Derecho

El Derecho civil, pese a estar considerado como una materia propia de los profesionales de la abogacía, tiene una relevancia tal en nuestra vida cotidiana que es preciso que todos los ciudadanos tengan una cierta idea de su naturaleza.Basta pensar en los aspectos reglamentados para darnos cuenta de que el Derecho civil rige en buena parte nuestras vidas: no sólo avala nuestra propia condición de ciudadanos (en cuanto personas físicas en posesión de la nacionalidad española), sino que regula aspectos tan básicos como la familia, el matrimonio, la patria potestad, la emancipación o la sucesión.Su campo de aplicación va más allá de lo estrictamente privado: los contratos y obligaciones, los derechos reales y la clasificación de los bienes también son de su competencia.Este manual compendia los aspectos más importantes del Código civil y comenta de una manera sintética y comprensible todos los artículos que más nos afectan.El conocimiento de las leyes que componen el Código civil no es sólo un deber de los ciudadanos: es también un derecho al que no podemos renunciar.

La legislación referente a la propiedad horizontal ha sido objeto de reforma en los últimos años, en un intento de solucionar las demandas planteadas con más frecuencia en este ámbito.Este manual ofrece una exposición rigurosa, además de clara y asequible, de todos los temas relacionados con la propiedad horizontal, incidiendo en aquellos aspectos más polémicos de la experiencia cotidiana y en las soluciones proporcionadas por la práctica judicial.El lector encontrará todo lo que necesita conocer en relación al tema: fundamentos jurídicos, marco normativo y constitución de la propiedad horizontal; normas de régimen interior; elementos comunes y partes privativas; órganos de gobierno de la comunidad, celebración de juntas y adopción de acuerdos; obligaciones, derechos y deberes de los propietariosEl libro incluye modelos de documentos que serán de gran utilidad para redactar convocatorias de juntas, actas, etc.

El derecho de sucesiones, si bien suele considerarse como una rama del Derecho reservada a juristas, académicos y profesionales, afecta de manera directa o indirecta a todos los ciudadanos a corto o medio plazo.Esta obra ofrece una visión actualizada del derecho de sucesiones en España. Así, se explica, de una forma clara y concisa, la forma de suceder cuando existe testamento por parte del causante o cuando el fallecido no dejó testamento o legado alguno antes de su muerte.Para ello, el autor revisa cada uno de los elementos que configuran la actual Ley de Sucesiones y comenta los artículos del Código Civil que hacen referencia a las diferentes circunstancias que pudieren acaecer en el momento de dictar testamento o transmitir una herencia.

Una de las claves para actuar de forma adecuada al comprar una vivienda consiste en hallar el equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede comprar, y hacerlo en el momento oportuno.En esta guía encontrará explicaciones claras y sencillas sobre todas las cuestiones que es necesario plantearse antes de comprar: ¿cuál es el precio de la vivienda en el entorno?, ¿de qué dinero se dispone?, ¿es más conveniente comprar directamente a un particular, a un promotor o bien recurrir a un intermediario?, ¿es mejor una vivienda de segunda mano o nueva?, etc.Elena Cuervo y Susana Alfageme son titulares del bufete Cuervo&Alfageme, con sede en Gijón (Astu-rias). Desde el año 1994 compaginan su trabajo como abogadas con la docencia, así como con la colaboración en secciones jurídicas de distintas cadenas de televisión y radio, y en prestigiosas revistas y diarios (El Comercio, Quo, Auto y Diesel, A.R., El Mueble, El Mundo del Perro y El Mundo del Gato, entre otras).

