico otorgado por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid, por el trabajo Deconstrucción del ordenamiento jurídico español.

Cuando el ser humano afronta el miedo, o simplemente vive la incertidumbre, se activan mecanismos de defensa que con frecuencia ni controla porque siquiera se da cuenta de ellos, alcanzando incluso afectaciones radicales de la percepción de la realidad, o de otros aspectos fundamentales de la memoria. Y todo esto es bien conocido por quienes sin el más mínimo escrúpulo lo utilizan como herramienta del poder, por mucho que abunden individuos que operan de manera similar pero sin esa calculada intencionalidad, a menudo bajo muy peligrosas inercias irreflexivas. El conjunto impregna la dinámica gubernamental y acaba por embrutecer universales como el Derecho, la Democracia, la Ley o la Soberanía, que a diferencia del Gobierno moderno, problema nuclear de nuestra Política actual, sí han venido siendo estudiados y desarrollados durante largo tiempo. De este modo, con el declive de la civilidad como contexto último, la evolución jurídica se ha transformado en una preocupante involución alejada cada vez más de esa Justicia que es horizonte del Estado Social y Democrático de Derecho, aproximándose sin cesar a un Estado de seguridad donde el temor ciudadano y la inseguridad son, paradójicamente, los elementos esenciales para su construcción y afianzamiento.La autoprotección de ese tipo de Estado de leyes y el poder fáctico subyacente pasa por arrinconar auténticos valores como la participación política y la libertad, en particular la de expresión, del mismo modo que excluye mecanismos intrínsecamente propios de las estructuras democráticas,incluso criminalizándolos, como ocurre con la desobediencia civil. Y para ello no importa lo más mínimo torcer el Derecho, particularmente el penal y el procesal, desnaturalizando su contenido hasta cotas que no hace mucho habrían sido impensables. Un modo de recuperar el cauce legítimo hacia un verdadero Estado de Derecho justo puede estar en comprender la lógica y significado de conceptos jurídico-políticos esenciales, superando la ignorancia sobre lo exigible de la función pública, propiciando la superación de confusas percepciones de la realidad y ocultas intenciones del poder. Sin ello resulta extremadamente difícil reconocer las vías de acción no sólo colectivas sino también individuales que a cada uno se ofrecen para oponerse a la represión y a la injusticia, planteamiento de urgencia en la actualidad española.Ricardo Yañez Velasco es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de laUniversitat Autònoma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como ocho obras conjuntas y una docena de monografías.Ha sido asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, organización de la que fue activista desde 1986; así como de Juristas sin fronteras desde su fundación a principios de los años noventa. Formó parte de la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003, habiendo sido miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas de Barcelona. Desde febrero de 2000 ejerce la función jurisdiccional, siendo juez titular por oposición en 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona.Está casado y es padre de cuatro hijos.

El presente estudio contiene una revisión en profundidad de la tesis doctoral elaborada por la autora, bajo la dirección de la profesora Margarita Fuenteseca, Catedrática de Derecho romano. Tiene como objetivo principal situar en su contexto histórico la figura de los herederos forzosos, esto es, de las personas que por ley tienen derecho a una parte de la herencia, con independencia de las disposiciones testamentarias del causante. Se trata de determinar su momento de aparición en el derecho histórico español, con el fin de contribuir a la aclaración de los fundamentos históricos y legislativos del derecho de sucesiones actualmente vigente y, sobre todo, de proporcionar una sólida base para un futuro cambio de legislación, si la hubiese, en materia de derecho de sucesiones.Que en Derecho romano no existieron los herederos forzosos se deduce claramente de las fuentes del derecho romano, extensamente analizadas, y en cuyo espejo se miró la posterior legislación histórica de la Península Ibérica durante siglos (Código de Eurico, Lex Romana Visigothorum LRV, LexVisigothorum LV, Las Partidas, el Fuero Real, las Leyes de Toro, la Novísima Recopilación) hasta la irrupción del C.c. Conforme a este trabajo de investigación, la portio debita, a la que buena parte de la doctrina atribuye el significado de ser una porción de la herencia que necesariamente debía ir a parar a los hijos, sería en realidad una porción que se debía otorgar a estos, cuando eran instituidos herederos colectivamente, con la finalidad de proporcionarles una cantidad mínima en el patrimonio del padre para asegurar su aceptación y garantizar, de esta forma, la validez del testamento, pero existiendo siempre plena libertad para instituir heredero. Esto sucedía incluso en época de Justiniano, que es cuando tradicionalmente se ha situado el nacimiento de la legítima, entendida como porción que, obligatoriamente pertenece a los hijos y que por este motivo se han llamado herederos forzosos. Esta concepción, según la autora, es producto de la aplicación retroactiva de los conceptos de derecho sucesorio vigentes ahora en España.Con este estudio se demuestra que los legitimarios entendidos como herederos forzosos no tienen su origen en el derecho romano, sino en el C.c. español, y esto habría provocado además serios desajustes en los distintos derechos autonómicos, actualmente vigentes en España, que se vieron forzados a adaptarse al nuevo sistema sucesorio del derecho común, a excepción de Cataluña, en cuyo derecho histórico ya existían los herederos forzosos y, por extensión, también Valencia y las Islas Baleares.Ana Vázquez Lemos. Nacida en Santiago de Compostela, estudió el Grado en Derecho entre años 2010-2014 y el Máster de la Abogacía, ambos en la Universidad de Vigo, que le reconoció sus buenos resultados académicos con el Premio a la Excelencia Académica de los nuevos alumnos de doctorado. Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Coimbra.Es Doctora en Derecho desde julio de 2018, la más joven en el ámbito jurídico social en la historia de la Universidad de Vigo.

