Derecho

- Prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y/o de protección a la salud minimizando factores de riesgo.- Establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención de riesgos laborales.- Realizar evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas preventivas así como participar en las acciones de emergencia y primeros auxilios.- Detectar los principales riesgos inherentes al puesto de trabajo y adoptar las medidas preventivas elementales.- Reconocer la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa, los principios que integran la acción preventiva y la organización de la prevención en la empresa, conociendo las diferentes instituciones y organismos, nacionales e internacionales, que intervienen en el ámbito de la prevención de riesgos.

- Prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y/o de protección a la salud minimizando factores de riesgo.- Establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención de riesgos laborales.- Realizar evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas preventivas así como participar en las acciones de emergencia y primeros auxilios.- Detectar los principales riesgos inherentes al puesto de trabajo y adoptar las medidas preventivas elementales.- Reconocer la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa, los principios que integran la acción preventiva y la organización de la prevención en la empresa, conociendo las diferentes instituciones y organismos, nacionales e internacionales, que intervienen en el ámbito de la prevención de riesgos. _x000D__x000D__x000D_

- Prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y/o de protección a la salud minimizando factores de riesgo.- Establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención de riesgos laborales.- Realizar evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas preventivas así como participar en las acciones de emergencia y primeros auxilios.- Detectar los principales riesgos inherentes al puesto de trabajo y adoptar las medidas preventivas elementales.- Reconocer la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa, los principios que integran la acción preventiva y la organización de la prevención en la empresa, conociendo las diferentes instituciones y organismos, nacionales e internacionales, que intervienen en el ámbito de la prevención de riesgos.

- Prever los riesgos en el trabajo y determinar acciones preventivas elementales y/o de protección a la salud minimizando factores de riesgo.- Establecer el marco conceptual y legislativo que rodea la prevención de riesgos laborales.- Realizar evaluaciones elementales de riesgos y establecer medidas preventivas así como participar en las acciones de emergencia y primeros auxilios.- Detectar los principales riesgos inherentes al puesto de trabajo y adoptar las medidas preventivas elementales.- Reconocer la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la empresa, los principios que integran la acción preventiva y la organización de la prevención en la empresa, conociendo las diferentes instituciones y organismos, nacionales e internacionales, que intervienen en el ámbito de la prevención de riesgos. _x000D_  _x000D__x000D_

La presente monografía en formato de guía más práctica que teórica, intenta explicar de forma detallada todo el proceso que vive y asume un Juez desde que aprueba la oposición hasta que se incorpora a su destino, y posteriormente en el ejercicio de sus funciones, enfocado al ámbito penal. Ofrece recomendaciones, trucos, consejos, definición de conceptos jurídicos usados en la práctica y por supuesto, modelos de resoluciones, que sin duda, serán útiles en el comienzo de la profesión, adaptado a las últimas recomendaciones dadas por los altos tribunales, tanto de España como de Europa. Todo ello con un aire distendido y un ligero toque de humor que lo hará más ameno.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, obteniendo especialización en distintas materias mediante cuatro masters oficiales diferentes. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de Doctora en Derecho Penal y Política Criminal, también por la Universidad de Granada. Simultáneamente, aprobó la oposición de Judicatura por el 4º turno, reservado para juristas de reconocida competencia. Actualmente es la titular del Juzgado de lo Penal nº 6 de Girona.

