Derecho

El reconocimiento de la salud como Derecho humano fundamental, tras la segunda guerra mundial del siglo XX, naturalizó, junto a otros efectos, que su protección alcanzase los niveles máximos que permite el ordenamiento jurídico a través de la intervención penal para las afectaciones más graves contra la misma. Esta posibilidad ha generado una doble corriente de interpretación de la salud como Derecho humano y como bien jurídico de interés penal que, dada la importancia que la misma ha recobrado durante la pandemia de la COVID 19, ha obligado al análisis conjunto, al encuentro, de ambos enfoques y de las implicaciones constitucionales y político criminales que conllevan. Este segundo volumen, fruto de la colaboración iniciada en 2022 entre las casas editoriales J.M. Bosch Editor, de España, y Editorial Jurídica Continental, de Costa Rica, aborda la protección penal de la salud conforme a las resoluciones del TEDH y de la corte IDH, siguiendo el modelo de trabajo de la publicación precedente: el estudio de las resoluciones de los dos altos tribunales en materias de interés común en ambas regiones, lo cual permite identificar los puntos de encuentro y las diferencias que los ordenamientos jurídicos de ambas regiones plantean ante la protección de un interés idéntico de carácter universal. Como en la primera colaboración entre las editoriales, Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH (2022), investigadores españoles y costarricenses afrontan el estudio de las crisis sanitarias, los problemas del consentimiento, las esterilizaciones no consentidas, la fecundación in vitro o los suicidios en prisión, incorporando en el lado del TEDH a nuevos investigadores de la Unión Europea, ampliando, de ese modo, las perspectivas que plantea un tema complejo del mayor interés, facilitando al investigador y al profesional del Derecho comprender mejor las reglas, principios y tendencias que, sobre el tratamiento de la salud de las personas, forma parte de la doctrina vigente de ambos tribunales de Derechos Humanos.

El Enfoque de Género en las Relaciones de Trabajo constituye un aporte a la doctrina jurídica laboral, cuyo objetivo se centra en la necesidad de generar uniformidad de criterios en la concepción y aplicación de las normas sobre igualdad y no discriminación.La persistencia de los patrones socio culturales que reproducen desigualdades al interior de las sociedades nos demuestran la necesidad de contribuir a la conformación de un discurso jurídico que efectivamente permita garantizar el libre ejercicio y goce de los derechos.Bajo este propósito ha sido diseñada la obra, a través de la cual se abordan los principales obstáculos en materia de igualdad y no discriminación por razones de género en las relaciones de trabajo, entendiendo que su identificación constituye el primer paso.Texto de contracapa: El Enfoque de Género en las Relaciones de Trabajo constituye un aporte a la doctrina jurídica laboral, cuyo objetivo se centra en la necesidad de generar uniformidad de criterios en la concepción y aplicación de las normas sobre igualdad y no discriminación.La persistencia de los patrones socio culturales que reproducen desigualdades al interior de las sociedades nos demuestran la necesidad de contribuir a la conformación de un discurso jurídico que efectivamente permita garantizar el libre ejercicio y goce de los derechos.Bajo este propósito ha sido diseñada la obra, a través de la cual se abordan los principales obstáculos en materia de igualdad y no discriminación por razones de género en las relaciones de trabajo, entendiendo que su identificación constituye el primer paso.

