Derecho

Esta obra se centra en el análisis y comentario de la normativa penitenciaria estatal (Ley orgánica general penitenciaria y su reglamento) que regula las Unidades de madres de los centros penitenciarios, Unidades donde conviven las citadas madres reclusas junto con sus hijos o hijas de edad inferior a los 3 años; dicho análisis lo hemos realizado bajo el prisma del principio del interés superior del menor.La finalidad del estudio presente es que suponga un avance en el conocimiento del citado principio del interés superior del menor, en el contexto penitenciario, a partir de la presencia de menores en dicho contexto, esto es, en las mencionadas Unidades de madres que se ubican en el interior de dichos centros.Creemos haber conseguido dicho avance en un contexto el penitenciario- que, aunque ha sido estudiado profusamente, esta obra aporta elementos innovadores en relación con obras anteriores, que son las propuestas de mejora del marco legislativo que enunciamos al final del estudio presente, propuestas que esperamos lleguen al legislador y, en todo caso, a los operadores jurídicos, sociales y educativos para recibir -para debatir- de éstos otras más y mejores- propuestas de mejora del marco legislativo regulador de la presencia de menores en las Unidades de madres de los centros penitenciarios.Joan Manel Gutiérrez i Albentosa se licenció en Derecho en la Universitat Pompeu i Fabra, en el año 2003. En el año 2004, empezó a ejercer profesiones jurídicas en calidad de sustituto: ha sido juez, primero en Ripoll y, después, en varios juzgados más de la provincia de Barcelona. Posteriormente, Abogado de la Generalitat de Catalunya, en el Gabinete Jurídico, en el equipo penal, donde ejerció la representación legal y defensa de la Generalitat en los juzgados de menores de Barcelona. Más tarde, ha sido fiscal, adscrito en la Fiscalía Provincial de Barcelona.Actualmente, es abogado ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona compaginando dicha actividad con la docente como profesor asociado en la Facultad de Derecho, en la Universitat de Barcelona.

En la presente monografía, se destacan los cimientos al Estado Social democrático. El Estado Español lejos de aplicar venganza, busca redimir a sus ciudadanos, a tal punto que se caracteriza por la justicia y libertad mediante la no punición del desistimiento, no obstante en lo referente al principio de legalidad, se hace notar que el desistimiento punitivo seria violentar la norma que lo presenta como no punitivo y por ende violentaría este principio, que vendría siendo contrario a la justicia, ya que constituiría plagar las cárceles de delincuentes que pueden redimir su pena con trabajos sociales, lo cual denota una visión garantista de reconocimiento pleno de derechos expresada por el autor.De igual forma en el capítulo siete, denominado: Delito Imposible; se da una reseña histórica del delito imposible, para consecuentemente abordar su naturaleza, marcando las diferencias con otras figuras delictivas, así como una explicación de la regulación jurídica; y lo trascendental del entendimiento de la tentativa Inidónea en el Iter Criminis; desde una cuestión terminológica y jurisprudencial.Cabe destacar de igual manera en el capítulo final denominado: Teorías aplicables al delito imposible; se cierra la obra magistralmente con el análisis de teorías objetivas; De la realización parcial del delito; De la falta de tipo; Objetivo-materiales (teorías del peligro); objetivas y esquemas del delito; Subjetivas; y esquemas del delito; Mixtas; de la idoneidad objetiva del plan del autor; del error nomológico y ontológico; De la impresión; y, de la unificación.Gianni Egidio Piva Torres. Abogado. Estudió en la Universidad Santamaría y en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Años1994/199. Magistrado, Dr. Leoncio Landaez.Especialista en Derecho Civil, Procesal Civil, Penal y Procesal Penal. Especialista en materia de Drogas.Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados, Estado de Carabobo.Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia.Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez, Carabobo, Venezuela.Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz.Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos.Es conferenciante habitual y las citas a sus obras aparecen en múltiples decisiones de los Tribunales.Publicaciones. Contabiliza un total de hasta 63 publicaciones. Ha editado en Colombia, Venezuela, Bolivia y ahora en España.