Desde una óptica novedosa en la que se dan cita clásicos y contemporáneos de la teoría política y la teoría organizacional, Ignacio L. Moheno nos ofrece una ruta para entender al Estado moderno. Para ello, propone tres modelos (o tipos ideales): eficiencia, eficacia y legitimidad. El primero encuentra su inspiración en La República de Platón, donde Sócrates hace de la filosofía y el conocimiento experto la clave del funcionamiento del Estado. En su concepción, la justicia consiste en la dedicación de cada quien a aquello para lo cual está dotado. Moheno ve en ello la esencia de la burocracia: un arreglo jerárquico en el que, en aras del bien colectivo, hombres y mujeres altamente capacitados ejercen, con apego estricto a las normas, sus funciones. He ahí la eficiencia, otra forma de comprender a la autoridad. Por su parte, el modelo de eficacia extrae de El príncipe de Maquiavelo su contenido esencial. El ámbito de acción del príncipe es la política, un espacio estrecho reservado a unos cuantos dispuestos a sacrificar su propia suerte, incluso su vida, por el bien de la república, por la preservación del Estado. No importa el juicio que podamos hacer del príncipe tras sus acciones, porque, en asuntos de Estado, en los que los costos no importan si se consigue el fin último, el único juicio válido es el de la Historia. En este sentido, eficacia y política se homologan. La Política de Aristóteles sirve de base al modelo de legitimidad. El modelo es una descripción de la democracia, un régimen en el que la pluralidad ejercida por ciudadanos racionales y encabezada por politicos prudentes, es la fuente de legitimación de la política y del Estado mismo. Moheno nos permite entender cada modelo en sí mismo. En eso consiste su propuesta teórica. Pero sabemos que los tres (autoridad o eficiencia, política o eficacia, democracia o legitimidad) están en interacción constante, como no podría ser de otra manera. En ello reside la complejidad del fenómeno que llamamos Estado. Los podemos imaginar, por lo tanto, en un equilibrio inestable, pero también bajo el predominio de uno de ellos y de ahí inferir si estamos ante un sistema autoritario, uno democrático, otro, en la tradición weberiana si bien prácticamente imposible, carismático, y aun otros a medio camino entre los modelos. La lectora, el lector, podrá sacar sus conclusiones. Como quiera que fuere, Autoridad, política y democracia. Una teoría organizacional del Estado, nos da luces para comprender el fenómeno estatal desde sus componentes.Ignacio L. Moheno ha sido profesor de ciencia política y administración pública por más de treinta años. Cuenta con diversas publicaciones en esas materias, producto de sus trabajos de investigación. Tiene experiencia funcionarial en el sector público federal y estatal en México, y es consultor en desarrollo organizacional, ética pública y política pública. Actualmente, está preparando un libro sobre las causas de la debilidad institucional en México y América Latina.

Con un propósito fundamentalmente didáctico y desde un apretado examen del devenir histórico del Municipio, se aborda la autonomía local y la vinculación jurídica especial con los vecinos plasmada en el derecho incondicional que se confiere a éstos en todo caso y en todos los Municipios para exigir la prestación y en su caso el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de que constituya una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Se analiza el desproporcionado derecho vecinal y las tensiones y contradicciones de esa estructura con la democracia representativa de la que están investidos los rectores locales democráticamente elegidos. Desde una posición crítica y por la ineficacia social de la norma estudiada, se propone su modificación de lege ferenda Se examinan con espíritu crítico los instrumentos jurídicos puestos a disposición de los vecinos para exigir las prestaciones obligatorias frente a la inactividad material de la Administración y lo complicado de su operatividad por la deficiente y oscura técnica legislativa en tanto que la acción creada ex novo (art. 29.1 de la Ley de la Jurisdicción) sólo es ejercitable frente a las previsiones legales que no precisen actos de aplicación. Finalmente se plantea la problemática añadida que se suscita en la eventual ejecución forzosa de la Sentencia, que sin duda representa el nudo gordiano de la fuerza del Derecho para que la Administración cumpla el fallo judicial que se pronuncie por Juzgados y Tribunales. Es la garantía última del Estado de Derecho y desde luego, también es un servicio público esencial.MIGUEL YABEN PERAL, es Abogado, Colegiado de los Ilustres Colegios de Oviedo y Madrid, y ex miembro de la Corte de Arbitraje de éste último. Ex Letrado Consistorial, se licenció en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares donde cursó estudios de Doctorado obteniendo la Suficiencia Investigadora y seguidamente la Diplomatura en Estudios Avanzados de Doctorado por la Universidad de Valencia. Es Diplomado Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales. Ha sido Tutor de las Prácticas Jurídicas Externas de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III. Autor de diversas Memorias de Investigación y Ponencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Es Asesor Jurídico de Empresa. Su carrera profesional la ha desarrollado como Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Galapagar en el que ha ocupado diferentes Puestos en distintas Escalas y Subescalas, desde Auxiliar hasta Letrado Consistorial Jefe de los Servicios Jurídicos en cuyo cargo se ha jubilado, y en el que ha llevado la Dirección Letrada de centenares de procesos judiciales, fundamentalmente en el orden contencioso.