La afección de bienes ha venido provocando numerosas controversias doctrinales sobre algunos aspectos, como los relacionados con su configuración legal y su naturaleza jurídica, pues contradictoriamente esta figura aparece simultáneamente regulada en nuestra LGT como un supuesto de responsabilidad subsidiaria (art. 43.1.d), y como una garantía real (art. 79), contradicción que, entre otras finalidades, se pretende esclarecer en este trabajo. La presente obra ha sido galardonada con el prestigioso Premio Fernando Albi 2022 sobre Administración Local, otorgado por la Excma. Diputación de Alicante, y tal y como manifestó el jurado que concedió dicho galardón En su análisis se abordan desde el punto de vista civil y administrativo distintas problemáticas con soluciones fundamentadas. El estudio supone una aportación importante en el ámbito recaudatorio local, sobre el que existen escasas publicaciones. La parquedad de la regulación de la afección de bienes la ha convertido en una institución de elaboración jurisprudencial, pues han sido nuestros tribunales, con sus pronunciamientos a veces acertados y otras no tanto, quienes han ido perfilando los contornos de esta institución y los requisitos de su aplicabilidad, y esa evolución jurisprudencial es detalladamente analizada en este libro. A través de la afección de bienes las Administraciones locales se garantizan poder exigir a los adquirentes de un inmueble algunas deudas públicas impagadas por el anterior titular, principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las cuotas de urbanización. Esta delimitación del objeto de este trabajo ha supuesto la principal dificultad para su elaboración. Existen variados estudios sobre las garantías tributarias, en general, o sobre las garantías reales tributarias en particular, pero este estudio se centra exclusivamente en una de ellas, el derecho de afección, y no sólo eso, además se ha limitado su ámbito de estudio al de las Haciendas Locales. Esta concreción ha dado lugar a una aproximación exhaustiva y con detalle a todas y cada una de las vicisitudes que se pueden encontrar los entes locales en la aplicación del derecho de afección. Así pues, este trabajo hace referencia a dos ingresos públicos muy concretos y muy conocidos por nuestras Administraciones Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las cuotas urbanísticas. El primero de ellos es el tributo por excelencia de nuestros ayuntamientos, su principal fuente de ingresos, y el segundo es el instrumento que les permite llevar a cabo una de sus funciones básicas, como es el desarrollo urbanístico de nuestros municipios, y que no podría realizarse sin la financiación que las cuotas urbanísticas proporcionan, y a ambos la afección de bienes les es de suma utilidad para su efectiva recaudación.Sebastián Martínez de Trinchería (Girona 1969) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros, Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Doctor en Derecho Financiero y Tributario, Cum Laude, por la Universitat de Girona. Es Jefe del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Girona, profesor asociado de derecho tributario de la Universitat de Girona, profesor del Máster de la Abogacía en dicha universidad, abogado y socio fundador del despacho MRS & Assessors en Lloret de Mar (Girona), y ponente habitual en conferencias organizadas por universidades, colegios y asociaciones profesionales, y otras instituciones públicas en materia de tributos locales.