La obra colectiva que se presenta realiza un completo análisis de un problema sociojurídico de primer orden: la trata de personas como moderna forma de esclavitud. Como señalara, en 2010, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, esta cuestión ha pasado de ocupar un lugar marginal a formar parte de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional.Puesto que nos encontramos ante un fenómeno complejo, poliédrico, en el que se aprecian distintas facetas, y en cuya producción convergen factores de diversa índole, su abordaje ha de plantearse, también, desde una perspectiva multidisciplinar. De tal convencimiento surge la decisión de contar con un elenco de autores lo suficientemente amplio y heterogéneo como para realizar desde la óptica jurídica, que es la que orienta el presente trabajo- un examen exhaustivo de la materia abordada.En las páginas interiores, encontrará el lector contribuciones de diez Doctores en Derecho, de distintas nacionalidades, que abordan aspectos penales, criminológicos, procesales e internacionales relativos a la trata de personas.

Este estudio es parte de una trilogía, en forma de diálogos, compuesta por este libro y Diálogo sobre el derecho. Seduardus o la difícil razón de la ley, Madrid, 2018 y Diálogo inesquivable sobre la justicia. El deber, la persona y el derecho, Madrid, 2018. En estas páginas, Seduardus es un profesor maduro y Bellaperche está comenzando sus estudios de derecho. Tienen una charla cada día, y abordan los temas sin complejos. Seduardus es ya un profesor mayor, emérito, al que no le preocupa salirse de los carriles oficiales. Bellaperche pregunta con cierta desvergüenza porque sabe que su maestro le responderá sin evadirse del problema.

El embarazo adolescente ha entrado a formar parte de la política nacional desde el año 2003, al convertirse en un tema prioritario de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y, en el último año, de todos los partidos políticos y la Presidencia de la República. El problema es que hay muchos. La meta es que sean menos. La solución: el compromiso político con el tema, la educación sexual, la alfabetización sobre el uso de anticonceptivos, los servicios de salud amigables, entre otros. Por otro lado, desde 1993, el tema del embarazo adolescente había aparecido en la doctrina constitucional elaborada en las sentencias de la Corte Constitucional. En este panorama de los derechos: el problema ha sido la persistencia de prácticas discriminatorias y humillantes que afectan a las adolescentes embarazadas, les dificultan terminar sus estudios y, de alguna manera, las hace enfrentar la culpa por mostrar su sexualidad con un embarazo. La solución el mecanismo principal ha sido la tutela. Sin embargo, los resultados no han sido tan definitivos como deberían. El libro Embarazo adolescente hace un aporte a estos debates al proponer miradas desde distintas disciplinas y al contribuir con datos recientes y ofrecer críticas a la construcción de la adolescente embarazada como un problema. Adicionalmente, sugiere cómo la expulsión de las adolescentes embarazadas debe pensarse no sólo desde el punto de vista moral de la discriminación sino además desde el punto de vista de la desigualdad estructural, que se construye jurídicamente en el sistema de educación.