El presente libro forma parte de una colección total que pretende recoger, de modo completo, coherente y armonizado, el conjunto de novedades introducidas por la nueva normativa en materia de protección de datos, emanada, a nivel europeo, del Reglamento general de protección de datos (RGPD) y, a nivel interno, complementando y desarrollando aquel, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).Más específicamente, en estas páginas se diseccionan, en primer lugar, los principios esenciales que habrán de vertebrar todo tratamiento a realizar sobre los datos personales de los interesados, determinando aspectos tan relevantes como la legitimación jurídica para poder llevar a cabo dicho tratamiento, la concreción del propósito perseguido y la necesaria sujeción al mismo, la minimización de los datos personales a emplear para poder alcanzarlo, la limitación del plazo de conservación de la información o las medidas a aplicar para garantizar la seguridad técnica de los datos utilizados.En segundo lugar, y como continuación lógica de lo anterior, analizaremos los contornos fundamentales de los sujetos que habrán de cumplir estrictamente el contenido de estos principios: el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. En concreto, se delimita la responsabilidad de muy diversa naturaleza que sobre ellos puede recaer, además del vínculo jurídico que los une y que, de igual modo, presenta aristas ciertamente complejas que merece la pena estudiar.Por último, y como corolario de este estudio, se aborda una figura novedosa y de extraordinaria relevancia en nuestros días: el Delegado de Protección de Datos (DPO), creado para supervisar, controlar y garantizar el cumplimiento, por parte del responsable y del encargado del tratamiento, del conjunto de obligaciones, algunas nuevas y otras renovadas, incorporadas en la regulación sobre la materia.Es este, pues, un libro de cabecera, de lectura necesaria para todo aquel que pretenda profundizar en algunos de los aspectos más importantes de la protección de datos y del Derecho digital actual.JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ AYUSO. Doctor internacional en Derecho digital (excelente CUM LAUDE) por la Universidad de Bolonia (Italia), tras obtener una beca de la prestigiosa institución del Real Colegio de España.Coordinador del Máster Universitario en Protección de Datos. Profesor e investigador de Derecho digital en la Universidad Internacional de La Rioja.Consultor legal de Ciberseguridad, Compliance y Protección de Datos, con amplia experiencia profesional, habiendo dirigido múltiples proyectos y auditorías en estas materias.Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba.Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba.Máster en Derecho Autonómico y Local por la Universidad de Córdoba.Director y partícipe en múltiples Proyectos de Investigación Internacionales, entre los que destacan los desarrollados en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Abierta Interamericana, sobre contratación y firma electrónicas y protección de datos.Autor de varias publicaciones doctrinales en revistas de investigación de prestigio y en libros colectivos, algunos internacionales, en materias como protección de datos, firma electrónica, arbitraje y mediación electrónicos, comercio y contratación electrónicos.Miembro evaluador permanente en el Centro de Información del Servicio Alemán de Intercambio Académico y en la University of Bologna Law Review.Partícipe de múltiples estancias internacionales de larga duración en Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia y Argentina.Miembro antiguo colaborador en los Departamentos de Derecho Penal y de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba.

En la presente obra se hace un esbozo sobre la teoría del dominio del hecho, desde la doctrina clásica hasta las modernas tendencias sobre esta teoría. Igualmente se hace un análisis de la jurisprudencia sobre la materia.Dividida la obra en dos partes, la primera estudia la teoría del domino del hecho, su concepto, funciones, teorías en que se fundamenta, formas de la conducta, sus modalidades y sus principales pensadores.La segunda parte se dedica al estudio de la autoría en el tipo penal de Criminalidad Organizada, un enfoque desde la óptica de la Convención de Palermo, hasta el análisis del tipo penal como se concibe en nuestro derecho interno, así como las diversas teorías que explican los grados de participación delictual de sus miembros.Gianni Egidio Piva Torres. Título Universitario: Abogado.Estudió en la Universidad Santamaría y en la Universidad Bicentenaria de Aragua.Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez.Especialista en Derecho Civil, Procesal Civil, Penal y Procesal Penal.Especialista en materia de Drogas.Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados, Estado de Carabobo.Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia.Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez, Carabobo, Venezuela.Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz.Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos.Es conferenciante habitual y las citas a sus obras aparecen en múltiples decisiones de los Tribunales.Contabiliza un total de hasta 63 publicaciones. Ha editado en Colombia, Venezuela, Bolivia y ahora en España.Alfonzo GranadiiloAbogado Universidad Bicentenaria de Aragua.Master en Derecho Penal.Experto en criminalistica.Coautor con D. Gianni Piva en: Derecho Penal especial, Delito y Penas, Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, Comentarios a la Ley de Robo y Hurto de Vehículos.Es miembro de la internacional Socialista.Vice presidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo (Venezuela).