La historia demuestra que la barbarie cometida por el hombre en agravio de la humanidad no es un acto de reciente ejecución y que a ella los Estados le han dado diferentes respuestas con el devenir del tiempo, como la concesión de amnistías en favor de los responsables de los crímenes y la imposición del olvido, la instauración de juicios de carácter nacional poco eficaces, el juzgamiento de los perdedores de la guerra por aquellos que la ganaron, la edificación de foros ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la autoproclamación de una jurisdicción sin límites que facilita enjuiciar a los tiranos, la creación de tribunales híbridos o mixtos con jurisdicción limitada, la confección de mecanismos de justicia restaurativa como las comisiones de la verdad y la reconciliación y, finalmente, la construcción de una Corte Penal Internacional de carácter permanente y global que aún no termina por convencer del todo a la comunidad de Estados en su conjunto. Este caminar por intentar sancionar y prevenir los crímenes internacionales, en particular los crímenes contra la humanidad, ha sido largo y no ha rendido los mejores frutos. Sin embargo, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 parece que la sociedad internacional, en particular, y la humanidad, en general, han venido exigiendo con mayor ahínco medidas eficaces de justiciabilidad para aquellos actos de barbarie. En torno al combate a los crímenes de derecho internacional, en especial el crimen de lesa humanidad, la comunidad internacional actualmente parece encontrarse ante dos modelos para afrontarlos. Por un lado, se hallan los esfuerzos estatales aislados, entre los que destacan el empleo de la llamada jurisdicción universal y, por otro, se erige la opción de generar esfuerzos coordinados bajo la creación de un novedoso, pero no maduro, sistema jurídico penal de carácter internacional que pugna por la armonización global de normas nacionales con reglas internacionales, a fin de justiciar los crímenes que irrumpen los valores inherentes a la comunidad de Estados y que ha alcanzado su desarrollo normativo más alto con la creación de la Corte Penal Internacional. De esta forma, a la luz de la implementación del derecho penal internacional de carácter global en la búsqueda por criminalizar los peores actos que el hombre puede cometer en detrimento de sí mismo, el presente estudio ofrece un análisis jurídico del tratamiento y desarrollo que ha tenido la codificación del crimen contra la humanidad a lo largo de la historia, bajo el objetivo de identificar su evolución, analizar sus elementos de conformidad con la jurisprudencia internacional, clasificar sus conductas ilícitas subyacentes en atención a un criterio evolutivo, y verificar su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones sociales e, incluso, para ser aplicado analógicamente sin conculcar el principio de legalidad y, en específico, el principio de no retroactividad de la ley penal.Gianni Egidio Piva Torres. Título Universitario: Abogado.Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y culminó la carrera en la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay, Estado de Aragua). Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista derecho Civil, Procesal Civil. Especialista Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista en materia de Drogas. Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia y Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave. Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Socio Fundador del Escritorio Jurídico Colmenares Piva. Condecoración por el Colegio de Abogados Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Conferencista en Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Ha publicado más de 100 obras en distintos países como Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y España.

La justicia de paz parece estar a punto de desaparecer, para siempre, de la organización judicial española. Tras más de siglo y medio de historia, en nuestro ordenamiento jurídico, el Plan de Justicia 2030 del Ejecutivo central gobernante y, en su implementación, el proyecto de ley Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, pretenden finiquitar los juzgados de paz y en su lugar crear las Oficinas de Justicia en los municipios. El prelegislador alude a una evolución de los juzgados de paz para crear la nueva estructura administrativa (no jurisdiccional), nutriéndose de las Secretarías de aquellos y dotándole de más competencias, si bien prescindiendo de los actuales titulares del órgano judicial unipersonal. La justificación empleada, al efecto, es la falta de eficacia de los juzgados de paz. En este contexto y coyuntura -que puede llegar a ser histórica-, pretendemos valorar lo acertado o erróneo del cambio (mejor, revolución) propuesto, realizando para ello un examen crítico de la materia que va más allá del mero estudio de la transformación del órgano judicial en otro administrativo. La falta de interés de la doctrina por la justicia municipal laica, durante muchos años, requiere un estudio exhaustivo que muestre sus debilidades y fortalezas, que se fije, especialmente, en las grandes críticas que se le han hecho (carácter no técnico de sus titulares, dependencia del Ayuntamiento, cada vez menos competencias), ahora abanderadas por su ineficacia. Solo así se podrá valorar la reforma propuesta y propugnar fórmulas de mejora. Para ello, siguiendo un eje cronológico, se propone la mirada al pasado, al presente y al futuro de la justicia de paz, incidiendo en sus elementos fundamentales.Ixusco Ordeñana Gezuraga. Profesor titular de Derecho procesal de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), compagina labores docentes y de investigación. Imparte clases, tanto a nivel de grado, como de máster, en España y en el extranjero, para alumnado de Derecho. Realizó su Tesis Doctoral sobre la solución extrajurisdiccional de conflictos, reconocida con el premio extraordinario de doctorado, en Boston (Harvard), Inglaterra (Oxford) y Australia (Melbourne). En la senda de su línea principal de investigación, ha escrito seis monografías, abundantes artículos y capítulos de libro, e impartido otras tantas conferencias. Ha reparado en la mediación laboral, familiar, escolar, hipotecaria, cooperativa, penal, concursal, comunitaria, También se ha ocupado del arbitraje, en general, y del laboral, en particular. La víctima, en general, y la de violencia de género, en particular, es otra de sus líneas de investigación, que ha alimentado con becas, estancias en el extranjero y proyectos de investigación de máximo nivel. En este marco cuenta con dos monografías y abundantes capítulos de libros. En el marco del proceso civil, ha trabajo la casación y las particularidades procesales autonómicas. Su resultado se ha plasmado en varios artículos y capítulos de libros. Además, ha coordinado y editado más de 10 obras colectivas. Juez de paz de Sestao (Bizkaia), desde hace 16 años, ha ahondando en el presente y futuro de la justicia de paz, vinculándola con su principal línea de investigación (la resolución extrajudicial de conflictos). Ha plasmado sus reflexiones, previamente, en dos monografías y abundantes artículos.