La aparición de un economía del conocimiento global, muy dependiente de la innovación, ha situado la regulación de la propiedad intelectual en el centro de los debates académicos y sobre políticas públicas. Desde la perspectiva de la relaciones internacionales y el comercio, la importancia del tema es patente cuando se observa la reciente avalancha de negociaciones bilaterales y multilaterales, que suscitan la cuestión de hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad intelectual. Desde el punto de vista jurídico, la gobernanza del conocimiento constituye uno de los pocos campos en los que el sistema multinacional se ha establecido con firmeza. La propiedad intelectual es como el control del cambio climático, la política monetaria y la seguridad nacional un área en la actividad de un país tiene importantes efectos derivados no buscados en otros. Por consiguiente, como ocurre en otras áreas, la propiedad intelectual se ha convertido también en objeto de un marco regulatorio transnacional muy complejo. Este libro analiza la forma como se produce la variación en las normas jurídicas y las prácticas, es decir, cómo las interacciones complejas entre participantes en este campo regulatorio gobiernos nacionales, instituciones internacionales, reguladores públicos y privados, tribunales, empresas transnacionales, productores nacionales, abogados societarios y activistas de las ONG configuran el derecho local e internacional y como estos a su vez son configurados por ese derecho. En particular, se estudian los debates relativos a aquellos aspectos del derecho local e internacional, y cómo estos a su vez son configurados por ese derecho de la propiedad intelectual que inciden en el acceso a los medicamentos; es decir, las medidas que regulan la adquisición, el reconocimiento y el uso de derechos de patentes sobre los productos farmacéuticos y los secretos comerciales sobre los datos relativos a ellas, junto con las condiciones en las cuales estos derechos ceden ante el interés en el acceso al público a medicamentos genéricos más baratos. El libro presenta los resultados de un estudio comparado sobre propiedad intelectual y acceso a los medicamentos en once países latinoamericanos: cinco en Suramérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador) y seis de Centroamérica (Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua).

La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991 narra, por primera vez, una historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y sitúa al tribunal en el amplio contexto de la política colombiana. Para esto rastrea la trayectoria de la Corte como juez constitucional y la divide .en ocho períodos: (1) De juez de la Regeneración a juez constitucional: entre la defensa de la legalidad y la supremacía constitucional, 1886-1910; (2) La Corte Suprema de Justicia en su etapa inaugural como juez constitucional, 1910-1915; (3) La Corte entre las hegemonías conservadora y liberal: entre la política y el .derecho, 1915-1945; (4) La Corte Suprema de justicia, 1945-1952: hacia la crisis del régimen político; (5) La Corte bajo el régimen militar, 1953-1958; (6) La transición al régimen civil: La Corte en los inicios del Frente Nacional; (7) La consolidación y crisis del Frente Nacional y la lucha por el poder del control constitucional,-1968-1980; y (8).La Corte en medio de la guerra: ascenso y declive del control constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1981-1991.Este estudio parte de la jurisprudencia constitucional de la Corte, se toma en serio el derecho y, reconociendo una autonomía parcial de la doctrina jurídica, aborda su relación con'' los acontecimientos políticos. En cada período aparecen distintas intervenciones del tribunal que revelan su carácter político, las complejas relaciones con otros actores del régimen político y los comportamientos estratégicos de la corporación y de sus magistrados. De este modo da cuenta de Ios cambios, las rupturas y la continuidad en la trayectoria institucional de la Corte Suprema de Justicia, la. justicia constitucional e incluso de la construcción de la rama judicial colombiana. En esta historia, la Corte aparece como un actor político "especial", que si bien tomó decisiones limitado por las doctrinas jurídicas y la comunidad interpretativa de. juristas, respondió a distintas influencias de los contextos políticos y ambientes institucionales, Así, revela las relaciones complejas de interdependencia entre la doctrina constitucional y los contextos políticos del control constitucional ejercido por la Corte Suprema de Justicia entre 1886 y 1991.

Quizá por desconocimiento o por ingenuidad siempre se ha pensado que, por el hecho de expedir una ley que pretende descongestionar los despachos judiciales, dicho propósito se va a cumplir de manera mágica. Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 son varias las reformas realizadas al ordenamiento jurídico encaminadas a lograr tal propósito, sin conseguirlo. Una vez más el Congreso colombiano expide una ley que busca agilizar el trámite de los procesos y disminuir la congestión judicial. Así, este libro aborda de manera crítica las reformas introducidas por la ley 1395 del 12 de julio del 2010. Si bien la ley en comento data del año pasado, a la fecha persisten diversas interpretaciones en su aplicación, que bien vale la pena analizar y precisar. Ésta es una de las razones que motivó la publicación de la obra, la cual estamos seguros se convertirá en un texto de obligada consulta para jueces, litigantes y para quienes se interesan en el estudio de las reformas a la Administración de Justicia.