La prueba digital es aquella información obtenida o transmitida a través de un medio electrónico o dispositivo digital que sirve para acreditar la evidencia de un hecho de relevancia en cualquier orden jurisdiccional.Los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y las formas de comunicación entre los humanos también. Lo que antes se hacía a mano, ahora se hace a través de un Smartphone, de una Tablet o de un ordenador. Y por tanto, las conversaciones que se tienen actualmente también adquieren este formato. Es por ello que el sistema judicial ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, admitiendo como pruebas las que provenían de este tipo de terminales o aparatos, eso sí, siempre y cuando no fuera impugnado su origen o aún siéndolo, se presentara pericial que la acreditase.En cuanto al resto de pruebas admitidas tanto en la vía civil como en la penal, la Sala Primera y Segunda van sentando cada año la nueva doctrina, también adaptada a los nuevos tiempos y actualizada, que será de aplicación en las decisiones judiciales de todos los tribunales. Todo ello lo podremos encontrar en este manual.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. Tras trece años de ejercicio de la abogacía, en la actualidad desempeña la función de Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Málaga, que compagina con la labor de investigación y publicación de libros y artículos doctrinales.

Este libro surge de la necesidad de hacer que el consumidor comprenda la naturaleza, el contenido y el alcance (jurídico) de la publicidad digital que le comunica la empresa mercantil (comercial). Por eso, crea un deber jurídico. El deber de comunicación. La forma jurídica que hace que el consumidor recepcione, perciba y comprenda válidamente (jurídicamente) la (cada) publicidad digital empresarial. Haciendo que exista un acuerdo del lenguaje válido entre la empresa y el consumidor en relación con esa publicidad. Acuerdo que existe cuando exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes aplicables (procedentes) en el tiempo y el espacio de la forma en la que se comunique la (cada) publicidad.Su fundamento (estructural) se enfoca en la publicidad digital empresarial, pero es aplicable en cualquier caso en el que exista una comunicación.Su finalidad es aportar a la calidad de vida del ser humano y de su entorno por medio de la existencia de la validez, la eficacia y la seguridad jurídica en la comunicación (de la publicidad digital empresarial).Camilo Alfonso Escobar Mora. Abogado. Especialista (Master) en Derecho y Tecnologías de la Información. Especialista (Master) en Derecho de las Telecomunicaciones. Magíster (LL.M.) en Derecho Comercial. Doctor (Ph.D.) en Derecho. Creador de la Teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la Publicidad Digital. Investigador. Doctrinante. Conferencista. Fundador de JURÍDIA - Centro de Enseñanza e Investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la Publicidad Digital (www.juridia.co). Contacto: gerencia@juridia.co.

A las puertas de cumplirse dos décadas de la aparición en la escena procesal española del procedimiento monitorio, se confecciona este estudio que tiene como finalidad dar a conocer la configuración legal de este proceso civil especial para la tutela del derecho de crédito y su aplicación práctica en la actualidad. A través de un extenso estudio teórico y jurisprudencial se ha pretendido poner de relieve las diferencias existentes entre la idea primigenia con la que el Legislador lo introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico y la utilización mayoritaria que se está haciendo del mismo por parte de un titular de derechos de crédito muy concreto: las entidades financieras. La explosión del mercado de financiación al consumo ha provocado que las gran-des entidades de crédito hayan encontrado en el monitorio el instrumento procesal ideal para la reclamación de sus deudas impagadas, llegando, en ocasiones, a saltar del buen uso al abuso de este procedimiento especial. En este estudio el lector podrá introducirse en la piel del deudor y conocer las posibilidades de que dispone para oponerse al pago desde el momento en que recibe una demanda monitoria en la que se le reclama una deuda que proviene de un contrato de préstamo al consumo y que, en numerosas ocasiones, adolece de graves defectos que pueden provocar desde la declaración de nulidad por abusivas de algunas de las cláusulas que lo componen, hasta llegar incluso a suponer la nulidad radical y absoluta del negocio jurídico del que nace la deuda que se reclama a través de la técnica monitoria, por la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, también conocida como Ley de la Usura o Ley Azcárate.

Esta monografía tiene por objeto analizar la práctica de la prueba desde su perspectiva dinámica, es decir, su propia actuación en el proceso. Como cualquier institución que tiene por objeto resolver conflictos, las estrategias probatorias de los abogados son vitales para conseguir la victoria en un pleito.Para lograr este conocimiento dinámico, en el libro se exponen las experiencias profesionales de expertos litigantes (socios de los mayores despachos de abogados de España), magistrados y especialistas en psicología judicial. De igual modo, se recogen los resultados de dos ensayos clínicos que desde la Asociación de Probática y Derecho Probatorio se han realizado sobre la prueba pericial y las pruebas personales (interrogatorio de las partes y de testigos).Todo ello para homenajear al Maestro Lluís Muñoz Sabaté, quien tanto nos ha enseñado de probática y de derecho probatorio.