Principios y garantías procesales constituye una excelente aportación al debate crítico del derecho procesal dirigido a mejorar la efectividad del derecho a la tutela judicial.En esta obra encontramos novedosos estudios sobre el proceso civil, que abarcan desde la problemática constitucional del actual sistema de tasas judiciales, a temas tan complejos como la intervención provocada de terceros, la delimitación del objeto del proceso y el alcance de la cosa juzgada en relación con el art. 400 LEC, la nulidad de actuaciones, o la ineficacia de la ejecución y sus posibles soluciones. De igual modo, se examinan los principios rectores de los procesos concursal y arbitral tras sus últimas reformas normativas. Y especial atención merecen también los estudios dedicados a los principios y garantías del proceso penal, que adquieren especial relieve en el momento actual en el que se está elaborando un nuevo Código Procesal Penal. Los principios de legalidad y oportunidad, el principio acusatorio, la relación de la presunción de inocencia y la regla probatoria de in dubio pro reo, entre otros aspectos del enjuiciamiento criminal, constituyen objeto de estudio de esta obra.Esta obra rinde homenaje a la querida profesora María Victoria Berzosa Francos por parte de sus discípulos, amigos y admiradores, pues la profesora Berzosa constituye un magnífico modelo a seguir de honesta y desinteresada entrega a la Universidad.

El consumo de drogas es un problema que afecta de manera muy especial a los grupos más vulnerables de la sociedad. A pesar de la prohibición, las cifras publicadas por los organismos de control de drogas muestran que el consumo de estupefacientes nunca ha sido tan alto como en la actualidad. Para empeorar las cosas, a partir de esas sustancias, se organizan sistemas sociales que desarrollan una economía sumergida apoyada en la criminalidad internacional para producir y comercializar drogas a gran escala. Las consecuencias derivadas de la producción, tráfico y consumo de drogas son un fenómeno calamitoso y global.

El objetivo de esta publicación es ayudar a hacer oración y a generar re exiones personales para la vida cotidiana, al hilo de la lectura del Santo Evangelio y de las explicaciones de grandes maestros de la espiritualidad cristiana. Y al tratar de que sea oración personal, más que lectura erudita, el autor es consciente de que el verdadero protagonista de ese diálogo es el Espíritu Santo en el alma de cada lector. Ese es otro secreto más de las parábolas

The Iberian-American Law Review of Sports´ Business and Economics is an annual journal that has been set up by a jointly effort of lawyers, scholars and professionals of sports industry with the aim to provide valuable content in international sports business. More than providing a content related to Sports Law, stricto sensu, our purpose is to exchange legal knowledge and to deliver specialized analytic content related to the sports industry.

Una de las características esenciales del arbitraje, que diferencia claramente este sistema de resolución de conflictos de la jurisdicción, es la confidencialidad. Suele además considerarse como una de las principales ventajas del arbitraje.En efecto, el arbitraje es, en primer lugar, un medio privado de resolución de conflictos, que goza por tanto de privacidad frente a la publicidad inherente a los procesos judiciales.Pero privacidad y confidencialidad no son conceptos idénticos, y el arbitraje, entre nosotros, reúne ambas características. Es, como ya se ha dicho, un sistema privado en el que no rige el principio de publicidad de las actuaciones procesales de todo tipo de procedimientos jurisdiccionales previsto y desarrollado en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.Pero además, el art. 24.2 de la Ley de Arbitraje establece el principio de confidencialidad, imponiendo a los árbitros, a las partes y a las instituciones arbitrales la obligación de guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales.Por consiguiente las partes de un arbitraje, mediante la aplicación del principio de confidencialidad, evitan que se divulgue la existencia de la controversia, que podría tener efectos reputacionales negativos, pero también impide que se divulguen, como ocurre en la jurisdicción, informaciones de las empresas que se desea mantener en secreto y por tanto cuya difusión se quiere evitar.En este sentido, conviene recordar que la ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, destaca la gran importancia de la información confidencial de las empresas. Y dicha norma faculta a los jueces a que puedan adoptar en los procedimientos basados en tal ley, medidas para mantener en secreto durante el juicio las informaciones confidenciales de las empresas.Pues bien, en sede arbitral dichas medidas no son facultativas sino obligatorias, y no sólo en procedimientos sobre secretos empresariales sino en todos los procedimientos arbitrales.No cabe, pues, la menor duda de la ventaja que la confidencialidad comporta frente a la publicidad general propia de las actuaciones procesales en la jurisdicción.El principio de confidencialidad ha sido ya tratado en anteriores números de esta revista, y lo será sin duda en nuevos números, dado que persistimos en la idea de proporcionar al lector trabajos sobre las materias más relevantes de derecho arbitral, como los que encontrará en el presente número.Francisco Tusquets Trias de BesDirector