La Quintiada recopila en orden cronológico una selección de cartas y otros documentos de Manuel Quintín Lame y demás protagonistas de la rebelión indígena del Cauca entre 1914 y 1925. A través de las cartas, telegramas, noticias de prensa y algunos documentos oficiales se construye un caleidoscopio de diferentes versiones sobre lo sucedido en esa época, tanto los reclamos indígenas como las respuestas de las autoridades y los comentaristas de prensa. A la recopilación de materiales se agregan tres estudios introductorios. El primero es de Julieta Lemaitre Ripoll y versa sobre la forma como Lame usa el derecho para hablar como autoridad indígena, para promover interpretaciones de la ley favorables a sus intereses indígenas y, en últimas, para justificar la desobediencia a las leyes de disolución de resguardos. El segundo, de Karla Escobar, explica el contexto de modernización, conflictiva y heterogénea, en la que se da la rebelión indígena en el Cauca en este periodo. Por último, Paulo Bacca da cuenta de la historia personal de Quintín Lame en estos años, a partir de las fuentes primarias y secundarias, Este volumen espera llevar a los lectores no especializados la fuerza de las fuentes primarias, en todo su detalle y complejidad, invitándolos a conocer de cerca la historia de un periodo fundacional para el actual movimiento indígena tanto como para los conflictos de tierras que aún conmueven a la nación.

El sistema procesal colombiano está en la búsqueda de mayor efectividad de los procesos judiciales y protección legítima de los derechos de sus ciudadanos. Con la reciente modificación de las medidas cautelares clásicas que logró la inclusión del Código General del Proceso se da un paso que aproxima la realidad sociojurídica que debe atender el legislador. No obstante, todavía no se vislumbra un desprendimiento de las corrientes formalista y tradicional que caracterizan el ordenamiento, especialmente en el ámbito procesal, para crear nuevos enfoques hacia un derecho más robusto, práctico, dinámico y flexible. Con este texto se pretende expresar y mostrar las diversas orientaciones con las que se han recibido dichas teorías en el campo de las medidas cautelares innominadas. La obra tiene un enfoque práctico y se centra en los ámbitos civil, comercial, policivo y contencioso administrativo, de manera que facilitará al lector la comprensión de las medidas cautelares desde su construcción y solicitud en sí misma hasta el acto de enjuiciamiento que propicia el juzgador. Las normas que regulan las medidas cautelares innominadas tienen una aceptabilidad entre los jueces; sin embargo, se demostrará que no hay una tendencia a decretar medidas cautelares innominadas de manera generalizada.

Este libro es un texto introductorio al derecho comercial cuyo objetivo es ser una herramienta útil para la enseñanza y aprendizaje de esta rama del derecho privado en las distintas universidades colombianas, como ha sido hasta ahora, así como texto de consulta en el ejercicio profesional.En esta segunda edición el libro modifica su estructura para dar un tratamiento más claro a los temas, profundiza en la problemática de los actos de comercio y los comerciantes que delimitan la materia mercantil y aborda temas novedosos que han ganado relevancia en los últimos años. Así, trata la denominada constitucionalización del derecho comercial y analiza los deberes del empresario frente a los consumidores, aspecto que se reconoce sin ninguna duda como componente fundamental de las relaciones jurídicas que hoy se multiplican en el mercado. Además, amplía el estudio de la competencia comercial e incorpora fuentes actualizadas, plantea preguntas y casos en todos los capítulos, como una ayuda para afianzar los diferentes conceptos estudiados.La nueva edición actualiza las fuentes doctrinales y jurisprudenciales y también recoge las reformas legales que se han promulgado en los últimos años en cuestiones atinentes a los actos de comercio pero particularmente a los comerciantes, tales como el RUES (Registro Único Empresarial y Social), la eliminación de la inscripción de los libros de contabilidad en el registro mercantil, las nuevas normas sobre cámaras de comercio, los estándares internacionales de contabilidad y los cambios en las normas procesales y de prueba con la expedición del Código General del Proceso, entre otros.