Este libro constituye, sin duda alguna, el único en toda la bibliografía española que, con carácter monográfico, analiza con exhaustividad el estudio de la responsabilidad civil de los aparejadores y arquitectos técnicos.Por la forma en que su autor aborda esta cuestión, puede considerarse un tratado sobre la responsabilidad de estos agentes en su generalidad, incluso una guía de consulta para resolver, caso por caso, todos los posibles supuestos que se puedan dar en la práctica diaria.De muy fácil consulta y manejo para el lector, su autor en cada supuesto analizado plantea de forma ordenada la opinión de la doctrina científica, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, distinguiendo en todos ellosel criterio mayoritario y minoritario, con remisión a autores y cita de sentencias de interés.Su contenido comprende, tras analizar la responsabilidad civil de las sociedades profesionales y del principio de responsabilidad individualizada, personal y privativa, el estudio de las atribuciones y competencias de dichos técnicos como proyectista, director de obra y de ejecución, por aplicación conjunta de la LOE y del CTEpara, seguidamente, efectuar un amplio análisis de su responsabilidad por vicios o defectos constructivos y, finalmente,investigarotros supuestos distintos, como son la derivada de daños a los inmuebles colindantes, del replanteo de la obra, en relación con las certificaciones de obra y como consecuencia de accidentes de construcción.Aurelio Puche Ramos. Abogado en ejercicio desde 1991 hasta la actualidad.Ha sido Letrado asesor del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria y del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Las Palmas.Es Doctor en Derecho por la ULPGC con la tesis doctoral titulada La responsabilidad civil de los aparejadores o arquitecto técnicos como consecuencia de su intervención en el proceso constructivo, con la que obtuvo la máxima calificación cum laude.Ha sido Profesor Asociado de la Universidad de Las Palmas de G.C. en las Áreas de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.Ha asistido y ha organizado numerosos cursos sobre derecho de la edificación y propiedad horizontal, en la mayoría de ellos como ponente.También ha escrito varios artículos sobre ambas materias, que han sido publicados en diversas revistas jurídicas.Actualmente es colaborador de la editorial Sepín en materia de propiedad horizontal, participando además en sus Encuestas Jurídicas.

De acuerdo con el viejo principio de los juristas romanos mater semprecertaest (la madre siempre es conocida) mientras que patersempreincertusest (el padre siempre es desconocido). Sin embargo, con el surgimiento de la gestación subrogada (GS), esta idea milenaria se tambalea.Lo que el lector hallará en este libro será, por un lado, una recopilación exhaustiva de los distintos argumentos en contra de la GS. Y por otro, un examen minucioso de los mismos. Todo ello escrito con un lenguaje llano y directo, con la intención de apelar por igual al académico y al público no especializado que busque conocer la cuestión con mayor profundidad.La tesis final a la que se llegará será doble: en primer lugar, que la GS altruista o comercial es, en condiciones de libertad e información suficiente, éticamente irreprochable. Y en segundo lugar, que, si bien aún no puede afirmarse categóricamente, todo apunta a que la legalización en España (o en países del primer mundo) de la GS intranacional, altruista o comercial, no comporta peligros significativos, por lo que no existirían razones de peso en contra de su regulación.Durante siglos maternidad, embarazo y alumbramiento, han formado una tríada indesligable. Hablar de madres sin parto parecía absurdo. Este texto pretende mostrar lo contrario, evidenciando que la GS es una manera perfectamente válida de crear una familia.Gonzalo Fernandez Codina (1993) Barcelona. Filósofo y jurista. Co-fundador y editor jefe de Revista Libertalia (www.revistalibertalia.com)

El artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Atento a que se trata de órganos judiciales, la tutela en cuestión no puede provenir sino del ejercicio de la función jurisdiccional, materializada en el dictado de una sentencia que resulte tanto eficaz como eficiente. Lo primero se logra a partir del dictado de un pronunciamiento que resulte verdaderamente ajustado a derecho; lo segundo, en cambio, de la mano de un decisorio que requiera para su emisión de la menor utilización de recursos posible, especialmente tiempo.Luego, si al proceso se lo concibe como es debido, esto es, como una empresa metódica de la que se valen los Jueces para adquirir el mejor conocimiento posible de los hechos de la causa respecto de la cual deben ejercer su función jurisdiccional, no pueden caber dudas de que el mismo se vuelve una verdadera garantía de imparcialidad y eficacia para los justiciables. De modo tal que se constituye aquél, en cuanto instrumento epistémico de los órganos judiciales del Estado, en condición necesaria -aunque no suficiente- de la tutela efectiva garantizada a nivel constitucional.Fue a raíz de comprender esto último que el autor se adentró en el estudio minucioso de un conjunto de elementos de Teoría General del Proceso, convencido de que la concepción tradicional que se tiene de los mismos, necesita de una vuelta de tuerca. El resultado de dicha investigación se encuentra volcado en la presente obra ensayística, donde se realiza un novedoso análisis de una serie de instituciones que giran en torno del proceso judicial; valiéndose al efecto no sólo de las herramientas que pertenecen a la clásica dogmática jurídica sino también de ciertos métodos que son más bien propios de otras ciencias sociales o de saberes aún más generales, como es el caso de la economía, la sociología, la filosofía o incluso la psicología.Alejandro Alberto Fiorenza. Abogado (UCA), Especialista en Magistratura (UCA) y Doctorando en Derecho (UCA); con estudios de Filosofía del Derecho, Derecho Informático, Derecho Ambiental y Derecho Económico realizados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Director del Suplemento Jurídico dedicado a la provincia de Santa Fe que se publica trimestralmente en el sitio web elDial.com. Autor de diez libros editados en Argentina: La arbitrariedad procesal (Juris), Procedimiento laboral santafesino (Zeus), La caducidad de instancia en la provincia de Santa Fe (Cívica), Aspectos generales de responsabilidad civil (Cívica), Teoría y practica de la responsabilidad civil en el CCyC (Ediciones Jurídicas), Accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe (Cívica), La función resarcitoria de la responsabilidad civil (El Derecho), La verdad en el proceso (Astrea), Técnica procesal (Nova Tesis), Recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Santa Fe (Cívica); y uno en Costa Rica: Institutos de derecho procesal civil (Editorial Jurídica Continental). También ha publicado más de 160 artículos de doctrina que se han publicado en algunas de las revistas jurídicas más importantes de la Argentina (El Derecho, La Ley, Rubinzal-Culzoni, elDial.com, Erreius, Juris, Zeus, Microjuris, Jurisprudencia Santafesina).

El derecho de información, reconocido en el artículo 93 LSC como un derecho mínimo del socio, ha sido objeto de una profunda modificación por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre que ha dado como resultado una restricción del mismo. La relevancia de este derecho es incuestionable, pues permite conocer los datos necesarios para participar en la vida de la sociedad, por tanto, fomenta la transparencia de la información, y también, en cierta medida, permite tener control en la labor de gestión del órgano de administración.Las principales novedades se encuentran por un lado, en relación a las causas de exoneración del derecho de información y, por otro, en los medios de tutela del mismo, como el derecho de impugnación de los acuerdos sociales, diferenciando entre las consecuencias jurídicas de las distintas modalidades del ejercicio del derecho de información. De forma sorprendente, según el texto literal de la Ley, la modificación tan sólo ha afectado al ejercicio de este derecho en el seno de las sociedades anónimas, pues el régimen aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada se ha mantenido inalterado. Sin embargo, por aplicación analógica se podría llegar a entender que esta modificación también es aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, ya que no se puede encontrar una justificación para ese trato diferenciado.En esta obra se analizan: el contenido del derecho, tanto en un sentido estricto (que es el derecho a realizar preguntas) como en un sentido amplio (que es el llamado derecho documental), que nuestros tribunales han interpretado de forma amplia; los límites del derecho, esto es, qué condiciones se deben cumplir para poder ejercitar el derecho y ante qué supuestos el órgano de administración podrá denegar la entrega de la información solicitada; y la tutela del derecho de información, analizando la indemnización por daños y perjuicios que puede solicitar el socio ante la vulneración de su derecho y prestando una atención especial a la impugnación de los acuerdos sociales, que ha sido objeto de una relevante restricción.Judith Morales Barceló. Profesora agregada de Derecho Mercantil. Miembro del Departamento de Derecho privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona desde el año 2003. Premio extraordinario de Doctorado en el año 2011. Miembro del Grupo Consolidado de Investigación en Derecho Mercantil [SGR 2017 1786 GRC] y del Grupo de Innovación Docente Dikasteia. Investigadora de diversos Proyectos de Investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad (actualmente Hacia una nueva regulación de los grupos de sociedades: problemática societaria y concursal[PGC2018-096025-B-I0] yPlataformas de intercambio electrónico y nuevos modelos económicos disruptivos: problemática jurídica. En Particular, el denominado alquiler turístico vacacional[RTI2018-097225-B-I00]). Autora de diversos artículos y capítulos de libros de Derecho Mercantil, en concreto de Derecho societario, Derecho concursal, Derecho de la competencia y nuevas tecnologías.