"Sobre la prueba pericial disponemos ya del gran libro de Carmen Vázquez, De la prueba científica a la prueba pericial, en esta misma colección. Y a partir de ahora, tenemos también en español este estupendo libro de Vitor de Paula Ramos sobre la prueba testifical. Es evidente que ninguno de los dos agota los problemas que plantean esos tipos de prueba en el proceso, desde su diseño legal, su práctica en los tribunales y su valoración por los jueces y magistrados. Pero ambos representan un punto de inflexión, un giro copernicano, en el modo de enfrentar los problemas de la prueba pericial y de la prueba testifical. [...]En resumen, no existe en mi opinión un libro en español que aborde con la amplitud de perspectiva de Vitor de Paula Ramos la prueba testifical y que fundamente mejor cómo deberíamos repensarla. Probablemente porque son escasos los juristas que conocen el derecho procesal y la práctica forense, los debates de la epistemología del testimonio y los avances de la psicología del testimonio como demuestra conocerlos nuestro autor". Del "Prólogo", por Jordi Ferrer Beltrán."Estoy seguro de que el debate internacional se enriquece sobremanera con la traducción de esta excelente obra de Vitor de Paula Ramos -procesalista habilidoso, cuyas ideas ahora también pueden asimilarse en la lengua de Borges y Cervantes-". De la "Presentación del autor", por Daniel Mitidiero.

Cuando hablamos del concepto de delito, estamos hablando de la esencia del Ius puniendi, para el análisis de este concepto que es lo que trata la presente obra, nos apoyamos en conceptos filosóficos y dogmaticos, de ahí la denominación del libro como Concepto Filosófico y Dogmatico del Delito.Al referirnos al concepto filosófico y dogmatico del delito, hacemos un esbozo del pensamiento filosófico, señalando que desde el punto de vista religioso el pecado se equipara al delito, en el cristianismo encontramos prohibiciones como no robar, no matar, hoy recogidas estos mandatos en tipos penales autónomos.Ya tratando de positivista el concepto de delito, desde la dogmatica, nos paseamos por el pensamiento Griego, Romano, hasta llegar a las escuelas positivistas alemanas, para terminar aceptando, que el delito es un acto típico antijurídico y culpable.Una vez definido el concepto de delito, desde la óptica filosófica y dogmatica, nos entramos en los elementos que lo componen, como son: la tipicidad, la acción, la culpabilidad como elemento punitivo.En lo relativo a las eximentes de responsabilidad penal que anulan al delito, señalamos que si bien un delito es un acto típico antijurídico y culpable, en el caso de las eximentes de responsabilidad penal no se completa el concepto de delito y por lo tanto el hecho no es punible, por faltar un elemento como es la culpabilidad. Como bien lo dice Zaffaroni: en el caso de las eximentes de responsabilidad penal el hecho es típico, antijurídico pero no llega hacer culpable, por razón de la eximente de responsabilidad penal.Gianni Egidio Piva TorresTítulo Universitario: Abogado.Estudió en la Universidad Santamaría y en la Universidad Bicentenaria de Aragua.Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez.Especialista en Derecho Civil, Procesal Civil, Penal y Procesal Penal.Especialista en materia de Drogas.Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados, Estado de Carabobo.Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia.Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez, Carabobo, Venezuela.Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz.Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos.Es conferenciante habitual y las citas a sus obras aparecen en múltiples decisiones de los Tribunales.Contabiliza un total de hasta 63 publicaciones. Ha editado en Colombia, Venezuela, Bolivia y ahora en España.Alfonzo GranadiiloAbogado Universidad Bicentenaria de Aragua.Master en Derecho Penal.Experto en criminalistica.Coautor con D. Gianni Piva en: Derecho Penal especial, Delito y Penas, Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, Comentarios a la Ley de Robo y Hurto de Vehículos.Es miembro de la internacional Socialista.Vice presidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo (Venezuela).