Pasados casi dos años de haber entrado en vigencia de forma integral el Código General del Proceso, no son pocas las inquietudes y vicisitudes que se han venido presentando en la práctica forense respecto de la aplicación e interpretación de las nuevas figuras procesales o frente a aquellas que sufrieron ajustes estructurales. Conscientes de dicha situación, desde el seno de la academia hemos querido trabajar en la actualización de la obra que ahora presentamos a la comunidad jurídica, a fin de que se convierta en una hoja de ruta para todos los operadores de justicia, abogados, estudiantes y especialistas del derecho procesal. Gracias a los generosos comentarios de estudiantes, amigos y colegas, para esta segunda edición hemos abordado el estudio de algunos temas que no fueron tratados en la primera. Se ha profundizado así mismo en el análisis de otros tópicos, que también han sido actualizados atendiendo la visión crítica de los autores y las posturas jurisprudenciales que se han generado.

Las aproximaciones feministas al sistema penal se han hecho desde dos visiones opuestas: por un lado, una postura con una arraigada función simbólica que pretende la inclusión en la legislación de nuevos y ampliados tipos penales basados en la persistencia de la opresión sexual y de la organización patriarcal. Por otro lado, la que duda del derecho penal y de su capacidad para modificar la realidad de la violencia sexual, por lo cual se ha concentrado en criticarlo, se aparta de su uso y no busca salidas que se originen en pautas de interpretación no discriminatorias que atenúan los sesgos en el proceso penal, evidentes en la manera como algunos jueces interpretan las normas, valoran las pruebas o simplemente les niegan a las mujeres el acceso real a la justicia.Ninguna de las dos aproximaciones ha logrado impulsar la intervención punitiva para los daños que reclaman. Si se exige la acción de la norma penal ante los daños derivados de la violencia sexual, se requiere, desde el mismo feminismo, desentrañar la pregunta por los fines y las funciones del derecho penal. Cómo, cuándo, por qué y en qué medida castigar esos daños específicos y diferenciales puestos en evidencia por los feminismos son aspec¬tos básicos para otorgar legitimidad al sistema penal, imponer límites plausibles y dotar de contenido razonado los bienes jurídicos que se pretende proteger.El objetivo central de Feminismos y sistema penal es presentar una reflexión en torno a esas preguntas que la teoría feminista no ha abordado en sus acercamientos al derecho penal. Hoy sigue siendo un reto la pregunta sobre la legitimidad de los daños diferenciales que se causan a las mujeres en determinadas conductas delictivas o a la pregunta sobre el carácter diferencial de la lesividad del bien jurídico protegido cuando hablamos de violen¬cia sexual. La discusión claramente no está cerrada, pero este libro presenta una primera propuesta sobre cómo acercar el derecho penal a una visión teórica feminista crítica.

Las prácticas asociadas al régimen civil de alimentos han sido poco estudiadas en Colombia y habitualmente se ha puesto un énfasis injustificado en la relación entre la crisis del sistema y la congestión judicial. Dado que la mayoría de aproximaciones al tema de los alimentos ha sido de tipo dogmático y formalista, este libro busca constituirse en una invitación a ampliar el lente que observa este régimen para poder analizar cómo incide en la construcción del género y la desigualdad social y económica inscrita en él. Los capítulos de La batalla por los alimentos coinciden en que la manera en la que se estructuran las obligaciones civiles con respecto a los alimentos - quien está obligado, cuánto dinero está obligado a pagar, por cuánto tiempo está obligado a pagar, en qué casos está obligado a pagar, etc. - y el grado de cumplimiento de estas construyen roles, estereotipos de género y desigualdad social.

La mediación internacional es uno de los mecanismos más antiguos y más utilizados en la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, existen pocos estudios de derecho internacional que profundicen en ella. El punto ciego de la doctrina jurídica internacional podría entenderse como una falta de interés o un olvido de los estudiosos del derecho internacional, pero este libro muestra, de manera crítica, que ignorar la mediación tiene que ver con la manera como se concibe y clasifica lo que se considera jurídico o político en el derecho internacional, concluyendo a su vez la dificultad que tiene la disciplina para lidiar con conceptos flexibles e inestables. El libro comienza con un estudio historiográfico de la doctrina internacionalista que va desde finales del siglo xix hasta la doctrina contemporánea, en el que se examina cómo se estudia la mediación internacional y cómo se le distingue de otros mecanismos de resolución pacífica de conflictos, teniendo en cuenta las sensibilidades, el contexto y los sesgos disciplinares que la determinan. Finalmente, se examina la posibilidad de proponer una mirada interdisciplinar comparando la doctrina internacionalista analizada con los estudios que se hacen de la mediación desde las relaciones inter-nacionales, donde se le estudia con mayor dedicación.