La armonización jurídica de los Estados es una de las tareas pendientes del Derecho Internacional Privado. Frente a los clásicos instrumentos, como el Código de Bustamante y los acuerdos bilaterales y multilaterales; la ley modelo o propiamente las leyes modelo parecen ser la herramienta que encauza, en clave de unificación, materias controvertidas y complejas como la competencia judicial, el derecho aplicable, el reconocimiento y ejecucio´n de resoluciones judiciales y, entre tantos otros, la cooperacio´n internacional .Esta obra examina, en estos nuevos instrumentos, las principales materias objeto de armonización, no solo desde el avance del Derecho comparado, sino además desde la realidad colombiana, que, como señala Patricia Orejudo, Colombia es deficitaria de un sistema completo y coherente de normas de DIPr, muy a pesar de la reciente vigencia del Código General del Proceso y la Ley 1564 de 2012 que lo modifica, pero no lo mejora. Au´n se precisa de un modelo regulador moderno, que neutralice las normas dispersas, inadecuadas y ancladas en ese viejo modelo monista de corte estatal.

Esta obra argumenta que la organización guerrillera de las FARC-EP, en el Caribe colombiano, fue productora de reglas y derecho extralegal, debido al propósito de reemplazar al Estado, organizar jerárquica y sistemáticamente al grupo armado; y controlar el territorio, atendiendo a formas locales de legitimación en la región. Igualmente, este libro expone cómo ha sido la experiencia de asimilación del derecho estatal de las reglas y burocracia de la guerra, en el marco de la dejación de armas y la transformación del grupo armado al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El texto parte de una visión crítica al monismo jurídico; luego, se consolida en los resultados de entrevistas realizadas a miembros desmovilizados de la organización, así como en los documentos emitidos por las FARC-EP y las FARC como partido político, contrastados con estudios previamente desarrollados sobre el objeto de estudio.

Este compendio ofrece una visión general de cuatro temas legales clave en España: la demanda de ejecución civil, la suspensión de la pena de prisión según el artículo 80.2 del Código Penal, la extradición activa y la protección del Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales. A través de una presentación clara y concisa, este libro ofrece una comprensión sencilla de los mecanismos legales y judiciales que rigen estos temas y su importancia en el sistema jurídico español. Es una herramienta útil tanto para estudiantes de derecho como para profesionales que desean profundizar en estos temas.

Han transcurrido ya casi diez años desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Textos normativos en los cuales se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Partiendo de este objetivo, el legislador instauró un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad. Sin embargo, si bien la voluntad del legislador resultó ser loable y cargada de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulación de esta institución, pecaba de inconcreción y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurídica. La regulación de la segunda oportunidad, tal y como era conocida desde el año 2015, fue modificada y actualizada con el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, ha supuesto un cambio sustancial respecto al modelo anterior, que exige una actualización y reelaboración de nuestro trabajo previo, que ofrezca al lector un instrumento práctico que le permita analizar la nueva regulación y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemática. E, incluso, ofrezca una visión más amplia y conectada con los derechos humanos que permita abrir nuevos y necesarios caminos para el reconocimiento de la segunda oportunidad como un verdadero derecho fundamental.Carlos Puigcerver Asor. Magistrado. Inspector delegado del Servicio de Inspección del CGPJ.Idoia Azpeitia Alonso. Letrada, Administradora Concursal y mediadora mercantil, miembro de la Subcomisión, mercantil y concursal, del CGAE.Federico Adán Doménech. Catedrático de Derecho procesal de la Universidad Rovira i Virgili, Ex. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Tarragona.Zayda Sierra Sánchez. Letrada del Servicio de Inspección del CGPJ, Vocal del Consejo del Secretariado, Profesora del master ISDE de acceso a la abogacía y Profesora de Derecho Procesal en la UOC.