El poder, el sufrimiento y la lucha por la dignidad está dirigido a un público amplio, a cualquier persona interesada en comprender qué significa y por qué son importantes los enfoques de la salud basados en los derechos humanos. Proporciona una base sólida para comprender las implicaciones de un marco de derechos humanos y el potencial de transformación social que puede tener. La aplicación de tal marco a la salud exige que pensemos en nuestro propio sufrimiento y en el de los demás, así como en sus causas fundamentales. ¿Cuál es nuestra agencia como seres humanos, con derechos y dignidad, y qué nos impide actuar en ciertas circunstancias? ¿Cuál es la intervención que hacen otros en las decisiones que afectan nuestra salud? ¿Cómo determinamos si aquello que consideramos natural es o no, en realidad, producto de prácticas y políticas humanas cambiantes? Mediante el análisis de éxitos en la aplicación de dichos enfoques a la salud y los retos que se enfrentan, Yamin muestra lo que puede aprenderse y formula los supuestos explícitos a partir de los cuales podemos conseguir una transformación social. En última instancia, el objetivo de El poder, el sufrimiento y la lucha por la dignidad es promover que pasemos del análisis a la acción, que comencemos a usar los enfoques de derechos humanos para hacer realidad un cambio social significativo en la salud en todos los países del mundo.

Presentamos el segundo libro de la reciente colección «Derecho y Libertad» dirigida por el Juez Dr. Ricardo Manuel Rojas.En Justicia a la venta, Pablo Sánchez Nassif demuestra, por primera vez en la historia, cuánto cuesta realmente un juez imparcial en el mundo. Para lograrlo, primero deberá desmontar diversos mitos, como que son las intenciones, y no el dinero, lo que define la rectitud de un pool judicial. Un estudio que recorre más de cien países, para finalmente revelar en cada uno de ellos que los jueces solo son corruptos cuando son pobres.Un ensayo breve y revolucionario. Justicia a la venta aborda el problema más importante que enfrenta buena parte del mundo: la corrupción. Y lo que es más relevante, nos brinda una hoja de ruta para eliminarla, con los mismos recursos, en menos de un año.

Desde que en el año 2012 se publicó la primera edición de este libro, se han producido algunas reformas que pudieran afectar a la resolución de alguno de sus casos, como, por ejemplo, la profunda modificación del art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) (especialmente, aunque no solo, en lo que afecta al principio de justicia universal en la aplicación de la ley penal española por los jueces y tribunales españoles). No obstante, hasta el presente habíamos decidido no modificar el texto del libro, pues, aunque algunas soluciones a los casos pudieran verse afectadas, no eran las que se desarrollan expresamente como soluciones al caso por nosotros, de manera que no resultaba necesaria la revisión.Sin embargo, las reformas del Código Penal (CP) ocurridas en 2015 y, en lo que afecta a este volumen, muy especialmente, aunque no solo, las operadas por la Ley Orgánica (LO) 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio del presente año, hacían imprescindible ya la modificación de diferentes casos del libro, partiendo básicamente y hasta donde ha sido posible, eso sí, de los casos de la primera edición, actualizados y puestos al día con la calificación jurídico-penal que corresponde a los hechos conforme a las reformas aprobadas por las LO 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo. Esto significa que, en aquellos casos reales que han sido extraídos de la jurisprudencia, si bien se ha mantenido la referencia jurisprudencial (para que el alumno u otro lector pueda consultar la resolución dada al caso por el correspondiente tribunal), se han hecho las adaptaciones que, en su caso, han sido necesarias (a veces la adaptación ha sido simplemente una modificación de las fechas de realización de los hechos, para evitar problemas adicionales de ámbito temporal en los casos planteados para resolver). En una metodología ?conservadora? del material de la primera edición, hemos propuesto a veces una doble solución o una doble pregunta, según el enjuiciamiento se produjera antes o después de la entrada en vigor de las citadas reformas.