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de carácter político, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia política, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formación de la voluntad política y de la opinión pública, asegurar la protección de los intereses generales e impedir la utilización de los recursos públicos por la autoridad pública para fines partidistas.Juan Carlos Gavara de Cara. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.Josu de Miguel Bárcena. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria

El reconocimiento de la salud como Derecho humano fundamental, tras la segunda guerra mundial del siglo XX, naturalizó, junto a otros efectos, que su protección alcanzase los niveles máximos que permite el ordenamiento jurídico a través de la intervención penal para las afectaciones más graves contra la misma. Esta posibilidad ha generado una doble corriente de interpretación de la salud como Derecho humano y como bien jurídico de interés penal que, dada la importancia que la misma ha recobrado durante la pandemia de la COVID 19, ha obligado al análisis conjunto, al encuentro, de ambos enfoques y de las implicaciones constitucionales y político criminales que conllevan. Este segundo volumen, fruto de la colaboración iniciada en 2022 entre las casas editoriales J.M. Bosch Editor, de España, y Editorial Jurídica Continental, de Costa Rica, aborda la protección penal de la salud conforme a las resoluciones del TEDH y de la corte IDH, siguiendo el modelo de trabajo de la publicación precedente: el estudio de las resoluciones de los dos altos tribunales en materias de interés común en ambas regiones, lo cual permite identificar los puntos de encuentro y las diferencias que los ordenamientos jurídicos de ambas regiones plantean ante la protección de un interés idéntico de carácter universal. Como en la primera colaboración entre las editoriales, Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH (2022), investigadores españoles y costarricenses afrontan el estudio de las crisis sanitarias, los problemas del consentimiento, las esterilizaciones no consentidas, la fecundación in vitro o los suicidios en prisión, incorporando en el lado del TEDH a nuevos investigadores de la Unión Europea, ampliando, de ese modo, las perspectivas que plantea un tema complejo del mayor interés, facilitando al investigador y al profesional del Derecho comprender mejor las reglas, principios y tendencias que, sobre el tratamiento de la salud de las personas, forma parte de la doctrina vigente de ambos tribunales de Derechos Humanos.

El Enfoque de Género en las Relaciones de Trabajo constituye un aporte a la doctrina jurídica laboral, cuyo objetivo se centra en la necesidad de generar uniformidad de criterios en la concepción y aplicación de las normas sobre igualdad y no discriminación.La persistencia de los patrones socio culturales que reproducen desigualdades al interior de las sociedades nos demuestran la necesidad de contribuir a la conformación de un discurso jurídico que efectivamente permita garantizar el libre ejercicio y goce de los derechos.Bajo este propósito ha sido diseñada la obra, a través de la cual se abordan los principales obstáculos en materia de igualdad y no discriminación por razones de género en las relaciones de trabajo, entendiendo que su identificación constituye el primer paso.Texto de contracapa: El Enfoque de Género en las Relaciones de Trabajo constituye un aporte a la doctrina jurídica laboral, cuyo objetivo se centra en la necesidad de generar uniformidad de criterios en la concepción y aplicación de las normas sobre igualdad y no discriminación.La persistencia de los patrones socio culturales que reproducen desigualdades al interior de las sociedades nos demuestran la necesidad de contribuir a la conformación de un discurso jurídico que efectivamente permita garantizar el libre ejercicio y goce de los derechos.Bajo este propósito ha sido diseñada la obra, a través de la cual se abordan los principales obstáculos en materia de igualdad y no discriminación por razones de género en las relaciones de trabajo, entendiendo que su identificación constituye el primer paso.