Os terrenos de marinha são objetos de inúmeras discussões, seja no âmbito acadêmico, político ou mesmo jurídico. O presente trabalho tem como foco a insegurança jurídica relacionada aos terrenos de marinha. Trata-se de um estudo de caso sobre o loteamento Gênova, localizado no bairro Mar das Pedras, no Município de Biguaçu, no Estado de Santa Catarina, Brasil.

A obra que discute o direito frente às novas tecnologias, perpassando por temas relevantes, de modo a colaborar na disseminação e nos debates sobre a audiência de instrução telepresencial na justiça do trabalho. Demonstra a viabilidade dessa modalidade e sua capacidade de conferir maior celeridade processual, bem como garantir um maior acesso à justiça. No entanto faz-se necessário que sejam estabelecidas diretrizes sólidas para a implementação dessa nova sistemática, notadamente com o objetivo de prevenir violações a direitos fundamentais. Contudo a audiência telepresencial demonstrou ser uma modalidade segura, amplamente efetiva, na qual as partes não perdem ou não têm limitados seus direitos, que pode ser aplicada ao direito do trabalho com excelentes resultados, inclusive garantindo celeridade processual e o adequado acesso à justiça. Com isso, os benefícios atingem o Poder Judiciário, as partes envolvidas e a sociedade de forma ampla.

Nesta obra, é feita uma análise da possibilidade de as relações poliafetivas serem reconhecidas como entidades familiares no ordenamento pátrio. Na pesquisa foi adotada a premissa de que o direito é uno e coerente, portanto, os mesmos princípios e construções jurídicas desenvolvidas nos julgamentos anteriores em situações correlatas servem de alicerce para novas interpretações que sejam com estas congruentes. No estudo também foi dedicada especial atenção à análise da natureza jurídica da monogamia e sua relevância no conceito de família trazido pela Constituição Federal e é nesse cenário que se aborda a necessidade ou não de legislação expressa para o reconhecimento de novas formas de entidades familiares. Em sintonia com essa linha de pesquisa, este estudo utiliza como fundamento teórico a teoria da integridade do direito e a metáfora do romance em cadeia proposto por Ronald Dworkin. Partindo dessa perspectiva, esta obra adentra na atual concepção de família, na definição do que são relações poliafetivas e na análise da base principiológica e de julgamentos paradigmáticos que permeiam essa temática. No contexto deste estudo, os princípios servem de substrato normativo e as decisões dos tribunais superiores servem como comprovação de sua aplicabilidade na seara social, permitindo, assim, elucidar a questão central desta obra: afinal, é possível o reconhecimento das relações poliafetivas como entidades familiares?

O estudo trata da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios como instrumento de combate à corrupção e aplicável às empresas estatais no Brasil. São apresentados os principais pontos da Lei de Responsabilidade das Estatais verificados a partir do viés prol da governança corporativa, da qual um de seus objetivos constitui-se na designação de soluções para os problemas na gestão pública e o sucesso das políticas governamentais, além de ser um mecanismo de liderança, estratégia e controle. É apresentada, também, uma análise a respeito da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração pública, principalmente no combate à corrupção. O exame abrange, ainda, a relação dos mecanismos e procedimentos de integridade e aplicação de instrumentos relativos aos códigos de ética e conduta, políticas e diretrizes que objetivam detectar e sanar desvios e irregularidades.