Este libro aproxima al lector a un estudio del grave problema social de la violencia contra la mujer y el maltrato familiar, así como señala la necesidad de romper el silencio de la sociedad ante una situación de violencia contra la mujeres y los miembros del grupo familiar, bajo una óptica global. La violencia intrafamiliar es considerada una violencia de género, una vez que está basada en las desigualdades de poder que existen entre hombres y mujeres, contribuyendo a perpetuar la discriminación, opresión y los maltratros cometidos en el hogar. Es urgente una sanción efectiva de los Estados, a fin de que por medio de instrumentos nacionales e internacionales sea posible prevenir y erradicar este tipo de violencia, siendo evidente que esta causa no es contra el hombre, sino contra los agresores. Así pues, es imprescindible una toma de conciencia social de la gravedad de este flagelo social para que se pueda combatir.Roberta LÍDICE. Profesora, conferenciante e Investigadora. También abogada y consultora jurídica. Actuante en el ámbito preventivo y consultivo en las áreas de Derecho Penal, Derecho Administrativo, Gestión Pública y Empresarial con énfasis en la actuación en Defensoría del Pueblo/Ombudsman. Defensora del Pueblo certificado por la Ouvidoria-Geral da União (OGU) y la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), para el ejercicio de la actividad de Defensoría del Pueblo y Participación Social.Doctoranda en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) - España. Es autora y coautora de varios libros y artículos jurídicos y sociales.

La Revolución francesa inauguró un Estado moderno como Estado de Derecho, en el que no solamente los gobernados sino también los gobernantes estarían sometidos al ordenamiento jurídico de cada nación. Ese Estado que confrontaba el despotismo de los monarcas aspiró a limitar y a contener los abusos y los excesos de esos gobernantes proclives al absolutismo, apelando para ello a la teoría de los pesos y contrapesos, reconocida a Montesquieu, siendo el poder judicial -cuya legitimación se sustenta en la ratio iuris- la principal salvaguarda de ese nuevo Estado, garante de los derechos de todos.Pero en la praxis de los primeros regímenes liberales, las cosas no parecieron responder al proclamado principio de igualdad; el propio régimen francés excluyó a las mujeres, a los inmigrantes y a los hombres no propietarios finalmente a la gran mayoría- consagrando con ello unos nuevos privilegiados. En América, los Estados Unidos cuya revolución fue anterior a la francesa, tampoco incluyeron a las mujeres y a los negros.En ninguno de estos países, los jueces hicieron respetar los derechos de esas mayorías; al contrario para la Corte Suprema de los Estados Unidos, estos afro-descendientes no eran más que cosas, mercancías. Para los jueces franceses, las mujeres eran como menores de edad, incapaces; ellas pensaban con la cabeza de su marido.Llegado el siglo XX, grandes hecatombes pusieron a prueba los poderes judiciales, exponiendo su falta de compromiso y autonomía. Nada hizo la judicatura alemana frente a un nazismo que en 1933 empezó a horadar el Estado de Derecho. Tampoco los jueces de la Unión Soviética marxista pero también abanderada de la igualdad- se opusieron o resistieron a un régimen que desató una persecución contra todo rastro de disidencia. Igualmente en América Latina los jueces resistieron mínimamente las oprobiosas dictaduras fascistas de seguridad nacional.Las preguntas que se hace este texto es ¿por qué esa incapacidad, esa disfuncionalidad en cumplir un rol estructural para el que fue instituido el poder judicial? La respuesta es que si bien desde fuera ese poder fue concebido como una estructura vertical y autoritaria la retórica libertaria era otra cosa- también desde dentro la institución de la justicia carecía de una voluntad y de una capacidad de autonomía para pensar y juzgar. Tal como la escuela, forjada para transmitir un saber a través de la memoria, la religión asimilada para imponer verdades dogmáticas absolutas, el ejército para imponer mediante la fuerza un orden, con prohibición para sus miembros de deliberar, la justicia renunciaba a la facultad de pensar acogiendo el seguimiento ciego de métodos exegéticos y tradiciones jurisprudenciales con el resultado de la instauración de unos nuevos privilegios.Fernando Tocora, ex magistrado colombiano, catedrático de doctorados y maestrías en Instituto Nacional de Ciencias Penales de México, Univ. San Carlos de Guatemala, Univ. Central de Caracas, del Zulia (Venezuela), Univ. del Norte (Barranquilla), entre otras.Ha publicado diez libros: "Derecho Penal Especial" 11 ediciones, Librería del Profesional, "Principios Penales Sustantivos", Ed. Temis, "Política Criminal Global en América Latina" editorial de la Univ. de Buenos Aires, "Política Criminal en América Latina", ed. Univ. de Avellaneda (Argentina), "Política criminal en América Latina - Seguridad Nacional y narcotráfico" Ed.Orlando Cárdenas (México), entre otros.También ha publicado una treintena de artículos en revistas como "Archives de Politique Criminelle" y "Revue de Droit Pénal et Sciences Criminelles" de la Univ. de Paris, "Criminalia" de México, "Nuevo Foro Penal", entre otras.Como conferencista invitado: Universidad de Siena (Italia), Univ. Jean Monnet (Bari-Italia), Univ. de Buenos Aires, UNAM de México, Universidad de París, entre otras.