En la presente obra, tenemos una investigación doctoral convertida en monografía. Hemos tomado como hilo conductor de la investigación las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aplicados a los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC). En este trabajo se asumió el concepto de acceso a la justicia en sentido amplio, incluyendo de pleno derecho en dicho concepto los MARC. La Sinergia entre las TICs hizo que surgiera el concepto de Online Dispute Resolutions (Resolución de Litigios en Línea). La necesidad social y del mercado del estudio de los ODR es evidente. Dicha realidad se refleja con la proliferación de textos legislativos de derecho positivo relacionados con los ODR, además de los documentos de trabajo y los instrumentos regulatorios del soft law.Este libro está compuesto por 6 capítulos. El primer capítulo de esta monografía trata sobre los diferentes MARC existentes, tradicionales y online. Se trata de un capitulo en el que se contextualiza el estado del arte de los ADR/ODR. El Segundo capítulo, arbitraje por medios electrónicos. trata sobre el impacto de la tecnología en el MARC con mayor tradición e incidencia jurisdiccional. El tercer capítulo, resolución de conflictos por medios electrónicos entre empresarios y consumidores B2C, aborda la conflictividad derivada del comercio electrónico entre empresarios y consumidores. El cuarto capítulo está dedicado exclusivamente a la mediación y a la mediación electrónica. El quinto capítulo se ocupa del procedimiento de resolución de conflictos sobre signos distintivos y nombres de dominio en internet, como procedimiento sui generis que marco un hito en los paradigmas de los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. En el sexto y último capítulo otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos por medios electrónicos. Es un capítulo a modo de lege ferenda, pero en el cual se identifican los avances legislativos en torno a la resolución de conflictos en línea a nivel mundial y europeo, y se hacen propuestas de hacia dónde deben caminar estos.Rolando Joaquín Ortega Hernández, es doctor en derecho mercantil por la Universidad de Salamanca con varias publicaciones en el área de la resolución alternativa de litigios en línea, y temas relacionados con el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en la ciencia del Derecho. Asimismo, es profesor de la Universidad Internacional de la Rioja y abogado habilitado en España, Venezuela y Argentina.

El chantaje está formado por dos acciones distintas, que son y deben ser legales: una exigencia de dinero y la «amenaza» de revelar información embarazosa. ¿Cómo se pueden convertir dos actos legales en algo ilegal si se realizan a la par? Defendiendo el chantaje está formado por artículos publicados previamente sobre la cuestión del libertarismo y el chantaje. Se trata de una concepción muy impopular que comparten los seguidores de la filosofía de la libertad: la legalización del chantaje. No es un tema acuciante para los principales medios de comunicación. No parece probable que la prohibición de este acto complejo vaya a tocar a su fin en un futuro próximo. Por eso, este libro no se ocupa tanto de la viabilidad, sino que se trata más bien de un intento de arrojar luz sobre la cuestión legal. Sin embargo, el camino hacia una sociedad libre está minado de impedimentos. Con suerte, Defendiendo el chantaje ayudará a retirar algunas de estas trabas del sendero.

La mejora de la economía española ha alejado del foco mediático el problema del sobreendeudamiento de los consumidores, que sigue sin embargo muy presente en la realidad de los juzgados españoles. Diversos factores como la fácil concesión de crédito por parte de entidades bancarias y financieras a particulares incapaces de hacer frente a sus deudas multiplican aún hoy las situaciones de insolvencia, cuyos efectos sobre las familias y el propio sistema financiero generan graves problemas sociales. Pervive así el interés por analizar las debilidades de un marco normativo que no ha sabido impedir y apenas ha podido paliar tales situaciones, restando verificar si la Ley 5/2019, de contratos de crédito inmobiliario y la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva e insolvencia, podrán fortalecerlo.Con el objeto de ofrecer una visión integral de las diversas aristas del sobreendeudamiento de particulares, la presente obra reúne once trabajos vertebrados en torno a tres ejes temáticos: la prevención, su tratamiento y el análisis de la insolvencia desde una perspectiva conflictual y comparada. Tales trabajos comprenden el estudio de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, el deber de información precontractual y transparencia, la protección contractual del deudor hipotecario, el acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho regulado en la Ley Concursal, con especial atención a la noción de deudor de buena fe, las particularidades del concurso de la persona física empresaria, los retos abiertos por la Directiva (UE) 2019/1023, el concurso de herencia, los problemas ligados a la insolvencia transfronteriza y el tratamiento del sobreendeudamiento del consumidor en los ordenamientos francés e italiano.