La afección de bienes ha venido provocando numerosas controversias doctrinales sobre algunos aspectos, como los relacionados con su configuración legal y su naturaleza jurídica, pues contradictoriamente esta figura aparece simultáneamente regulada en nuestra LGT como un supuesto de responsabilidad subsidiaria (art. 43.1.d), y como una garantía real (art. 79), contradicción que, entre otras finalidades, se pretende esclarecer en este trabajo. La presente obra ha sido galardonada con el prestigioso Premio Fernando Albi 2022 sobre Administración Local, otorgado por la Excma. Diputación de Alicante, y tal y como manifestó el jurado que concedió dicho galardón En su análisis se abordan desde el punto de vista civil y administrativo distintas problemáticas con soluciones fundamentadas. El estudio supone una aportación importante en el ámbito recaudatorio local, sobre el que existen escasas publicaciones. La parquedad de la regulación de la afección de bienes la ha convertido en una institución de elaboración jurisprudencial, pues han sido nuestros tribunales, con sus pronunciamientos a veces acertados y otras no tanto, quienes han ido perfilando los contornos de esta institución y los requisitos de su aplicabilidad, y esa evolución jurisprudencial es detalladamente analizada en este libro. A través de la afección de bienes las Administraciones locales se garantizan poder exigir a los adquirentes de un inmueble algunas deudas públicas impagadas por el anterior titular, principalmente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las cuotas de urbanización. Esta delimitación del objeto de este trabajo ha supuesto la principal dificultad para su elaboración. Existen variados estudios sobre las garantías tributarias, en general, o sobre las garantías reales tributarias en particular, pero este estudio se centra exclusivamente en una de ellas, el derecho de afección, y no sólo eso, además se ha limitado su ámbito de estudio al de las Haciendas Locales. Esta concreción ha dado lugar a una aproximación exhaustiva y con detalle a todas y cada una de las vicisitudes que se pueden encontrar los entes locales en la aplicación del derecho de afección. Así pues, este trabajo hace referencia a dos ingresos públicos muy concretos y muy conocidos por nuestras Administraciones Locales, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las cuotas urbanísticas. El primero de ellos es el tributo por excelencia de nuestros ayuntamientos, su principal fuente de ingresos, y el segundo es el instrumento que les permite llevar a cabo una de sus funciones básicas, como es el desarrollo urbanístico de nuestros municipios, y que no podría realizarse sin la financiación que las cuotas urbanísticas proporcionan, y a ambos la afección de bienes les es de suma utilidad para su efectiva recaudación.Sebastián Martínez de Trinchería (Girona 1969) es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros, Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Doctor en Derecho Financiero y Tributario, Cum Laude, por la Universitat de Girona. Es Jefe del Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Girona, profesor asociado de derecho tributario de la Universitat de Girona, profesor del Máster de la Abogacía en dicha universidad, abogado y socio fundador del despacho MRS & Assessors en Lloret de Mar (Girona), y ponente habitual en conferencias organizadas por universidades, colegios y asociaciones profesionales, y otras instituciones públicas en materia de tributos locales.