Si los hechos que el abogado maneja no son subsumibles dentro de un tipo penal, no tiene un caso penal sino una historia, pura y simple. Si los hechos son subsumibles dentro del tipo penal, pero no hay prueba, se tiene una buena historia delictiva. Si los hechos son subsumibles dentro del tipo y además se tiene una buena prueba, el fiscal tiene un caso.Esta expresión revela que la construcción del caso penal, no se reduce a la mera presentación de los hechos ante un Tribunal o jurado; por el contrario, exige una metodología de trabajo en la cual se conjuguen los aspectos fácticos, normativos y probatorios que permita el esclarecimiento de los hechos, la coincidencia de la verdad procesal con la histórica, así como, una respuesta del órgano jurisdiccional legítima y propicio para los intereses de las partes.Esta metodología no es otra que la denominada Teoría del caso, la cual es estudiada en la presente obra, no desde la perspectiva norteamericana de enseñanza del Derecho por casos o la persuasión del Jurado a través de una exposición emotiva de los hechos, sino como método de trabajo para la construcción y análisis de hipótesis delictiva a través del empleo de esquemas conceptuales como la teoría del delito y la teoría de la prueba. Ello, revela la importancia de la Teoría del caso, la cual no es privativa del trabajo del Fiscal, sino también de todo interviniente en el proceso penal (Juez, abogado defensor, acusador particular, etc.), debido a que, el profesional del Derecho quien conozca y maneje la Teoría del caso presentará una ventaja competitiva frente a sus demás colegas, porque podrá emplear herramientas propias del Derecho penal y del Derecho procesal penal. Para ello, encontrará, en el presente estudio, todo el material necesario para construir estrategias procesales y salir airoso en la dinámica que impregna el proceso punitivo; empleando instrumentos sustantivos y adjetivos cuya conjunción permite la Teoría del caso.Finalmente, el contenido del presente estudio es examinar la teoría del caso aplicada en el proceso penal acusatorio, a través de cuatro fases o pasos: a) constructiva, la cual implica desmenuzar los hechos, seleccionar la teoría del delito aplicable al caso, subsumir los hechos en cada uno de los elementos de la teoría del delito seleccionada e identificar las evidencias que den sustento a cada uno de los hechos ya desmenuzados; b) recolectiva, la misma que denota la búsqueda y aseguramiento de aquellas evidencias (declaraciones, documentos, etc.) tendientes a demostrar su caso o versión; c) depurativa, esto es que, formulada la acusación, lo que se busca es sanear todo el material probatorio, a fin que, sólo lo legalmente obtenido e incorporado al proceso sea lo que se exponga como material que acredite la versión que plantea la parte; y d) expositiva, la cual consiste que las partes expongan, sustenten y debatan cada una de las versiones esgrimidas. En ese sentido, estos pasos operan tanto en la investigación preliminar, preparatoria, intermedia y de juzgamiento, respectivamente; lo cual implica reconocer que la teoría del caso se construye desde el primer momento en que uno ingresa a la dinámica del proceso penal, y como una brújula, nos irá conduciendo en las respectivas etapas procesales.Hesbert Benavente Chorres, es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (Perú), Especialista en Derecho procesal por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (Argentina), Maestro en Derecho penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México; con estancias de investigación en España, Estados Unidos e Italia. Ex Fiscal Adjunto Superior Adscrito a la Fiscalía Suprema de Control Interno (Perú) y consultor en torno al capítulo de la prueba de cargo en la audiencia del Juicio Oral contra el ex Presidente del Perú Alberto Fujimori Fujimori.