Este trabalho pretende analisar o cenário constitucional no qual se encontra o agente empresarial contribuinte e seu papel no Estado Fiscal. Busca compreender o planejamento tributário como forma de exercício da autonomia privada, mas também apurar os seus limites, que decorrem do dever constitucional de pagar tributos. Analisa, ainda, os diversos conceitos teóricos que envolvem a elisão fiscal e também a figura do propósito negocial, em busca da melhor interpretação de critério de validade dos atos privados, sobretudo no cenário de ausência formal de norma geral antielisão (art. 116, parágrafo único, do CTN), a partir do julgamento da ADI 2446/DF. O estudo abarca as principais formas de reorganizações societárias previstas na LSA e a empresa-veículo, em razão do seu habitual uso nas operações societárias elisivas, que geram a amortização do ágio, o que gera impactos na expectativa arrecadatória. Para tanto, a pesquisa apura a relevância do papel do CARF na solução e modulação das controvérsias do planejamento tributário por empresas-veículo e busca encontrar os critérios adotados pela Corte na interpretação de propósito negocial nessas operações societárias. O trabalho analisa a jurisprudência do CARF na análise do propósito negocial nos planejamentos tributários por meio de empresas-veículo, apurando a ratio decidendi e os principais critérios dogmáticos utilizados na análise do ato elisivo praticado.

O trabalho estuda o acesso ao crédito das empresas de pequeno porte, contrastando tal tema com o princípio da Ordem Econômica Constitucional Brasileira, que prevê o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, conforme arts. 170, inciso IX, e 179, ambos da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 1º e 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Ao final, com o estudo inicialmente proposto, o trabalho analisa se as medidas implementadas pela lei que trata dos pequenos negócios, Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), tem conseguido facilitar o acesso ao crédito desses novos vulneráveis e, dessa forma, diminuir o desemprego e facilitar a democratização do acesso ao capital e a distribuição de renda. Como recorte no estudo dos dados empíricos, tomamos como base a atividade de fomento no Estado de Goiás. Buscamos, assim, verificar a efetividade do conteúdo da Ordem Econômica Constitucional Brasileira referente às empresas de pequeno porte e da Lei Complementar nº 123/2006, no tocante ao tema do acesso ao crédito no Estado de Goiás, o que resultou na constatação de que existem diversos programas com recursos disponíveis aos pequenos negócios no Estado de Goiás, sendo o que dificulta o seu acesso, a burocracia frente aos bancos, como também a inadimplência dos empreendedores resultam na sua restrição.

Este material foi elaborado para você que deseja conhecer o Direito Animal.Há muito tempo buscava por uma especialização que me trouxesse os conhecimentos iniciais nessa área e, durante a pandemia, tive a sorte de encontrar uma pós-graduação. Nesse curso, tive o privilégio de ser aluna de profissionais que são expoentes no Direito Animal, no Brasil e no exterior e, consequentemente, minha paixão pela área só aumenta desde então.Aqui, busco apresentar a você os pontos iniciais do estudo dessa disciplina e, para tanto, conversaremos sobre os princípios norteadores do tema, seus fundamentos históricos e filosóficos, a evolução da legislação nacional e estrangeira, a tutela penal e processual dos animais e alguns outros pontos relevantes.Desejo que esta obra seja para você o início da sua trajetória no estudo do Direito Animal.Espero que após esta leitura, assim como eu, você também se encante com essa disciplina e se dedique ao seu estudo para que, juntos, possamos fazer a diferença nessa área e, como disse Picasso, sejamos capazes de colaborar para tornar o ser humano mais simples e solidário.