La historia demuestra que la barbarie cometida por el hombre en agravio de la humanidad no es un acto de reciente ejecución y que a ella los Estados le han dado diferentes respuestas con el devenir del tiempo, como la concesión de amnistías en favor de los responsables de los crímenes y la imposición del olvido, la instauración de juicios de carácter nacional poco eficaces, el juzgamiento de los perdedores de la guerra por aquellos que la ganaron, la edificación de foros ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la autoproclamación de una jurisdicción sin límites que facilita enjuiciar a los tiranos, la creación de tribunales híbridos o mixtos con jurisdicción limitada, la confección de mecanismos de justicia restaurativa como las comisiones de la verdad y la reconciliación y, finalmente, la construcción de una Corte Penal Internacional de carácter permanente y global que aún no termina por convencer del todo a la comunidad de Estados en su conjunto. Este caminar por intentar sancionar y prevenir los crímenes internacionales, en particular los crímenes contra la humanidad, ha sido largo y no ha rendido los mejores frutos. Sin embargo, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 parece que la sociedad internacional, en particular, y la humanidad, en general, han venido exigiendo con mayor ahínco medidas eficaces de justiciabilidad para aquellos actos de barbarie. En torno al combate a los crímenes de derecho internacional, en especial el crimen de lesa humanidad, la comunidad internacional actualmente parece encontrarse ante dos modelos para afrontarlos. Por un lado, se hallan los esfuerzos estatales aislados, entre los que destacan el empleo de la llamada jurisdicción universal y, por otro, se erige la opción de generar esfuerzos coordinados bajo la creación de un novedoso, pero no maduro, sistema jurídico penal de carácter internacional que pugna por la armonización global de normas nacionales con reglas internacionales, a fin de justiciar los crímenes que irrumpen los valores inherentes a la comunidad de Estados y que ha alcanzado su desarrollo normativo más alto con la creación de la Corte Penal Internacional. De esta forma, a la luz de la implementación del derecho penal internacional de carácter global en la búsqueda por criminalizar los peores actos que el hombre puede cometer en detrimento de sí mismo, el presente estudio ofrece un análisis jurídico del tratamiento y desarrollo que ha tenido la codificación del crimen contra la humanidad a lo largo de la historia, bajo el objetivo de identificar su evolución, analizar sus elementos de conformidad con la jurisprudencia internacional, clasificar sus conductas ilícitas subyacentes en atención a un criterio evolutivo, y verificar su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones sociales e, incluso, para ser aplicado analógicamente sin conculcar el principio de legalidad y, en específico, el principio de no retroactividad de la ley penal.Gianni Egidio Piva Torres. Título Universitario: Abogado.Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y culminó la carrera en la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay, Estado de Aragua). Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista derecho Civil, Procesal Civil. Especialista Derecho Penal y Procesal Penal. Especialista en materia de Drogas. Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados Estado Carabobo. Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Miembro del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia y Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia. Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela. Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave. Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz. Socio Fundador del Escritorio Jurídico Colmenares Piva. Condecoración por el Colegio de Abogados Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Conferencista en Colombia, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Ha publicado más de 100 obras en distintos países como Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y España.

La justicia de paz parece estar a punto de desaparecer, para siempre, de la organización judicial española. Tras más de siglo y medio de historia, en nuestro ordenamiento jurídico, el Plan de Justicia 2030 del Ejecutivo central gobernante y, en su implementación, el proyecto de ley Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, pretenden finiquitar los juzgados de paz y en su lugar crear las Oficinas de Justicia en los municipios. El prelegislador alude a una evolución de los juzgados de paz para crear la nueva estructura administrativa (no jurisdiccional), nutriéndose de las Secretarías de aquellos y dotándole de más competencias, si bien prescindiendo de los actuales titulares del órgano judicial unipersonal. La justificación empleada, al efecto, es la falta de eficacia de los juzgados de paz. En este contexto y coyuntura -que puede llegar a ser histórica-, pretendemos valorar lo acertado o erróneo del cambio (mejor, revolución) propuesto, realizando para ello un examen crítico de la materia que va más allá del mero estudio de la transformación del órgano judicial en otro administrativo. La falta de interés de la doctrina por la justicia municipal laica, durante muchos años, requiere un estudio exhaustivo que muestre sus debilidades y fortalezas, que se fije, especialmente, en las grandes críticas que se le han hecho (carácter no técnico de sus titulares, dependencia del Ayuntamiento, cada vez menos competencias), ahora abanderadas por su ineficacia. Solo así se podrá valorar la reforma propuesta y propugnar fórmulas de mejora. Para ello, siguiendo un eje cronológico, se propone la mirada al pasado, al presente y al futuro de la justicia de paz, incidiendo en sus elementos fundamentales.Ixusco Ordeñana Gezuraga. Profesor titular de Derecho procesal de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), compagina labores docentes y de investigación. Imparte clases, tanto a nivel de grado, como de máster, en España y en el extranjero, para alumnado de Derecho. Realizó su Tesis Doctoral sobre la solución extrajurisdiccional de conflictos, reconocida con el premio extraordinario de doctorado, en Boston (Harvard), Inglaterra (Oxford) y Australia (Melbourne). En la senda de su línea principal de investigación, ha escrito seis monografías, abundantes artículos y capítulos de libro, e impartido otras tantas conferencias. Ha reparado en la mediación laboral, familiar, escolar, hipotecaria, cooperativa, penal, concursal, comunitaria, También se ha ocupado del arbitraje, en general, y del laboral, en particular. La víctima, en general, y la de violencia de género, en particular, es otra de sus líneas de investigación, que ha alimentado con becas, estancias en el extranjero y proyectos de investigación de máximo nivel. En este marco cuenta con dos monografías y abundantes capítulos de libros. En el marco del proceso civil, ha trabajo la casación y las particularidades procesales autonómicas. Su resultado se ha plasmado en varios artículos y capítulos de libros. Además, ha coordinado y editado más de 10 obras colectivas. Juez de paz de Sestao (Bizkaia), desde hace 16 años, ha ahondando en el presente y futuro de la justicia de paz, vinculándola con su principal línea de investigación (la resolución extrajudicial de conflictos). Ha plasmado sus reflexiones, previamente, en dos monografías y abundantes artículos.