Esta obra aborda uno de los temas más litigiosos y de mayor relevancia y auge dentro del tráfico jurídico: los acuerdos precontractuales. En ella se estudia con detalle y rigor los documentos precontactuales más utilizados, los precontratos, los acuerdos de intenciones o letters of intent, los memoranda of understanding, las invitaciones a negociar y las autorizaciones a proceder, para alcanzar conclusiones claras sobre su concepción y eficacia sustentadas en reciente jurisprudencia y doctrina, tanto española como de Derecho comparado. Especialmente en Derecho estadounidense, donde el autor estudió un LLM en la University of California Berkeley y se colegió. El libro está enfocado a dar unas respuestas prácticas a las preguntas que surgen ante el uso de este tipo de instituciones precontractuales, suministrando a su vez útiles modelos de cada una de ellas y de acuerdos de confidencialidad, tanto en español como en inglés. Es decir, nos encontramos ante un práctico manual de acuerdos precontractuales que puede resultar interesante para cualquier jurista, profesional o estudioso del Derecho.

A día de hoy no existe una disposición legal que referencie la naturaleza jurídica de las estancias que configuran los depósitos municipales de detenidos, encontrándonos en un escenario con múltiples intervinientes físicos y jurídicos que no pueden homogeneizar las garantías jurídicas consignadas en nuestra Carta Magna a las personas privadas temporalmente de libertad.Desde la promulgación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, hace ya más de treinta años, existe un vacío legal que pretende paliarse con la aprobación por parte de determinados Ayuntamientos de Reglamentos internos, en los que se intentan regular entre otros aspectos: el ingreso y cacheo del custodiado, el régimen de sus visitas, sus derechos y deberes, ó como debe realizarse su vigilancia y traslado...Este libro es fruto de una reflexión personal sobre la necesidad de elaborar y aprobar una Ley Orgánica de custodia de detenidos, pues sólo así se preserva la integridad y el ejercicio efectivo de sus Derechos Fundamentales mientras su actividad deambulatoria se encuentra vetada.Amalia Fustero Bernad. Juez adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Máster en: Derechos Fundamentales, Criminología y Criminalística, Compliance Officer y en Criminalidad juvenil e intervención delictiva y penitenciaria. Especialista Universitario en Mediación familiar, civil y mercantil. Conferenciante y colaboradora de distintas revistas jurídicas.

Montserrat Abad estudia en el libro las posibles vías para enjuiciar a los combatientes terroristas extranjeros que se unieron a las filas del Estado islámico. El objeto se centra en su persecución por los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en el conflicto armado transcurrido entre 2014 y 2017 en Iraq. Muestra las carencias y dificultades que existen a este respecto, tanto en lo que se refiere a la jurisdicción internacional como a las nacionales. Además, detecta incongruencias entre distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre todo entre las que se refieren específicamente, de un lado, a los combatientes terroristas extranjeros, y, de otro lado, a los crímenes de atrocidades masivas. Asimismo, se examinan ciertas novedades relevantes en materia de prueba, así como la interrelación de Iraq y Siria a muchos de los efectos considerados.Entre las conclusiones, se pone de relieve, de un lado, que deben corregirse las incoherencias reveladas a fin de prevenir una contradicción con los objetivos que el Derecho internacional persigue en la lucha contra la impunidad por los crímenes atroces; y, de otro lado, que será crucial la posición que los Estados adopten con respecto a la aplicación de ciertos principios de jurisdicción. En todo caso, el concepto de justicia es omnipresente, ya que la autora invoca sus múltiples significados relevantes para lograr soluciones sostenibles. Así, la justicia se pone por supuesto en relación con la acción judicial con respecto a los terroristas yihadistas, pero también con otros aspectos igualmente trascendentales, como la justicia transicional en Iraq, la prevención de las causas del terrorismo y, en definitiva, el papel de la equidad como ingrediente fundamental para enfrentarse al yihadismo.A su vez, Enrique Mora Benavente, Director General de Política Exterior y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es el autor del Prólogo, en el que, con su exhaustivo conocimiento, muestra claves indispensables para entender la realidad analizada.Montserrat Abad Castelos. Catedrática de Derecho internacional público de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido previamente profesora titular en la misma Universidad, así como en la de A Coruña. Doctora en Derecho (Universidad Complutense de Madrid) y Licenciada también en Derecho (Universidad de Santiago de Compostela). Ha sido Consejera Técnica en Comisión de Servicios en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es también miembro del CEDIH de Cruz Roja Española.Sus principales líneas de investigación se conectan con la energía; la jurisdicción internacional; la sociedad civil; el Derecho internacional humanitario; y el terrorismo. Ha formado parte de la Delegación de España en distintos foros internacionales, entre ellos, algunos relacionados con la lucha contra el terrorismo. Entre sus estancias de investigación más recientes, ha sido profesora visitante en el IALS y el BIICL (Londres); Universidad de Lund (Suecia); y el CELI de la Universidad de Leicester (Reino Unido).