Poucos temas provocam tantas reações, diversificadas e contraditórias, quanto a questão das drogas ilícitas. Uma multiplicidade de pontos de vista alimenta o debate, colocando em campos opostos posições conservadoras e progressistas, cientistas e negacionistas, realistas e sonhadores, punitivistas e garantistas, céticos e pragmáticos, religiosos e laicos. Em resumo, não há consensos e menos ainda esforços efetivos de buscas de soluções.A consideração das drogas como um problema de natureza individual e social é um passo necessário, mas insuficiente. O enfrentamento do problema exige vários outros movimentos. Certamente, os mais importantes, dentre eles, são: a coragem de analisar a situação; livrar-se de pré-noções; examinar a legislação vigente, sua aplicação e o comportamento dos operadores do Direito; observar diferentes soluções adotadas em outros países; elaborar um diagnóstico preciso e oferecer propostas. A pesquisa empreendida enfrenta, com primor, todos esses desafios.O autor não se contenta em descrever as leis, mas elabora uma minuciosa análise de sua aplicação, as consequências dos distintos entendimentos. É um estudo jurídico, mas no sentido mais amplo e avançado do termo, já que incorpora parâmetros sociológicos e de saúde, apresenta comparações com modelos internacionais e propõe um conjunto de soluções.Maria Tereza Aina Sadek

A sociedade movida a dados apresenta riscos de violação de direitos e possibilidades de desenvolvimento de novos produtos, processos, serviços e ganhos econômicos. No ecossistema de dados, entes internacionais passaram a recomendar a adoção de políticas públicas sobre compartilhamento de dados por meio de intermediários. O Regulamento Governança de Dados (DGA) da União Europeia dispõe sobre os serviços de intermediação de compartilhamento de dados (pessoais e não pessoais), com vigência em setembro de 2023, podendo repercutir no mercado brasileiro de dados. Através de estudo comparativo documental e bibliográfico, analisou-se descritivamente o DGA, passando-se, posteriormente, a avaliar a hipótese de prestação desse tipo de serviço no Brasil, à luz da LGPD. Sequencialmente, exploram-se a viabilidade e os riscos da implantação de serviços de intermediação de compartilhamento de dados no país, considerando-se algumas experiências e debates jurídicos locais. Para sua viabilidade, a conciliação desses serviços com o respeito ao direito fundamental de proteção de dados é imprescindível. A atuação dos intermediários deve ser transparente, respeitar as bases legais e finalidades, pautar-se em relatórios de avaliação de impacto e estar conforme a LGPD e legislações específicas. Será preciso superar a complexidade operacional e, entre outros desafios, a falta de confiança das pessoas e empresas, além da ausência de suporte.