Los famosos escritos y la respectiva doctrina de Piero Calamandrei, producidos a lo largo del tiempo, continúan uniendo a los estudiosos de todo el mundo, puesto que son marcados por una visión universal del fenómeno jurídico y social.Por ese motivo, con enorme satisfacción, presento mi monografía, ahora en lengua española, sobre la vida y la obra de Calamandrei, el gran Abogado, Jurista y Político italiano.Confieso que jamás imaginé la enorme aceptación de este trabajo de investigación que, sin pretensión alguna, atrajo mucho a mis amigos -abogados y profesores e incluso, a mis alumnos. Es cierto que el éxito alcanzado debe ser atribuido a la fascinación que emerge de la extensa y cautivante obra de Calamandrei.¡Espero que mis Colegas, de lengua española, aprecien igualmente la sabrosa bio-bibliografía del renombrado Maestro florentino!José Rogério Cruz e Tucci se licenció en Derecho en a la Universidad de São Paulo, en el año 1978.En los años 1979-1980 hizo su Maestría en la misma Universidad y después, el Doctorado en la Universidad de Roma - la Sapienza (1981-1982).Empezó a enseñar derecho procesal en el año 1987 y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. Actualmente, es Profesor Ordinario Sênior en esta Facultad.Ejerce la profesión de abogado y de árbitro en São Paulo. Fue Presidente de la Asociación de los Abogados de São Paulo y es miembro de la Academia Brasileña de Letras Jurídicas, ubicada en Rio de Janeiro.

En este trabajo, se adopta una postura que explica que el tipo objetivo del delito imprudente no difiere en absoluto respecto del tipo objetivo del delito doloso y, por tanto, su diferenciación está en el lado subjetivo del tipo. La primera consecuencia relevante sería que la imputación objetiva y sus subinstitutos dogmáticos rigen de igual modo en ambas modalidades. Para construir nuestra postura hemos partido del par normativo-intelectivo conocimiento/no conocimiento relevante jurídico-penalmente. Además, hemos propuesto una normativización de las especies de culpa que las entienda no como consciente/inconsciente, sino como previsible/no previsible. Por último, se aborda la cuestión de la gravedad de la culpa y aunque se señala que aquella no agrega nada al problema de la determinación de la imprudencia, como el legislador (en algunos supuestos) la ha previsto, es necesario dar una fundamentación penal de aquella sobre todo para lograr encajar su ubicación sistemática.Lyonel Calderón Tello es Profesor de Derecho Penal en la Universidad Técnica Particular de Loja y Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Guayaquil. Es Profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad de Guayaquil en las asignaturas de Derechos Humanos y en la de Dogmática Jurídica.Pertenece al Grupo de Investigación de la UTPL "Estudios sobre Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Humanos", y es Investigador dentro del proyecto de Investigación "Fundamento de la Imputación Penal en el Delito de Abuso de Confianza del art. 187 COIP (Administración desleal de patrimonios ajenos)" de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Ha publicado varios libros y artículos académicos.Se desempeña como Gestor de Investigación de la Carrera de Derecho y como facilitador en el Curso de Dogmática Jurídica dirigido a los docentes e investigadores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.Es Doctor en Derecho (Ph.D) por la Universidad Complutense de Madrid, Master en Derecho Público, Especialización en Derecho Penal y Master en Derecho Privado, Especialización en Derecho Mercantil también por la Universidad Complutense de Madrid. Es Especialista en Criminología y Ciencias Penales y, Abogado y Economista por la Universidad de Guayaquil.