Desde la incorporación de la Prisión Permanente Revisable en España las críticas por parte de la doctrina se han seguido sin interrupción. El manifiesto firmado por más de cien catedráticos de Derecho Penal que se ha erigido en su contra da buena muestra de ello. La idea general por parte de los críticos consistiría en que una pena de esta naturaleza sería, además de inútil, inconstitucional e impropia de un Estado de Derecho. ¿Es así realmente? Con este libro pretendo ofrecer mi heterodoxa perspectiva al respecto, con la intención de mostrar al lector que, en contra del consenso casi unánime, la constitucionalidad de la PPR es, no solo defendible, sino la interpretación más razonable.La tesis podría ser resumida del siguiente modo: la PPR se distingue con claridad de la cadena perpetua y de ningún modo puede ser descrita como un eufemismo de la misma. Al contrario, se trata de una institución penal original que debería comprenderse como una pena de liberación condiciona. Esto es, una pena que exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que el castigo impuesto sea levantado. Es evidente que una propuesta así no convencerá a todos pues solo es compatible con determinadas sensibilidades político-filosóficas. Pero ello no es óbice para considerarla perfectamente constitucional y acorde con los Derechos Humanos.En mi opinión, todo aquel que se atreva a pensar sin prejuicios y analice la cuestión con serenidad lo descubrirá, viendo que lo que aparecería como un monstruo populista-punitivo es, en realidad, una medida perfectamente coherente con los principios y valores propios del Estado de Derecho moderno.Gonzalo Fernandez Codina (1993) Barcelona. Filósofo y jurista. Compagina la abogacía con la escritura. Co-fundador y editor jefe de Revista Libertalia (www.revistalibertalia.com).

La llamada violencia de género, que se traduce en alguna especie de maltrato, físico y/o psíquico contra la mujer, puede llegar a realizarse de una manera tan sutil que dificulta su prueba ante los tribunales y cuenta solamente con el testimonio de la propia víctima. De ahí que uno de los pasos necesarios sea construir un complicado algoritmo como el que se muestra en esta obra y que facilite al jurista la necesaria evidencia.Luis Muñoz Sabaté natural de Barcelona donde reside y de cuya Universidad fue Profesor Titular de Derecho Procesal. Ejerciente como abogado es además Psicólogo Clínico por la Facultad de Medicina de dicha ciudad. Autor de numerosas obras de derecho que generalmente tratan sobre la prueba, cabe destacar Técnica Probatoria, un auténtico best seller sobre esta materia, actualmente reeditada, y la más reciente La prueba de indicios en el proceso judicial. En el plano psicológico su obra preferida es Enfermedad y Justicia. El papel del derecho en la psicoterapia individual y colectiva.

¿Cuáles son los derechos del arrendador y del arrendatario? ¿y sus deberes?¿Qué dice la nueva LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) sobre las relaciones entre propietario e inquilino?¿Qué criterios hay que seguir para la actualización de la renta?¿A qué normativa debe ajustarse la fijación de una fianza?Quien tiene propiedades en arrendamiento o vive en régimen de alquiler se encuentra muchas veces ante situaciones en las que debe tomar alguna decisión y desconoce cuáles son sus derechos y obligaciones. Por ello, el propósito de este libro es precisamente ayudar a esas personas a solventar todas sus dudas.Un grupo de reconocidos especialistas en la materia y con una larga experiencia profesional han elaborado este texto completo y apto para todas las personas que no son expertas en el tema.