La armonización jurídica de los Estados es una de las tareas pendientes del Derecho Internacional Privado. Frente a los clásicos instrumentos, como el Código de Bustamante y los acuerdos bilaterales y multilaterales; la ley modelo o propiamente las leyes modelo parecen ser la herramienta que encauza, en clave de unificación, materias controvertidas y complejas como la competencia judicial, el derecho aplicable, el reconocimiento y ejecucio´n de resoluciones judiciales y, entre tantos otros, la cooperacio´n internacional .Esta obra examina, en estos nuevos instrumentos, las principales materias objeto de armonización, no solo desde el avance del Derecho comparado, sino además desde la realidad colombiana, que, como señala Patricia Orejudo, Colombia es deficitaria de un sistema completo y coherente de normas de DIPr, muy a pesar de la reciente vigencia del Código General del Proceso y la Ley 1564 de 2012 que lo modifica, pero no lo mejora. Au´n se precisa de un modelo regulador moderno, que neutralice las normas dispersas, inadecuadas y ancladas en ese viejo modelo monista de corte estatal.

Esta obra argumenta que la organización guerrillera de las FARC-EP, en el Caribe colombiano, fue productora de reglas y derecho extralegal, debido al propósito de reemplazar al Estado, organizar jerárquica y sistemáticamente al grupo armado; y controlar el territorio, atendiendo a formas locales de legitimación en la región. Igualmente, este libro expone cómo ha sido la experiencia de asimilación del derecho estatal de las reglas y burocracia de la guerra, en el marco de la dejación de armas y la transformación del grupo armado al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El texto parte de una visión crítica al monismo jurídico; luego, se consolida en los resultados de entrevistas realizadas a miembros desmovilizados de la organización, así como en los documentos emitidos por las FARC-EP y las FARC como partido político, contrastados con estudios previamente desarrollados sobre el objeto de estudio.

Este compendio ofrece una visión general de cuatro temas legales clave en España: la demanda de ejecución civil, la suspensión de la pena de prisión según el artículo 80.2 del Código Penal, la extradición activa y la protección del Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales. A través de una presentación clara y concisa, este libro ofrece una comprensión sencilla de los mecanismos legales y judiciales que rigen estos temas y su importancia en el sistema jurídico español. Es una herramienta útil tanto para estudiantes de derecho como para profesionales que desean profundizar en estos temas.

Han transcurrido ya casi diez años desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Textos normativos en los cuales se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Partiendo de este objetivo, el legislador instauró un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad. Sin embargo, si bien la voluntad del legislador resultó ser loable y cargada de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulación de esta institución, pecaba de inconcreción y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurídica. La regulación de la segunda oportunidad, tal y como era conocida desde el año 2015, fue modificada y actualizada con el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, ha supuesto un cambio sustancial respecto al modelo anterior, que exige una actualización y reelaboración de nuestro trabajo previo, que ofrezca al lector un instrumento práctico que le permita analizar la nueva regulación y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemática. E, incluso, ofrezca una visión más amplia y conectada con los derechos humanos que permita abrir nuevos y necesarios caminos para el reconocimiento de la segunda oportunidad como un verdadero derecho fundamental.Carlos Puigcerver Asor. Magistrado. Inspector delegado del Servicio de Inspección del CGPJ.Idoia Azpeitia Alonso. Letrada, Administradora Concursal y mediadora mercantil, miembro de la Subcomisión, mercantil y concursal, del CGAE.Federico Adán Doménech. Catedrático de Derecho procesal de la Universidad Rovira i Virgili, Ex. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Tarragona.Zayda Sierra Sánchez. Letrada del Servicio de Inspección del CGPJ, Vocal del Consejo del Secretariado, Profesora del master ISDE de acceso a la abogacía y Profesora de Derecho Procesal en la UOC.