El Manual de Derecho Penal Parte General: Fundamentos dogmáticos de la teoría del delito desde el funcionalismo constitucional autoría del profesor Frank Mila, que hoy presenta esta casa editorial, es una obra diseñada para los estudiantes y profesionales del derecho que requieren contar con un libro que albergue las bases del derecho penal iberoamericano en un único tomo, que resuma de manera didáctica, completa y comprensible los principales tópicos actuales del derecho penal, desde una óptica teórica y práctica. En ese sentido, se trabaja con una estructura que se escinde en primer lugar, en los fundamentos del derecho penal, en el cual se abordan conceptos elementales de esta ciencia, así como el estudio de los principios limitadores del ius puniendi y la norma jurídico-penal en relación a su aplicación temporal, espacial y personal. La segunda parte contempla el estudio de la teoría del delito, partiendo de la evolución de la dogmática alemana a través de sus distintos sistemas, el análisis de manera detallada cada uno de los elementos del delito conforme a los criterios dogmáticos actuales de las teorías dominantes, así como los casos paradigmáticos. En la tercera parte se analizan las consecuencias jurídicas del delito, relativas al estudio de la pena, las medidas de seguridad y la responsabilidad civil derivada del delito. Por último, en esta obra se desarrolla un innovador constructo teórico que propone un nuevo enfoque del sistema funcionalista, en el marco de la constitucionalización del derecho, intitulado funcionalismo constitucional, que implica estudiar y aplicar el derecho penal desde la óptica transversal del derecho constitucional, de manera tal que se limite el ejercicio desmedido, selectivo y arbitrario del ius puniendi.FRANK MILA. Doctor en Derecho (Ph.D) egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (2020). Doctor en Ciencias de la Educación (Ph.D) por la Universidad Santa María (2016). Postdoctorado en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar (2023). Postdoctorado en Gerencia educativa por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2017). Especialista en Derecho Procesal egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (2018). Especialista en Derecho Penal por la Universidad Santa María. (2009). Especialista en Ejercicio de la Función Fiscal por egresado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (2016). Especialidad en Derecho Penal por la Universidad Blas Pascal de Argentina (2012). Seleccionado para participar en la III Escuela de Verano de Dogmática Penal de la Georg-August Universität Göttingen, Alemania. Abogado egresado de la Universidad Santa María (2007) acreedor de una beca y egresado con más de veinte diplomas de excelencia. Durante más de quince años se ha desempeñado como profesor a nivel de pregrado y postgrado en la Universidad Santa María, Universidad José María Vargas, Universidad Experimental de la Seguridad, Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Escuela Nacional de la Judicatura y Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación. Actualmente se desempeña como director del área penal y docente titular principal por concurso de méritos y oposición de las cátedras de derecho penal general, especial y política criminal en la Universidad de Otavalo, casa de estudios en la cual también es docente de los programas de Maestría en Derecho Penal mención Procesal Penal y la Maestría en Derecho Constitucional. Docente de litigación oral en el programa de Maestría en Derecho Procesal y Litigación Oral de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Asimismo, ha ostentado diversos cargos académicos entre los que destacan Coordinador General de los Programas de Postgrados, Coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional, Coordinador de Investigación, Director encargado de la Carrera de Derecho y Director encargado de Postgrados de la Universidad de Otavalo. Diseñó las Maestrías en Derecho Penal y en Derecho Procesal y Litigación Oral. Es un destacado autor de diversos libros y artículos científicos, así como conferencista en el ámbito del derecho, actividad académica que comparte con la consultoría penal a nivel internacional. Email: frankmila@gmail.com

Este volumen reúne los tres en que esta obra se publicó originariamente y que Unión Editorial ofreció al público de lengua española con los siguientes títulos: Volumen I: Normas y orden (1.ª ed., 1978; 2.ª ed., 1985; 3.ª ed., 1994); Volumen II: El espejismo de la justicia social (1.ª ed., 1979 ; 2.ª ed., 1988); Volumen III: El orden político de una sociedad libre (1982); todos ellos, como en el original inglés, bajo el título general de Derecho, legislación y libertad.La publicación en tres volúmenes diferentes fue puramente circunstancial, como el autor explica en los respectivos Prefacios. En realidad, se trata de una obra fundamentalmente unitaria que ofrece «una nueva formulación de los principios liberales de la justicia y de la política económica», replanteando, en una nueva situación, el gran tema ya tratado magistralmente en su famosa obra The Constitution of Liberty (publicada en español con el título Los fundamentos de la libertad, Unión Editorial, 7.ª ed., 2006).En la presente edición, en efecto, los tres volúmenes originarios se publican como otras tantas partes, con los mismos títulos, excepto la Tercera Parte, que aquí recibe el nombre de «El orden político de un pueblo libre» (no de una sociedad libre), que entendemos es más ajustado al título original inglés, no sólo en la letra sino también en el espíritu. A esta idea de una mayor fidelidad al original inglés responden los cambios efectuados en la traducción de toda la obra.

Neste livro, os autores abordam diversas perspectivas de aplicação prática dos métodos adequados de solução de conflitos jurídicos, desde a negociação até a arbitragem, passando pela mediação e conciliação. Uma nova forma de gestão de conflitos jurídicos para além do processo judicial tradicional.