El derecho administrativo, en su definición y contenido, ha sido visto tradicionalmente como uno de los campos jurídicos en los que se define, configura y concreta la tensión entre los ideales de igualdad y libertad de una sociedad. Históricamente, el derecho administrativo se desarrolló como un conjunto de herramientas encaminada a hacer que los gobernantes, en su interacción con la comunidad, se rigieran por unas normas que garantizaran la libertad de los individuos. Es decir, que no se cometieran arbitrariedades, que en la actuación del Estado se respetara el debido proceso de acuerdo con el principio de legalidad.En Colombia, esta interpretación del derecho administrativo prevaleció durante las dos primeras décadas del siglo XXI, por esta razón, los catorce capítulos que conforman este libro representan la apuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Editorial Temis por renovar la literatura jurídica nacional sobre el derecho administrativo.

Colombia es un país altamente vulnerable ante los desastres ambientales y los efectos del cambio climático. El Banco Mundial ha señalado que el 84.7% de la población y el 86.6% de los activos están localizados en áreas expuestas a dos o más amenazas ambientales. Así mismo, el IDEAM ha advertido sobre los peligrosos efectos del cambio climático global, como los procesos de desertización, las lluvias torrenciales y la elevación del nivel del mar. Una de las posibles consecuencias de las catástrofes asociadas a amenazas naturales y al cambio climático es la afectación de los patrones de movilidad humana. Estamos hablando de un amplio espectro de fenómenos que abarcan procesos internos y transnacionales de migración voluntaria y desplazamiento forzado, así como de situaciones de confinamiento involuntario y reubicaciones planificadas. No es necesario retroceder demasiado en el tiempo para encontrar situaciones de este tipo. Por ejemplo, la intensa ola invernal, vinculada a La Niña, que golpeó al país entre el 2010 y 2011, obligó a numerosas comunidades a abandonar sus hogares, al tiempo que impedía a otras hacerlo. Hasta el momento, este tipo de afectaciones a la movilidad ha permanecido prácticamente invisible a los ojos de las autoridades, de la academia e incluso de la sociedad civil. Algunas de las personas afectadas han sido incluidas en la categoría de damnificados y atendidas a través de la política de gestión del riesgo de desastre, sin que se establezcan medidas específicas para atender sus particulares necesidades. Otras formas de movilidad menos abruptas no han sido atendidas y, en general, no ha habido suficiente discusión sobre los estrechos vínculos entre la movilidad humana, la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo y la necesidad de replantear el modelo de ocupación y desarrollo territorial. Esta publicación aboga por una visión más integral de la movilidad humana que incorpore sus dimensiones ambientales y su íntima relación con el modelo de desarrollo del país. Para ello, ofrece un recorrido por los aspectos conceptuales uy jurídicos del problema y propone la construcción de una política pública específicamente orientada a la prevención, gestión y búsqueda de soluciones sostenibles de la movilidad asociada a los desastres ambientales y los efectos del cambio climático. Así mismo, ofrece una serie de lineamientos para diseñar tal respuesta, elaborados a partir de las numerosas disposiciones y recomendaciones que se han formulado desde el derecho internacional y desde las normas y políticas nacionales actualmente vigentes.

La obra compila tanto artículos como versiones actualizadas y revisadas de trabajos publicados en distintas revistas jurídicas del país. Se trata de escritos con temáticas y enfoques variados pero cuyo eje articulador y horizonte de inspiración es la innovación. En ellos se abordan cuestiones que ocupan la atención del grupo de profesores e investigadores del Departamento de Estudios Jurídicos tales como: los derechos, la justicia, la equidad, la igualdad, los jueces, la protección social, la teoría y la filosofía jurídica, la iushistoria y la dogmática jurídica. En suma, son trabajos que reflejan un modo diferente de ver el Derecho.

Ante la notable cantidad de reclamaciones por vicios o defectos constructivos que en nuestros jugados se producen habitualmente, este libro resulta de gran ayuda para conocer detalladamente el tipo de acciones que se pueden ejercitar, en función de los plazos y del tipo de vicios o defectos que se hayan producido. Además conoceremos con exactitud la responsabilidad de todos los agentes de la edificación, la intervención procesal de terceros en el procedimiento, y en especial un tema de rabiosa actualidad, esto es, la legitimación activa del presidente de la comunidad de propietarios para actuar en nombre de los comuneros. Asunto este que ha generado numerosas sentencias contradictorias de varias Audiencias Provinciales y que finalmente ha sido zanjado por el Tribunal Supremo.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. Tras trece años de ejercicio de la abogacía, en la actualidad desempeña la función de Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Málaga, que compagina con la labor de investigación y publicación de libros y artículos doctrinales.