Os terrenos de marinha são objetos de inúmeras discussões, seja no âmbito acadêmico, político ou mesmo jurídico. O presente trabalho tem como foco a insegurança jurídica relacionada aos terrenos de marinha. Trata-se de um estudo de caso sobre o loteamento Gênova, localizado no bairro Mar das Pedras, no Município de Biguaçu, no Estado de Santa Catarina, Brasil.

A obra que discute o direito frente às novas tecnologias, perpassando por temas relevantes, de modo a colaborar na disseminação e nos debates sobre a audiência de instrução telepresencial na justiça do trabalho. Demonstra a viabilidade dessa modalidade e sua capacidade de conferir maior celeridade processual, bem como garantir um maior acesso à justiça. No entanto faz-se necessário que sejam estabelecidas diretrizes sólidas para a implementação dessa nova sistemática, notadamente com o objetivo de prevenir violações a direitos fundamentais. Contudo a audiência telepresencial demonstrou ser uma modalidade segura, amplamente efetiva, na qual as partes não perdem ou não têm limitados seus direitos, que pode ser aplicada ao direito do trabalho com excelentes resultados, inclusive garantindo celeridade processual e o adequado acesso à justiça. Com isso, os benefícios atingem o Poder Judiciário, as partes envolvidas e a sociedade de forma ampla.

Nesta obra, é feita uma análise da possibilidade de as relações poliafetivas serem reconhecidas como entidades familiares no ordenamento pátrio. Na pesquisa foi adotada a premissa de que o direito é uno e coerente, portanto, os mesmos princípios e construções jurídicas desenvolvidas nos julgamentos anteriores em situações correlatas servem de alicerce para novas interpretações que sejam com estas congruentes. No estudo também foi dedicada especial atenção à análise da natureza jurídica da monogamia e sua relevância no conceito de família trazido pela Constituição Federal e é nesse cenário que se aborda a necessidade ou não de legislação expressa para o reconhecimento de novas formas de entidades familiares. Em sintonia com essa linha de pesquisa, este estudo utiliza como fundamento teórico a teoria da integridade do direito e a metáfora do romance em cadeia proposto por Ronald Dworkin. Partindo dessa perspectiva, esta obra adentra na atual concepção de família, na definição do que são relações poliafetivas e na análise da base principiológica e de julgamentos paradigmáticos que permeiam essa temática. No contexto deste estudo, os princípios servem de substrato normativo e as decisões dos tribunais superiores servem como comprovação de sua aplicabilidade na seara social, permitindo, assim, elucidar a questão central desta obra: afinal, é possível o reconhecimento das relações poliafetivas como entidades familiares?

O estudo trata da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios como instrumento de combate à corrupção e aplicável às empresas estatais no Brasil. São apresentados os principais pontos da Lei de Responsabilidade das Estatais verificados a partir do viés prol da governança corporativa, da qual um de seus objetivos constitui-se na designação de soluções para os problemas na gestão pública e o sucesso das políticas governamentais, além de ser um mecanismo de liderança, estratégia e controle. É apresentada, também, uma análise a respeito da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pelas práticas de atos contra a administração pública, principalmente no combate à corrupção. O exame abrange, ainda, a relação dos mecanismos e procedimentos de integridade e aplicação de instrumentos relativos aos códigos de ética e conduta, políticas e diretrizes que objetivam detectar e sanar desvios e irregularidades.