La presente obra contiene una reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro de una facultad conferida a la Enfermería con potencialidad para abrir la profesión a una nueva dimensión. Del pasado procederá recordar las lecciones que descubren los peligros derivados de enfrentamientos profesionales, en el contexto de una evidente falta de norte en las decisiones gubernativas que han impedido el adecuado desarrollo a nivel nacional (la regulación andaluza lleva funcionando una década de manera modélica) de cuanto aparece como una evolución natural de la atención sanitaria en los Estados del entorno. El presente, construido una vez más sin el necesario consenso, plantea interesantes cuestiones operativas en el plano técnico-jurídico, espera los elementos de desarrollo que habrán de venir dados por los protocolos y guías y enfrenta a la necesaria respuesta a los reglamentos europeos sobre programas formativos y reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como al permanente contraste de la eficiencia de la decisión, medida en racionalidad económica y satisfacción del paciente. El futuro, preñado de ilusiones, exigirá construir con tiento el modelo de gestión compartida de la demanda asistencial, a través de un trabajo en equipo que, lejos de excluir por razón de formación, fomente la inclusión y la complementariedad interdisciplinar por muy distintas vías, entre las cuales también habrá de figurar la cooperación en la prescripción.

Se trata de una monografía escrita por un Abogado en ejercicio dirigida expresamente a los Letrados que intervengan en los Tribunales y tengan que participar en el procedimiento penal llamado juicio rápido, denominado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, comprendiendo también a los nuevos delitos leves (las anteriores faltas derogadas). Está actualizada y puesta al día tras las reformas introducidas en el CÓDIGO PENAL, por laLey Orgánica 1/2015, de 30 de marzo; en la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL por la L.O. 5/2015, de 27 de abril, relativa al derecho a interpretación, traducción e información en los procesos penales, Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, L.O. 13/2015, de 5 de octubre, para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y Ley 41/2015, de 5 de octubre, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales; y en la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL por la L.O. 7/2015, de 21 de julio.Analiza dicho procedimiento desde una perspectiva eminentemente práctica, contemplando su ámbito de aplicación, a fin de fijar el tipo de delitos enjuiciados y los requisitos o condiciones que han de darse, pasando por las diferentes etapas en las que el abogado ha de intervenir, finalizando con el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.En cada una de las etapas en que se divide, fase policial, fase judicial en el Juzgado de Instrucción de Guardia o de Violencia sobre la Mujer y juicio oral en el Juzgado de lo Penal, se explica el papel que juega cada operador jurídico y aquello que afecta al abogado,lo que éste tiene que hacer en cada momento, sobre todo tras las importantes reformas habidas sobre la asistencia jurídica del abogado, lo que ha de decir, el lugar que ha de ocupar en el Tribunal e incluso cuándo ha de colocarse la toga.Además, contiene una serie de modelos de documentos, los de uso más frecuente, que han ser redactados por los letrados en función de los intereses que defienden, pero circunscritos al procedimiento de juicio rápido, como el escrito pidiendo la transformación de diligencias previas en urgentes, escritos de acusación y de defensa, recursos de apelación, impugnación a la apelación. Son modelos utilizables en la generalidad de los supuestos enjuiciados en los juicios rápidos, que como tales modelos deben adaptarse a las circunstancias de cada caso en que se pretendan usar.Pero como el juicio rápido se caracteriza por ser eminentemente oral, el libro contiene la transcripción de juicios rápidos completos, desde aquéllos en los que se da la conformidad, hasta los que concluyen con la celebración del juicio oral en el Juzgado de lo Penal. En esta transcripción se expresan los términos o frases que emplean frecuentemente los abogados en el Tribunal: la forma de dirigirse al Juez, la manera de hablar, de comentar, de interrogar, etc., a fin de que los letrados que no han tenido la oportunidad de contemplar juicios, se hagan una idea de cómo se desarrolla el mismo.Dedica un amplio apartado a la conformidad, buscada sin duda alguna por el legislador al reducir la pena en un tercio a quien preste conformidad con los hechos y condena, ya que en la misma juegan un papel importante los abogados, el de la acusación particular, pero sobre todo el de la defensa, quienes deben asesorar a sus respectivos defendidos de la realidad de los hechos y de labonanza o conveniencia de la misma. Como guía para llegar al acuerdo o conformidad, se contiene el cuadro de penas de los delitos enjuiciados por juicios rápidos, señalando la que corresponde con la reducción del tercio.En definitiva, como indica el subtítulo, pretende ser una guía para los abogados noveles en este tipo de procedimiento penal, para que cuando tengan que intervenir no sufran los nervios derivados de desconocer su lugar en el escenario del juicio y solamente pasen los propios del caso que han de defender.